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A casi un año de entregada la Cuenta Pública 2005, las irregularidades descubiertas por la Auditoría Superior de la Federación en Aserca no han sido solventadas. Entre las operaciones más dudosas destaca una realizada entre la Secretaría de Agricultura y el Grupo Financiero Banorte
Grupo Financiero Banorte, propiedad del empresario Roberto González Barrera, obtuvo sin licitación un contrato por casi 1 millón 500 mil pesos para la transferencia de fondos a beneficiarios del Procampo, a través de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca).
El contrato abierto 289/2005-S, celebrado el 25 de mayo de 2005 en la ciudad de México, fue firmado de manera extemporánea –respecto a las otras instituciones que sí concursaron–, para brindar servicios bancarios a la oficina dependiente de la Secretaría de Agricultura.
De acuerdo con las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el Informe de la Cuenta Pública 2005, este procedimiento se llevó a cabo de manera “incorrecta”, pues no se apegó al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector.
La empresa de González Barrera –quien además controla el 70 por ciento del mercado nacional de harina de maíz a través de Grupo Maseca–, también tuvo un trato preferencial por el manejo de intereses que genera la cuenta de cheques 0186929483, en la que son depositados los recursos para los campesinos.
De acuerdo con el documento 289/2005-S, del cual Fortuna posee copia, el banco sólo está obligado a abonar a Aserca el 50 por ciento de los rendimientos de la cuenta. Mientras, las otras entidades bancarias tienen que entregar las utilidades al ciento por ciento.
Por este motivo, el máximo órgano de fiscalización del país solicita al Órgano Interno de Control (OIC) de Aserca que “finque las posibles responsabilidades administrativas sancionatorias que pudieran derivarse de los actos u omisiones de los servidores públicos que intervinieron en el asunto durante su gestión”, ya que fue la única cuenta en donde los rendimientos no se estipularon al ciento por ciento.
Para solventar la observación, el OIC de Aserca “deberá proporcionar a la ASF copia del acuerdo de inicio del procedimiento o, en su caso, el pronunciamiento sobre la inexistencia de elementos para iniciar dicho procedimiento”. Sin embargo, exfuncionarios públicos de la dependencia aseguran que no se ha respondido satisfactoriamente a la petición del órgano fiscalizador.
Los contratos de Aserca
En 2005, Aserca contrató a Banamex, BBVA Bancomer y Grupo Financiero Banorte para transferir recursos públicos a través del pago de cheques, órdenes de pago y abonos en cuentas de los propios bancos.
De acuerdo con la ASF, Banamex obtuvo el contrato abierto 020/2005-S, que costó al erario 12 millones 532 mil pesos, mediante el proceso IS-01-05 –invitación a cuando menos tres personas de carácter nacional–, que se llevó a cabo a través de la Ley de Adquisiciones.
Con el mismo procedimiento, BBVA Bancomer obtuvo el contrato abierto 021/2005-S, que significó el pago de 19 millones 24 mil pesos. Ambas instituciones firmarían los convenios durante el primer trimestre de 2005.
Sin embargo, a casi medio año de trascurrido el ejercicio fiscal, Grupo Financiero Banorte obtuvo por adjudicación directa el contrato 289/2005, que significó el pago de 1 millón 424 mil pesos.
La entrega del contrato, indica la ASF, fue sometida a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Aserca (SAAS), en la segunda y octava sesiones ordinarias, celebradas el 27 de enero y 28 de abril de 2005, respectivamente.
Ambas reuniones estuvieron encabezadas por Alfonso Ordiales Bassols, director general de Medios de Pago; José Antonio Fernández Azpeitia, director de Administración; y Ramón Ramírez Rocha, coordinador de Auditorías al Procampo.
En el documento surgido de la octava sesión, del cual también se tiene copia, Fernández Azpeitia solicitó la autorización para que las tres entidades bancarias pudieran obtener convenios por adjudicación directa; no obstante, la única que quedaba pendiente de ser contratada era la del empresario González Barrera.
Exfuncionarios públicos de la dependencia aseguran que Ordiales Bassols fue quien promovió las reuniones para autorizar las operaciones con Banorte, por lo que ahora la Secretaría de la Función Pública mantiene una investigación abierta contra el exdirector general de Medios de Pago, con el expediente DE-29/06, como lo sugirió la ASF.
Para aprobar la contratación de Banorte, Ordiales Bassols argumentó, en la reunión con los miembros del SAAS, que los costos que ocasionaría la contratación de los bancos sería menor a la convenida por el pago de cheques, cuando ya se habían firmado convenios con Banamex y BBVA Bancomer.
Según el informe de la ASF, la reunión celebrada por el SAAS fue equivocada, ya que este órgano institucional sólo está facultado para determinar si procede o no la celebración de licitaciones públicas, y no su autorización.
En el caso Banorte, señala la Auditoría, “se comprobó que la actuación del SAAS fue incorrecta, en virtud de que su dictamen debió emitirse rechazando o aceptando los argumentos que ofrecía el área solicitante, sin que su decisión quedara supeditada a la demostración de hechos posteriores”.
