En medio de grandes obstáculos, la fuerza laboral de las mujeres constituye uno de los principales motores de la economía. Su potencial, sin embargo, se diluye por los problemas para desarrollarse

En México, más de la mitad de la población (53 por ciento) está representada por mujeres. Aunque éstas cada vez se involucran más en el mercado laboral, sólo cuatro de cada 10 participan en la actividad económica. De ellas, 65 por ciento recibe una remuneración por su trabajo, 23 por ciento está en el autoempleo, 10 por ciento no recibe pago alguno y 2 por ciento es empleadora. Pero su creciente contribución en la economía no se ha dado sin obstáculos. De hecho, las mujeres mexicanas enfrentan condiciones adversas para desarrollar su potencial económico. ¿En qué consisten esas condiciones? Primero, las mujeres, no sólo en México sino en toda América Latina, reciben una menor remuneración salarial. Por lo general, por trabajo igual los hombres ganan 10 por ciento más que las mujeres. Segundo, las mujeres participan sobre todo en actividades de servicios de bajo valor agregado y menos en actividades de manufactura, agricultura, transporte o construcción. Tercero, ellas enfrentan serios retos para ascender a puestos más allá de los operativos. De hecho, las mujeres en puestos directivos son una especie rara, no sólo en México sino en todo el mundo. La participación de mujeres presidentes o gerentes generales apenas llega al 3 por ciento en las 100 empresas más grandes de países como Argentina, Colombia o México. Cuarto, las mujeres deben conciliar sus responsabilidades familiares y laborales con pocos apoyos y prácticamente sin flexibilidad en el mercado laboral. Finalmente, la evidencia empírica encuentra que el crecimiento económico per se no es un factor de convergencia hacia la equidad en las condiciones laborales vigentes entre hombres y mujeres. Por lo anterior, la instrumentación de políticas públicas es fundamental para ayudar a superar esos obstáculos y promover una más eficiente inserción de la mujer en la vida productiva del país. Dichas políticas deberán ubicarse en la agenda económica nacional y, específicamente, en la de competitividad y no solamente en la agenda de desarrollo social.

¿Equidad de género?

El Índice Global de Brecha de Género, desarrollado por el Foro Económico Mundial, mide la desigualdad entre hombres y mujeres en 134 países, tomando en cuenta indicadores de educación, salud, oportunidad económica y representación política; en su Reporte 2009, México se ubicó en el lugar 98. Específicamente, en el Índice de Oportunidad y Participación Económica, México ocupó la posición 114 junto con Nicaragua (104), Chile (112) y Guatemala (115) como los países de América Latina y el Caribe que ostentan mayores niveles de desigualdad para las mujeres. Este contexto adverso también ayuda a entender por qué, en general, las mujeres buscan mejores opciones al iniciar sus propias empresas; es decir, las mujeres son empresarias más por la necesidad de superar condiciones laborales desfavorables, de obtener mayores ingresos o de lograr la flexibilidad necesaria para conciliar familia y trabajo, que por haber identificado una oportunidad de negocios. México es un país en donde aún hay pocas mujeres empresarias, y muchas menos que han logrado consolidar empresas medianas o grandes. Por lo general, sus negocios tienden a ser micro empresas que se inician en la informalidad y, en muchas ocasiones, así se mantienen. Se concentran en sectores de servicios de bajo valor agregado (cuidado del hogar, confección, cosmética, preparación de alimentos, etcétera). Sus avances son lentos o nulos, con inversiones modestas, dado que no suelen contar con un capital importante o porque su acceso al crédito ?cuando lo tienen? es muy limitado. El iniciar empresas motivadas por la necesidad tiene serias implicaciones para el tipo de empresas que desarrollan, pero también de manera más amplia para la economía en su conjunto. La necesidad y la improvisación llevan necesariamente a desaprovechar el potencial que puede ofrecer la capacidad emprendedora y empresarial de las mujeres para hacer de ellas un motor para la generación de oportunidades económicas, de empleos formales y permanentes, de innovaciones, y de desarrollo y crecimiento económico en sus comunidades.

