La tuberculosis afecta entre 8.5 y nueve millones de personas y cobra la vida de dos millones cada año, según José Sifuentes Osornio,  investigador adscrito al Instituto Nacional de Ciencia Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

A pesar de ser un problema que va desapareciendo en México y en muchas regiones de América Latina, este problema de salud se concentra en países muy pobres y en vías de desarrollo, y México, aunque es un país medianamente desarrollado, tiene 18 mil nuevos casos anuales de tuberculosis en todas sus formas: pulmonar, meníngea y ganglionar, entre otras, con una tasa de mortalidad de 19 casos por 100 mil habitantes.

“A mayor pobreza de la región, mayor tasa de enfermedad y de mortalidad”, indicó el también miembro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y uno de los impulsores de la creación del Laboratorio Clínico Nacional de Máxima Seguridad Biológica para el Estudio de la Tuberculosis y de Enfermedades Emergentes.

De acuerdo con el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece), a nivel mundial una de cada tres personas que contraen la tuberculosis no logra acceder prontamente a un diagnóstico preciso y a un tratamiento eficaz.

Los medicamentos básicos que existen para su cura son: rifampicina, isoniazida, etambutol y pirazinamida, un tratamiento que dura seis meses con una tasa de éxito terapéutico de 95%, siempre y cuando la terapia sea bien administrada.

Según cifras del Cenavece, en México se reportan 500 casos de infecciones farmacorresistentes, aunque seguramente pueden ser más.

La duración prolongada del tratamiento provoca deserción de pacientes, lo que a su vez genera una problemática de casos de resistencia, es decir, que la bacteria se vuelve invulnerable frente a uno o varios medicamentos.

Esa situación es preocupante porque un paciente con una bacteria multidrogo-resistente puede aspirar a una recuperación de sólo 50% en el mejor de los casos.

Sida, una lucha de derechos humanos

La alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Navi Pillay, señaló durante un discurso ante sus consejeros que la financiación de la prevención y la respuesta al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) es una cuestión de derechos humanos básicos y una obligación legal para todos los Estados.

En este sentido, Pillay urgió a “garantizar que las leyes, políticas y prácticas no aumenten la vulnerabilidad al VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) o resulten en violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH”.

La alta comisionada argumentó que “la financiación es uno de los principales desafíos” y que aportar dinero en la respuesta al Sida “no es sólo necesario, sino una obligación legal en el respeto de los derechos humanos”.

“Tenemos que garantizar la sostenibilidad del acceso a los servicios relacionados con el VIH, incluido un tratamiento con antirretrovirales asequible y de buena calidad, sentenció.

 

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