Para justificar la excepción de licitación, Ordiales Bassols exhibió una interpretación suscrita el 11 de marzo de 2002, por el director general adjunto de Normatividad de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de la Función Pública, en la que señala que los servicios bancarios no se sujetan a la legislación aplicable en materia de adquisiciones, justo siete días después de haberse signado el contrato.
La ASF determinó improcedente la justificación, “toda vez que el procedimiento de adjudicación ya se había adherido al cumplimiento de la Ley de Adquisiciones”, en la que concursaron otras entidades bancarias.
Otro de los argumentos que promovió Ordiales Bassols en la reunión del 28 de abril de 2005 para la adjudicación directa a Banorte, fue que con la contratación de los servicios financieros se busca que los bancos paguen el ciento por ciento de los intereses que les genera tener los recursos de los beneficiados por Aserca.
Sin embargo, la ASF señala que, además de las irregularidades detectadas en el proceso de adjudicación directa, se constató que “no se dio cumplimiento a la justificación que se presentó al Comité para autorizar la contratación de los servicios bancarios”, donde se propone considerar dentro de los contratos de 2005 la misma tasa de rendimiento que se ha venido aplicando desde los contratos iniciales que equivale a Cetes ciento por ciento.
“Esta tasa de rendimiento es la misma que la Tesofe (Tesorería de la Federación) propuso cuando inició operaciones el medio de pago a través de cheque con oficio 401-DGAOB-52266 del 2 de diciembre de 1999”, puntualiza la ASF.
Pagos duplicados
Otra de las irregularidades detectadas por la ASF en el manejo de los recursos de Aserca, es el pago duplicado de los servicios bancarios en 2003 depositados a Banorte, por 131 mil 900 mil (Fortuna 53).
De acuerdo con la ASF, Alfonso Ordiales Bassols proporcionó el F00.5.100/1904/2006, a través del cual hace el requerimiento a Banorte para que le sea devuelto el pago en exceso. Sin embargo, la petición del director general de Medios de Pago sólo solicita 80 mil 500 pesos, sin que se aclare la diferencia por 51 mil 400 pesos.
Además, el órgano fiscalizador advierte que en 2005 se realizó un pago duplicado de apoyos del Procampo por 640 mil pesos, de los cuales Aserca señaló que se llevan recuperados 626 mil 300 pesos, “sin que haya presentado la documentación que evidencie su recuperación ni el entero a la Tesorería de la Federación”, por lo que se determinó un supuesto daño al erario por 772 mil 344 pesos.
A través de la Ley de Acceso a la Información, Fortuna solicitó a Aserca los informes relacionados con la entrega duplicada de apoyos, a lo que la dependencia respondió que el “error se debió a un problema informático en la institución financiera que conforman las aplicaciones de dispersión de recursos; se destaca que la recuperación de los recursos fue al 100 por ciento de los mismos” (sic).
Además fueron solicitados los documentos que contengan las acciones realizadas por el director general de Medios de Pago para exigir a Banorte “el pago por los productos financieros que no se obtuvieron, al haber permanecido los recursos fuera de las cuentas del gobierno con motivo del problema informático en la institución financiera”.
Evasiva y opaca en el manejo y rendición de cuentas, Aserca niega la información solicitada y responde que “el documento que respalda dichas acciones, realizadas por esta Dirección General, contiene datos clasificados como confidenciales de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”.
Para hablar del tema se solicitó entrevista con los funcionarios de Aserca, a través de la unidad de comunicación de la Secretaría de Agricultura; sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Alejandro Landín Boyer, representante de Grupo Financiero Banorte en la firma del convenio 289/2005-S, explica que las observaciones hechas por la ASF sólo las tiene que resolver Aserca, ya que “es información que desconozco totalmente. Nosotros no somos los que generamos los archivos; siempre hemos estado apegados a la normatividad y a las reglas que marca el propio organismo. Realmente quien tiene que hablar es la dependencia”.
Respecto a la respuesta que dio Aserca a través del IFAI, de que fue un error informático de la institución financiera la entrega duplicada de apoyos, Landín Boyer niega que haya sido un error de Banorte y “es algo de lo que no puedo entrar a detalle”.
Servicios duplicados
Además de las irregularidades encontradas en la firma de un contrato por Adjudicación directa con Banorte y pagos duplicados, Aserca contrató en forma directa a la empresa Servicios Panamericanos de Protección “por el servicio de traslado y distribuciones de valores en un rango de 320 kilómetros, el cual consistió en la entrega foránea de rayas o nóminas y cuota de valores trasladados en el Mezquital, Durango”.
La operación significó un gasto de 114 mil 900 pesos y “no se justifica”, ya que mediante los convenios celebrados con Banamex, BBVA Bancomer, y Banorte se contrataron los medios de pago de los apoyos a los beneficiarios de los diversos programas.
Aserca argumentó a la ASF, según el Informe de la Cuenta Pública 2005, que “el servicio fue contratado para que los beneficiarios de los cheques los canjearan en las camionetas de la empresa, y así monetizar los apoyos correspondientes al Procampo; sin embargo, este mecanismo no se encuentra establecido en las Reglas de Operación del Procampo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 9 de marzo de 2005”.
La ASF presume un probable daño al erario por más de 114 mil, “por haber contratado dos medios de pago para los apoyos de 4 mil 353 cheques en el Mezquital, Durango”.
Publicado: Enero de 2008, año V, No. 60
