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Dieter, SS, Sección especial IV-2,
bajo la supervisión directa de Heinrich Himmler
Norman Mailer, El castillo en el bosque
Los caprichos de la historia. El día del trabajo, dos hechos paralelos, relacionados con la industria petrolera, dejaron de manifiesto la manera peculiar, curiosa, en que pueden interpretarse los conceptos de “patriotismo”, “nacionalismo”, “soberanía nacional”. Dos percepciones contrastantes, de diferentes contenidos, con resultados antitéticos.
Los caprichos de la historia. El día del trabajo, dos hechos paralelos, relacionados con la industria petrolera, dejaron de manifiesto la manera peculiar, curiosa, en que pueden interpretarse los conceptos de “patriotismo”, “nacionalismo”, “soberanía nacional”. Dos percepciones contrastantes, de diferentes contenidos, con resultados antitéticos.
En un “baño de pueblo”, rodeado de miles de trabajadores, en la Paz, Bolivia, Evo Morales firma, en vivo y en directo, el decreto con el que nacionaliza la mayor empresa telefónica, filial de la italiana Euro Telecom Internacional (ETI), y tres trasnacionales petroleras, que pasan a control de la empresa estatal Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos (YPFB). Morales señala: “Hoy primero de mayo de 2008 se consolida la nacionalización de los hidrocarburos mediante el decreto supremo. El Estado boliviano toma control del 50 por ciento más uno en las empresas mal llamadas capitalizadas”. Es decir, las privatizadas parcialmente a finales de la década de 1990.
Las empresas petroleras afectadas son la compañía de exploración y explotación Chaco, de la británica British Petroleum; la transportadora Transredes, manejada por la británica Ashmore, y la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), con capital peruano y alemán. Hasta ese momento, las negociaciones con tales firmas, salvo con el grupo hispano Repsol YPF, para que transfieran al Estado la mayoría de las acciones, habían fracasado.
La Empresa Petrolera Chaco, SA, fue creada el 10 de abril de 1997. Inicialmente, la mitad de las acciones fueron propiedad de la Sociedad Amoco Netherlands Petroleum Company. Luego formó parte de la corporación British Petroleum y, finalmente, pasó a manos de la argentina Pan American Energy. La Transportadora de Hidrocarburos, SA (Transredes), nace en mayo de 1997 con la participación mayoritaria de TR Holdings, Ltda, integrada por Enron y Shell (50 por ciento de las acciones). Después es absorbida por Ashmore y Shell. La última empresa, la Petrolera Andina Sociedad Anónima (EPAN), surge en abril de 1997. La mitad de la propiedad es adquirida por la sociedad argentina integrada por YPFB, Pérez Companc y Pluspetrol. En enero de 2001 Repsol YPF se convierte en la socia mayoritaria, luego de un acuerdo con el gobierno boliviano, por lo que transfiere a la estatal YPFB el 1.08 por ciento de las acciones de Andina, que explota varios megacampos gasíferos en ese país, que posee las segundas reservas de gas en América del sur después de Venezuela. YPFB compartirá con el Estado la administración y explotación de campos de gas, entre ellos los dos más grandes: San Alberto y San Antonio.
Con esa medida, Evo cumple con lo establecido en el decreto de nacionalización del 1 de mayo de 2006 que obligó a Petrobras, Repsol y Total –entre otras multinacionales– a firmar nuevos contratos de operación. El Decreto Supremo 28.701 establece que el Estado debe tener el 50 por ciento más una acción en estas empresas, porque “los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable”. El objetivo es que la empresa estatal participe en toda la cadena productiva. Para ello, en 2007, YPFB compró las dos refinerías operadas por Petrobras, por un monto de 112 millones de dólares. La disposición de 2006 fue la respuesta oficial al referéndum vinculante del 18 de junio de 2004, donde la mayoría de los bolivianos votó a favor de la nueva recuperación de los hidrocarburos. Tal consulta, a su vez, fue producto de la llamada “guerra del gas”, de octubre de 2003, cuando la población se manifestó en contra de la política “solidaria” del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (actualmente refugiado en Estados Unidos, el país protector de gobernantes criminales) y que fue ahogada en sangre por el Ejército de Bolivia, que asesinó a 70 bolivianos.
El día del trabajo, agobiado por la derecha golpista, Evo Morales declaró: “El pueblo ha conquistado a costa de su sangre el derecho de que nuestra riqueza hidrocarburífera vuelva a manos de la nación y sea utilizada en beneficio del país.
“Como hemos dicho –añadió–, el gobierno respetará a las empresas que inviertan como socios, no como patrones de los recursos naturales de los bolivianos”.
