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México recibió un préstamo del Banco Mundial por más de 500 millones de dólares para acciones contra la pobreza que ya se habían realizado, revela la ASF. El destino de los recursos, “desconocido”
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de anomalías en un préstamo, por 501 millones 260 mil dólares, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) –una de las cinco instituciones que integran el Banco Mundial (BM)– entregó al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos en 2006.
El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 enuncia que “una política adecuada de deuda pública es esencial para mantener una postura fiscal sólida y consolidar la estabilidad macroeconómica en el mediano y largo plazo”. No obstante, según el órgano superior de fiscalización, la contratación del primer préstamo programático para el desarrollo de políticas financieras y crecimiento “no cumplió con las disposiciones normativas”.
La dirección ejecutiva del BM informó el 2 de marzo de 2006 que había aprobado el anticipo equivalente en moneda nacional a 5 mil 374 millones 665 pesos, para respaldar las reformas al sistema financiero y reducir el riesgo de una nueva crisis económica. “Con el empréstito –aseguró la institución– se contribuye al crecimiento sostenido y al alivio de la pobreza”.
Para la ASF, el manejo del crédito no atiende las mejores prácticas de administración de deuda que aseguren que la orientación de éste alcance los propósitos deseados. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) –observa la Auditoría– se sirvió del préstamo para completar las estimaciones de recursos del gobierno federal. Así, el dinero del BM no se destinó a proyectos de inversión o actividades productivas afines con la política de desarrollo económico y social ni que generaran recursos suficientes para el pago del crédito.
Por ello, el órgano fiscalizador señala que se debe fincar responsabilidad administrativa sancionatoria. Así, instruye al Órgano Interno de Control de la SHCP para que “finque las responsabilidades que se deriven de los actos u omisiones de los servidores públicos que contrataron y destinaron el crédito”.
Y es que el Informe del resultado de la revisión y fiscalización de la cuenta pública 2006 –realizado por la ASF– anota que la Unidad de Crédito Público de la SHCP (UCP) manifestó que el préstamo “apoyó acciones que ya habían sido realizadas por el gobierno federal antes de suscribirse el mismo”.
Ingresado el 26 de junio de 2006 a la cuenta 06-600-600614-3, que la Tesorería de la Federación (Tesofe) mantiene con Nacional Financiera (Nafin), el préstamo no contó con erogaciones destinadas a rubros específicos, según confirmó la UCP a la ASF.
El 13 de noviembre de 2007, la unidad declaró que una vez que la Tesofe recibe recursos del órgano financiero, éstos adquieren el carácter de fungibles, es decir, “pierden su identidad al mezclarlos con otros de la misma naturaleza, utilizándolos para el fondeo de las operaciones del gobierno federal en su conjunto”.
Préstamo sin control
Pese a que la cláusula 3.01 del contrato de préstamo 7363-ME establece que el acreditado y el acreedor deberán intercambiar opiniones sobre el progreso del programa y que, a solicitud del BM, el gobierno deberá entregar documentación sobre lo alcanzado, la UCP le negó a la ASF que se acordara con el organismo reportar dichos avances: “No ha sido necesario realizar intercambios de información, por lo que el Banco no ha solicitado este tipo de informes”.
Por lo que –observa el órgano fiscalizador– se incumplió con la Ley de Planeación y Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, debido a que el contrato debió fijar objetivos, metas e indicadores de desempeño.
Agente financiero en la negociación, contratación y manejo de créditos del extranjero, Nafin fue facultado para administrar el préstamo y supervisar la ejecución del programa. De acuerdo con la cláusula segunda del contrato, debía informar mediante reportes mensuales sobre la situación financiera y las cuentas del crédito. Sin embargo, tampoco generó un sistema de control y seguimiento de los compromisos contractuales, minutas de trabajo y memorias.
Nafin argumentó que ya que el objeto del contrato había sido cumplido, no era necesario realizar acciones de supervisión. Y es que el desembolso de recursos –que se preveía se realizara en dos tramos– se hizo en uno solo, por lo que únicamente se elaboraron informes para junio y julio de 2006. “Los reportes proporcionados por la SHCP –concluye la ASF– no evidencian la aplicación de los recursos del préstamo, los problemas de su ejecución y los asuntos pendientes o en proceso”.
Responsable de formalizar la contratación de créditos, la UCP no contó con la documentación presentada al Comité de Crédito Externo –que analiza el ejercicio de los recursos destinados a proyectos financiados con solvencia internacional– para acordar el préstamo del BIRF. Ello contravino el Manual de normas presupuestarias para la administración pública federal.
Aunque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que para los proyectos de inversión las entidades deberán presentar la evaluación del costo y beneficio de los programas, en donde se verifique que generan un beneficio social, la Auditoría determinó que no existían estudios de rentabilidad.
“Se afirma –concluye la ASF– que la virtud del crédito es traer un bien futuro, lo que no es posible determinar, ya que se desconoce el destino de los recursos y los resultados esperados por su aplicación”.
Irregularidades financieras
No pudo comprobarse que Nafin transfiriera 500 millones 6 mil dólares de la cuenta 04009635 en el Deutsche Bank Trust Co. Americas, a la cuenta 06-600-600614-3 que mantiene con la Tesorería de la Federación. De acuerdo con el contrato de préstamo, el retiro de los fondos –que Nafin estaba facultada a hacer– se realizaría en un solo tramo, excepto por la comisión al BIRF por concepto de desembolso.
