Tras su paso por Europa, donde se ha conseguido atraer a algunas de los mayores mercados del continente, el debate sobre la regulación del juego online llega a América, concretamente a México.

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Así lo ha declarado a un conocido medio mexicano el presidente del instituto Provincial de Loterías y Casinos de Misiones, Eduardo Torres, quien ha afirmado que ya es hora de que México, y en general toda Latinoamérica,  comiencen a regular el juego online en sus respectivos territorios, incluidos aquellos denominados “transfonterizos” que actualmente no tributan.

Según Torres, es esta una medida importante, especialmente para el apostador, que necesita de la protección del Estado a la hora de garantizar su dinero, sus pagos y sus cobros. Así como muchos otros parámetros de seguridad que las empresas privadas no cumplen “por tener sus servidores en paraísos fiscales”. Algo que se ha venido declarando en múltiples ocasiones como el leit motiv de la regularización, pero que para muchos, no es más que la excusa del Estado para poder sacar tajada de este mercado en continuo crecimiento.

En 2012, el juego online (apuestas por Internet incluidas) generó unas ganancias globales de 29 mil 950 millones de dólares, 12,4 por ciento más que durante al año anterior, convirtiéndose en uno de los sectores con mayor proyección dentro del mundo de Internet. Especial mención merece el póker online, un sector en continuo crecimiento que tiene a Full Tilt Poker y PokerStars como sus máximos exponentes.

Actualmente el mercado más fuerte del juego es el europeo, donde muchos países han llevado ya a cabo una regulación del mismo (Reino Unido, Italia, Francia). Eso sí, con diferentes grados de intervención estatal. En España, tras la regulación, se generaron unos 110.3 millones de euros. Mientras que en Italia supuso un ingreso cercano a los 336 millones de euros. Para muchos, unas cifras demasiado altas como para que el Estado no participe de ellas.

En América Latina, México y Brasil son los dos mercados más fuertes, seguidos por Argentina. Es responsabilidad de estos Estados, según Torres, implementar la seguridad necesaria en el mercado, de manera que los apostadores puedan sentirse seguros.

Será necesario conocer la opinión de las empresas y los jugadores que, en muchos casos, consideran la regulación un error puesto que frenará el crecimiento del negocio al fijar normas, aumentar impuestos y delimitar las posibilidades tanto geográfica como de juego. En cualquier caso la polémica, como hace unos años en Europa, parece estar servida.

 

 

 

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