“Bolivia ha sido el primer país del continente en nacionalizar sus hidrocarburos, en 1937 a la Standar Oil Co, medida heroica que se tomó nuevamente en 1969 afectando a la Gulf Oil –indica el decreto– correspondiendo a la generación presente llevar adelante la tercera y definitiva nacionalización de su gas y su petróleo”. Y asegura que “esta medida se inscribe en la lucha histórica de las naciones, movimientos sociales y pueblos originarios por reconquistar nuestras riquezas como base fundamental para recuperar nuestra soberanía”.
Ese mismo día, en la discreta tranquilidad e intimidad que concede el aislamiento de la irritada chusma obrera, protegido por los sables, Felipe Calderón señaló que “defender la soberanía es fortalecer la industria petrolera, aprovechar el potencial para que quede siempre en manos del Estado y los mexicanos, sus legítimos propietarios, y al mismo tiempo pueda actualizar su desempeño a la altura de las mejores industrias del mundo”.
¿Cómo pretende Calderón defender la industria petrolera nacionalizada en 1938, después de Bolivia?
De manera inversa. Su estrategia de desinformación para “vender” a la sociedad su propuesta de (contra) reforma petrolera ha sido pésima, avergonzaría al propio Joseph Goebbels –igualmente nacido en el seno de una familia católica–, el orador encargado de la propaganda nazi. Su falso discurso para convencer al populacho, que rápidamente pasó del “tesoro escondido” en las profundidades del Golfo de México a la apertura de la industria petrolera a la inversión privada en refinación, transporte por ductos, manejo de petroquímicos, almacenamientos y todo lo demás, ha sido un verdadero fracaso. Ni siquiera los bonos petroleros, una parodia del “capitalismo popular” de la neoconservadora inglesa Margaret Thatcher, ha conmovido a la chusma para convertirse en su cómplice, según se observó el 1 de mayo.
Las evidencias indican que Calderón logrará su cometido. Pero no con el consenso del populacho, sino por medio de los acuerdos palaciegos con los priistas Manlio Fabio y Emilio Gamboa. La “consulta” que aceptaron, forzados por la movilización social organizada por Andrés Manuel López Obrador, reproducirá la misma farsa que en su momento hicieron los gobiernos priistas para legitimar y legalizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la reprivatización y el rescate bancario, o la “autonomía” del banco central, entre otros atentados en contra de la nación. Las iniciativas y los procesos legislativos se han llevado a cabo al margen de las mayorías, contra sus intereses. Por el momento no lograron regodearse con los despojos de Petróleos Mexicanos (Pemex). Pero una vez que concluya la “consulta”, la comparsa mafiosa procederá según el guión trazado por las trasnacionales.
La carta magna no permite equívocos. El artículo 27 es claro: “Corresponde a la nación el dominio directo del petróleo y todos carburos de hidrógeno sólido, líquidos y gaseosos”. También lo es la ley reglamentaria de 1940 en materia petrolera y que Calderón, los priistas y panistas pretenden modificar: “El descubrimiento, la captación, la conducción por oleoducto y la refinación del petróleo” corresponde a la nación, a través del Estado.
Con todo y las mutilaciones priistas, el texto vigente dice nítidamente, en su artículo tercero: “I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; II. La exploración, explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración (…); III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”.
La pretensión calderonista, que hasta los asesores juristas del Congreso han calificado como anticonstitucional, busca excluir una definición fundamental de industria petrolera, adecuadamente señalada por Cuauhtémoc Cárdenas: “El transporte y el almacenamiento (del gas) indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración”, así como la distribución y ventas de primera mano “de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”. Calderón embiste con su nueva propuesta para el artículo 4 que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos. Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”, que las personas “que pretendan realizar o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”.
Si con los priistas legalizan la traición a la patria, entregarán al empresariado, básicamente al foráneo, las áreas estratégicas de la industria petrolera. Desintegrarán y reprivatizarán, por encima de la Constitución, la cadena productiva petrolera que, ilegalmente, ya sucede. Sólo legitimarán la felonía. Adjudicarán a los hombres de presa la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos. Los contratos de maquila o de permisos serán la piel del nuevo caballo de Troya reprivatizador. Cárdenas afirma que se dejaría a México en la posición de simple productor de petróleo. Sin embargo, la situación será peor: Pemex será reducido al papel de fachada detrás de la cual se ocultarán todas las tropelías esperadas, ya que su consejo directivo no rendirá cuentas a nadie más que al mismo Ejecutivo que lo promueve y que, autoritariamente, protege a su cachorro Juan Camilo Mouriño, acusado de corrupción, circunstancia que será reproducida por los subsecuentes gobiernos paridos por el autoritarismo del sistema político. La Constitución refrendará su valor de orín de los perros, para usar las palabras del poeta León Felipe.