Incumpliendo la cláusula quinta del contrato, se hicieron dos depósitos por 206 millones 198 mil y 300 millones de dólares, por lo que la ASF no pudo identificar que se haya depositado lo que en moneda nacional equivale a más de 5 mil 720 millones de pesos. Por ello, el órgano fiscalizador emitió una solicitud de aclaración y recuperación para que la SHCP facilite la documentación que justifique esa operación.
En tanto, la ASF detectó que el cálculo de los intereses no se formuló sobre la base comercial que garantiza las mejores y sanas prácticas de administración. Por el contrario, Hacienda y Crédito Público realizó la operación sobre una tasa mixta, es decir, aplicó una tasa mayor en 2.06 por ciento a la tasa LIBOR estipulada en el contrato. “Su efecto –advierte– es que la SHCP hubiese programado en exceso un monto de 1 mil 108 millones 312 mil pesos en el transcurso de la vida del préstamo”.
Las cláusulas
La estrategia de endeudamiento del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo apuntó que con el apoyo de los organismos financieros internacionales (Ofis) serían prioritarias reformas que impulsaran el desarrollo económico y social mediante proyectos en educación, salud, agricultura y vivienda. Así como el desarrollo de productos de los Ofis que favorezcan la estabilidad macroeconómica, la entrada a los mercados de capital y la administración de la deuda.
El Banco Mundial sugiere que las acciones a avalar con el préstamo sean: diversificar el sistema financiero para alentar la expansión de las empresas privadas que –a decir de la institución– son “el motor para el crecimiento económico”; ampliar el acceso a hipotecas y el financiamiento para la vivienda, permitiendo que más personas tengan casa propia y se acumule el bienestar, y transparentar y hacer más eficientes los fondos de pensiones para que sean atractivos como inversión.
En el prefacio del contrato número 7363-ME celebrado entre el Banco Mundial y Hacienda y Crédito Público se suscribe que el préstamo será otorgado con base en “las acciones que el acreditado (gobierno) ya ha emprendido” y con la condición de “que mantenga un marco de políticas macroeconómicas adecuado”.
Por conducto de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, en carta enviada el 26 de enero de 2006 al BM, el gobierno federal expresa estar comprometido con un decidido programa de reformas al sistema financiero, que “espera instrumentar en los próximos meses”.
Lo ya realizado incluye la expedición de la Ley del Mercado de Valores el 30 de diciembre de 2005, para mejorar el gobierno corporativo y los derechos de los accionistas minoritarios; disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para fortalecer la administración de riesgos en el sector bancario y la transparencia y la disposición de información de los mercados.
Además, un decreto que enmienda la Ley de Instituciones de Crédito a fin de permitir a las empresas acudir a los mercados de capital para financiar sus actividades de crédito, aumentar la actividad de inversionistas y reducir la concentración en subastas. También permitir la competencia en el marco de pensiones, como transferir activos a las Administradoras de Fondos para el Retiro y hacer más flexible el régimen de inversiones de los fondos privados de pensiones.
La SHCP apunta que todavía está pendiente tipificar delitos relacionados con el terrorismo; facultar al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en la toma de decisiones sobre el cierre, saneamiento o venta de instituciones de crédito, e incluir a éstas en la Ley de Concursos Mercantiles, y modificar la Ley de Instituciones de Crédito para actualizar el marco jurídico de las sanciones.
El préstamo del BM, “simulación”
Irma Manrique, académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México considera como “graves” las observaciones en la cuenta pública 2006 al préstamo por 501 millones 260 mil dólares que el Banco de Internacional de Reconstrucción y Fomento prestó al gobierno federal. “Es delicado que no se tenga control y además se invierta en un sistema especulativo”.
Señala que mientras el organismo financiero internacional debería contribuir al crecimiento, se dan préstamos al sector financiero cuando no es la función del BIRF ni del Banco Mundial (BM). Y es que –advierte– los créditos deben ir encaminados a vencer la pobreza en los países en vías de desarrollo o de crecimiento medio como es el caso de México. Enuncia que actualmente el BM tiene 82 proyectos de infraestructura en América Latina y el Caribe, en donde se orientan el 8 por ciento de los préstamos totales.
“Si hay irregularidades –opina– deben ser investigadas, pues es notable que no se especifique a qué sector productivo va orientado y cumplir con lo que se propone de origen: coadyuvar al financiamiento interno y no a la simulación”.
Desde su origen, el Banco Mundial apoyó el gasto en infraestructura; pero a partir de la década de 1990 el sector financiero recibió recursos por su rentabilidad. Además, a partir del Consenso de Washington, el BM acordó que los países beneficiados deberían alinearse requisitos como hacer reformas estructurales, mantener su déficit en tasa baja, control financiero, apertura comercial y evitar la estatización de la economía.
No obstante, la especialista adscrita a la Unidad de Estudios Hacendarios y del Sector Público del Iiec considera que las políticas macroeconómicas han sido nocivas, pues cada vez hay más distancia entre pobreza y riqueza: “Sin una política de gasto controlado, no hay posibilidad que una dádiva resuelva la falta de desarrollo; no hay planeación y la economía está estancada”. Asegura que los problemas son de carácter interno, pues el gobierno federal no da cuentas del financiamiento internacional y no lo maneja de manera adecuada. (PM)
