En el ámbito económico, el Pacto por México, firmado entre las tres principales fuerzas políticas del país con el Gobierno Federal, sobresalen los que tienen que ver con  los beneficios que se propone para la mayor parte de la población.

El tema de las pensiones y el ingreso de los adultos mayores cobra relevancia y es que los mayores de 65 años que no tienen  acceso al IMSS o al ISSSTE podrán contar con apoyo. Es más, como un primer paso, el programa “70 y más” pasará a ser “65 y más”.

Un segundo paso es que se establecerá una cuota social adicional aportada por el Gobierno Federal a una cuenta individual a todos los mexicanos al cumplir 18 años y hasta los 65 años, para dar plena portabilidad a los beneficios pensionarios de la población a lo largo de su vida, eso está designado como el compromiso número 3.

Sobre estos temas es preciso señalar también los esfuerzos que se harán entorno al seguro de desempleo, una práctica que se leva a cabo en muchos países, incluido España. Peña Nieto, en su Pacto por México establece que se va a generar en el país un Seguro de Desempleo que cubra a los trabajadores del sector formal asalariado cuando pierdan su trabajo para evitar un detrimento en el nivel de vida de sus familias y les permita buscar mejores opciones para tener un crecimiento profesional y patrimonial. En el documento, esto se establece como el compromiso número 4.

Relacionado con ello, es el seguro de Vida para Jefas de Familia que se pondría en marcha, el objetivo es proteger la seguridad económica de sus hijos en caso de fallecimiento. Este seguro también incluirá a los padres jefes de familia que se encuentran en la misma circunstancia.

Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza

Parte fundamental es el combate a la pobreza. Por ello se creará un Sistema Nacional de Programas de Combate a la Pobreza que eliminará el sesgo asistencial y el uso electoral de los programas sociales, y priorizará sus esfuerzos para garantizar el derecho universal a la alimentación. Los recursos del Estado llegarán directamente y sin condicionantes a la población que más los necesita y se ejercerán con reglas de operación y transparencia que permitan su evaluación y la rendición de cuentas.

La erradicación de la pobreza extrema debe garantizar un mínimo fundamental: la alimentación. Por eso, la más alta prioridad la tendrá el garantizar que ningún mexicano padezca hambre.

Celebra el CCE fin de inmovilismo legislativo

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, afirmó que con la firma del Pacto por México y la reciente aprobación de la reforma laboral quedó atrás el inmovilismo legislativo.

Reiteró la satisfacción del sector empresarial porque las tres principales fuerzas políticas -PRI, PAN y PRD- coincidan con el Gobierno federal en las grandes acciones que demanda el País.

“Es buena la señal de que las fuerzas políticas se están poniendo de acuerdo.

“Con la aprobación de la reforma laboral, el inmovilismo político en el Congreso queda atrás”, afirmó.

Consideró que tanto el proyecto de 13 puntos presentado por el Presidente Peña Nieto el 1 de diciembre como las propuestas del Pacto por México, signado al día siguiente, recogen acciones que había impulsado el sector empresarial.

Acuerdos para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad

El Pacto establece que el mejor instrumento para terminar con la pobreza es el empleo. El Estado debe generar las condiciones que permitan el crecimiento económico que resulte en la creación de empleos estables y bien remunerados. México debe crecer por encima del 5%, para lo cual se debe incrementar la inversión pública y privada hasta alcanzar más del 25% del PIB en inversión e incrementar la productividad de la misma.

Para lograr dicho fin es necesario impulsar las siguientes reformas:

  • Extender los beneficios de una economía formada por mercados competidos.
  • Se intensificará la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía.

Se establece que ello es fundamental ya que la competencia permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones.

Para profundizar la competencia económica de México, se instrumentará una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dote de fuerza y permanencia. Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones:

  • Fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC).
  • Se dotará a la CFC de mayores herramientas legales mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía, particularmente se le otorgará la facultad para la partición de monopolios. Se precisarán en la ley los tipos penales violatorios en materia de competencia y se garantizarán los medios para hacerlos efectivos, así mismo se acotarán los procedimientos para dar eficacia a la ley.
  • Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones.
  • Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica.

Bien, el final de los monopolios

Como una medida para fortalecer a la Comisión Federal de Competencia (CFC), se busca darle la facultad de dividir monopolios para crear varias empresas a partir de una compañía dominante, según los compromisos del Pacto por México.

Eduardo Pérez Motta, presidente del organismo antimonopolios, advirtió que esta atribución servirá para disuadir acciones anticompetitivas de una empresa en determinado mercado, sin embargo, sólo se aplicaría en casos extremos.

Explicó que esta medida se haría efectiva en el supuesto de que no hubiera otra manera de abrir a la competencia cierto sector más que la de reducir de tamaño a la empresa dominante de determinado mercado.