La historiadora venezolana Margarita López Maya dijo recientemente de su país: “Nuestra economía (es una) rentista petrolera: ésa es su esencia y su maldición. Se parece más a la economía de Nigeria o Arabia Saudita que a la de Argentina o Brasil”. La propuesta de Calderón legalizará ese rentismo, con la invitación de un nuevo participante al banquete de los excedentes petroleros: los empresarios locales y las trasnacionales petroleras, junto con el gobierno, los corruptos como Mouriño, y los gobernadores inmundos o criminales como los de Sonora, Oaxaca o Jalisco, generoso en sus óbolos con la igualmente pútrida iglesia católica y cristera. La renta petrolera es el lubricante de los negocios particulares, para comprar voluntades, complicidades y traiciones a la nación. Las migajas, si sobran, se repartirán a la sociedad con los programas asistencialistas, tema que trataremos en otra entrega. ¿Por qué Calderón no propuso modificar y reducir el reparto de los excedentes y ampliar los recursos de la paraestatal para que supere sus deficiencias, en lugar de la tasa de retorno de 15 por ciento que les ofrece a los potenciales inversionistas?
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Argentina, Rusia o México saben que el apetito de los mercaderes es insaciable. ¿Por qué Calderón no propuso terminar con los Pidiregas y buscar resolver los pasivos de Pemex, con el fin de proporcionar a la paraestatal de los recursos que le permitan financiar sus obras de infraestructura, bajo un esquema democrático de funcionamiento y supervisión? ¿Por qué no planteó una nueva institucionalidad que supervise escrupulosamente el destino de los excedentes petroleros, en aras de evitar la discrecionalidad en su distribución y ejercicio para acabar con la corrupción y acabar con las tropelías de gobernadores como el de Jalisco? ¿Por qué no delineó una estrategia y un calendario para la búsqueda de nuevos yacimientos, el desarrollo interno de la tecnología requerida que garanticen a mediano plazo la autosuficiencia energética, la generación de fuentes alternas y la reducción de las exportaciones y las importaciones de los derivados? ¿Por qué no promueve una reforma fiscal integral y progresiva (gravar más a los que más ganan) que libere recursos financieros a Pemex y obligue al gobierno federal a los estados y municipios a elevar la recaudación, para maximizar la renta petrolera y no afectar la rentabilidad de la empresa?
Las condiciones para la reprivatización petrolera y energética, así como el desmantelamiento de las leyes laborales, están dadas, merced a la postración y destrucción a la que han sido sometidos el Estado, Pemex y las organizaciones sociales por parte de los priistas y los panistas.
En otra ocasión cité a Grover Norquist, el ultraderechista estadunidense, feroz anticomunista, cruzado que lucha por la eliminación de los impuestos a los ricos y militante de las hordas neoconservadoras encabezadas por Ronald Reagan y el baby Bush, quien dijo alguna vez: “Yo no quiero abolir al gobierno. Sólo quiero reducir su tamaño, de tal manera que me sea fácil arrastrarlo al baño y ahogarlo en la tina. El Estado estará tan pequeño que cabrá por el desagüe del baño”. Priistas y panistas lo han logrado y ya es incapaz de cumplir sus funciones establecidas en la Constitución.
La contrarreforma petrolera neoliberal calderonista convertirá al Estado y a Pemex en lo que acuñaron los argentinos con las reprivatizaciones menemistas: en un socio bobo, autista, absolutamente inútil para hacer cumplir las leyes. Un socio bobo deliberadamente inepto –en sentido estricto, solapador y protector– para sancionar las arbitrariedades de los nuevos mercaderes del templo, como bien lo saben los dueños de TV Azteca, la banca, la telefonía y otras empresas privatizadas. Un Estado y Pemex debilitados –enanos, como aspira Calderón, panistas y priistas– son los que requieren los empresarios, aún cuando no se les ofrezca la certidumbre constitucional que exigen.
Como nos han demostrado los venezolanos, bolivianos o ecuatorianos, un gobierno democrático –respaldado por el pueblo, basado en las leyes y en una decisión soberana– volverá a recuperar sus riquezas nacionales cuantas veces sea necesario. Con o sin indemnización. Para que lo entiendan todos.
Las mayorías recibirán otra cruel lección: no basta la movilización espontánea y bien intencionada ante el despotismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ni las ven ni las escuchan. La inexistencia de instituciones que apliquen las leyes, la ausencia de mecanismos institucionales de sanción que permitan enjuiciar a los servidores públicos que incumplan sus funciones o violenten el Estado de derecho, y la falta de instancias de participación democrática que canalicen y atiendan pacíficamente sus legítimas demandas, las llevarán al callejón sin salida, hacia el salto de la conciencia en sí a conciencia para sí (Lenin, dixit): la revuelta, la subversión del statu quo.
Es posible que esa opción sea saludable para la nación, dado el despotismo de las elites que destruyó el pacto social surgido de la revolución de 1910-1917, sintetizada en la carta magna y alterada arbitrariamente a modo por los grupos de poder, la humillante y deshumanizada miseria y pobreza a la que ha sido condenado el pueblo por el capitalismo extremo, el neoliberalismo, que lo que menos le interesa es la democracia y el bienestar social.