El principio de la solución

El mundo empresarial en América Latina ya empieza a entender que las mujeres son una fuente de riqueza para el mundo de los negocios, así como una fuente de competitividad. Se ha visto que una excelente forma de promover las ventajas competitivas del mundo corporativo ha sido mediante la incorporación de mujeres en las empresas, pues la diversidad de puntos de vista enriquece sus procesos de toma de decisiones. El Monitor Global de las Empresas (Global Entrepreneurship Monitor) encuentra que las empresas que han incorporado a mujeres en sus consejos directivos tienen, en promedio, una rentabilidad de 2 a 3 puntos porcentuales mayor que aquéllas cuyos consejos están sólo constituidos por hombres. En este sentido, grandes empresas ya han establecido programas para promover a su fuerza laboral femenina, quien a su vez les genera ventajas competitivas en el mercado y las posiciona mejor. Las empresas mismas han desarrollado políticas y programas que incluyen el logro de metas cuantitativas para incorporar a más mujeres en todas sus áreas, programas especiales de desarrollo profesional que benefician especialmente a la mujer, sistemas de mentores patrocinados por las propias empresas, horarios laborales flexibles compatibles con responsabilidades y obligaciones familiares o guarderías en la propia empresa, por mencionar algunos. Estas decisiones corporativas que han mostrado resultados positivos no sólo en términos de participación de las mujeres, sino más aún en términos del incremento en su competitividad, son esfuerzos aislados que podrían tener un mayor impacto si fueran parte de la agenda de política económica nacional. Hasta hoy, las políticas para este sector en México han emanado sobre todo de una agenda social y no han estado correctamente articuladas con las políticas productivas del país, lo que ha impedido que las mujeres cuenten con condiciones propicias o instrumentos apropiados para desarrollar su potencial, por lo que el mercado no aprovecha lo que ellas tienen para aportar. El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) fue creado en 2001 y ha sido el ente principal promotor de la participación equitativa de hombres y mujeres en la economía mexicana.

El Inmujeres creó el portal Emprendedoras y Empresarias (http://empresarias.inmujeres.gob.mx/) que dirige a una serie de sitios del gobierno federal que ofrecen información sobre la creación, desarrollo y consolidación de empresas, así como herramientas para orientar a las mujeres emprendedoras y empresarias hacia la profesionalización de sus proyectos productivos. Otros programas de apoyo a la mujer empresaria están en la Secretaría de Economía; cuentan con programas diseñados para mujeres como el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales para el apoyo a proyectos y el Programa Impulso Productivo para la Mujer, del Fondo Nacional para la Empresa Social. También promueve junto con la Asociación Latinoamericana de Oportunidades de Negocios, AC, una serie de foros PyME Mujer en las principales ciudades del país en donde se presentan productos, servicios e instrumentos para apoyar a las mujeres en la dirección y gestión de sus empresas. Igualmente, Nacional Financiera ofrece cursos de capacitación para que las mujeres empresarias puedan identificar “herramientas y mecanismos para desarrollar su empresa en forma más eficiente, competitiva y rentable”. Pero éstos son esfuerzos aislados que carecen de una visión integral sobre la contribución que las mujeres puedan hacer a la economía del país.

El reto entonces está en encontrar la forma en que éstas se encuentren en mejores condiciones para optar cómo desarrollar su potencial económico, ya sea a través de un empleo remunerado, a través del autoempleo o el establecimiento de una empresa y no por una necesidad que las empuje a ello. El desarrollo de este potencial pasa necesariamente por la creación de condiciones de equidad y aquí las políticas públicas orientadas a fortalecer el sector productivo, no las del sector social, son las que podrían propiciar un contexto conducente para aprovechar el potencial económico de las mujeres. Una política pública para este sector productivo tendría que considerar la forma de ofrecer mayor acceso al crédito, opciones para conciliar familia y trabajo, ventanillas expeditas para cumplir con trámites burocráticos, capacitación empresarial, mayor acceso a las tecnologías de información, así como apoyo al desarrollo de servicios con mayor valor agregado e incentivos para que más empresas en México incorporen a mujeres en su fuerza laboral y les permitan la movilidad, por mencionar algunos. Igualmente importante será el contar con un fuerte componente de difusión que sensibilice a la sociedad en su conjunto sobre los beneficios económicos para la sociedad de una mayor y mejor participación de las mujeres en el mercado. El impulso de las mujeres en el mercado laboral, así como la creación de mujeres empresarias exitosas son un tema económico que debería ser uno de los ejes de la agenda de política económica nacional y de las entidades responsables de promover la actividad productiva y la competitividad. El incorporar el desarrollo de la fuerza laboral femenina, y de manera particular de las mujeres empresarias en la agenda económica nacional y en la de competitividad, sería una acertada política económica que permitirá aprovechar un valioso recurso para contribuir al crecimiento y desarrollo nacional.

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