Pérez Motta prefirió no ser específico sobre los sectores o empresas que requirieran la aplicación de este tratamiento y advirtió que antes se tendría que hacer una nueva reforma a la Ley Federal de Competencia Económica para incluir esta atribución al organismo regulador de los monopolios en el País.

Según el Compromiso 37 del Pacto por México, recientemente firmado por los tres grandes partidos del País, PRI, PAN y PRD, se pretende fortalecer al órgano antimonopolios “mediante las reformas necesarias para determinar y sancionar posiciones dominantes de mercado en todos los sectores de la economía, particularmente se le otorgará la facultad para la partición de monopolios”.

Este tipo de regulación ya se aplica en Estados Unidos, donde uno de los casos más sonados fue el de la telefónica AT&T, que fue dividida en el año 1984 en varias compañías de servicios locales que fueron conocidas como “Baby Bells”.

“Es una facultad que se ha utilizado en Estados Unidos dos o cuatro veces. Con AT&T sucedió en los 80, y luego se trató de hacer con Microsoft pero se quedó trabajo en el tribunal”, explicó el titular de la CFC.

Las reformas a la Ley de Competencia del 2006 incluyen medidas como la desincorporación de activos como una sanción para aquellas empresas dominantes que reincidan hasta tres veces en una violación a la sana competencia.

No obstante, Pérez Motta afirmó que la división de empresas es una figura distinta.

Dijo que ésta operaría aunque la empresa no esté cometiendo malas prácticas en un determinado mercado, pero que por su tamaño implique una amenaza para la competencia.

En el marco de una reunión con la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, expuso que existen empresas, sindicatos y representantes de la sociedad muy poderosos, que impiden que la competitividad y la productividad se incrementen en el País, lo que deriva en bajo crecimiento de la economía.

Garantizar acceso equitativo a telecomunicaciones de clase mundial.

El Pacto señala que en el ámbito de las telecomunicaciones, es necesario generar mucha mayor competencia en telefonía fija, telefonía celular, servicio de datos y televisión abierta y restringida. Para ello, se tomarán las siguientes medidas:

  • Derecho al acceso a la banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador.
  • Se reformará la Constitución para reconocer el derecho al acceso a la banda ancha y para evitar que las empresas de este sector eludan las resoluciones del órgano regulador vía amparos u otros mecanismos litigiosos.
  • Reforzar autonomía de la COFETEL.
  • Competencia en radio y televisión.

Se licitarán más cadenas nacionales de televisión abierta, implantando reglas de operación consistentes con las mejores prácticas internacionales, tales como la obligación de los sistemas de cable de incluir de manera gratuita señales radio difundidas (must carry), así como la obligación de la televisión abierta de ofrecer de manera no discriminatoria y a precios competitivos sus señales a operadores de televisiones de paga (must offer), imponiendo límites a la concentración de mercados y a las concentraciones de varios medios masivos de comunicación que sirvan a un mismo mercado, para asegurar un incremento sustancial de la competencia en los mercados de radio y televisión.

  • Competencia en telefonía y servicios de datos.

Se regulará a cualquier operador dominante en telefonía y servicios de datos paragenerar competencia efectiva en las telecomunicaciones y eliminar barreras a la entrada de otros operadores, incluyendo tratamientos asimétricos en el uso de redes y determinación de tarifas, regulación de la oferta conjunta de dos o más servicios y reglas de concentración, conforme a las mejores prácticas internacionales.

Todos se han subido al Pacto, incluso, el ex candidato a la presidencia por Nueva Alianza, Gabriel Quadri, que no fue convocado a la firma, señala que este pacto recoge numerosos contenidos y propuestas generados durante la campaña presidencial, y los plasma como compromisos de gobierno.

Resaltan en el Pacto por México, por un lado, las ideas de protección social enarboladas principalmente por la izquierda, como el seguro del desempleo y las pensiones a adultos mayores de 65 años y jefas de familia. Por el otro lado, es notable cómo el Pacto hace eco de la plataforma electoral y propuestas de otras candidaturas.

Definitivamente, los desafíos de la sustentabilidad le quedan muy grandes al Pacto por México; hay omisiones inexplicables.  No hay absolutamente nada a cerca de los mares y costas de México; nada sobre las ciudades de nuestro país (todas en una grave despeñadero de desarrollo no sostenible), ni sobre las políticas de vivienda; nada sobre biodiversidad, ni ningún compromiso para detener y revertir la deforestación; nada sobre el imperativo de resolver perversiones económicas, sociales, y ambientales en el desarrollo turístico; y algo asombroso, nada sobre política industrial, agregó el ex candidato. 

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