Quién no recuerda a Julia Roberts interpretando a la aguerrida Erin Brockovich que logró integrar a una gran comunidad de estadunidenses, alejados del American way of life, para reclamar a Pacific Gas and Electric Company daños millonarios por la contaminación del medio ambiente con residuos altamente tóxicos.


Aquella película de 2000 hizo suspirar a muchos mexicanos por un estado de derecho casi perfecto que generó equilibrios ante un segmento de la población desprotegido y vulnerable. Era la época en que Vicente Fox con dos años de intensa campaña decía a los votantes mexicanos que ellos sí podían hacer la diferencia; que juntos podían sacar al Partido Revolucionario Institucional de la Presidencia de la República y hacer que la democracia llegara a nuestras vidas.

La frase “Ya ganamos” era el principio del cambio. Luego de una década, la ciudadanía no podría estar más desencantada y en pugna con los políticos después de una serie de cambios fiscales que sepultaron cualquier intento de consumo en 2010, de las omisiones y las políticas que propician el incremento en el costo de los servicios públicos. A cambio, los partidos y la llamada alta burocracia del país mantuvieron sin cambios sus privilegios. Por eso, en medio de tal desencanto, es una buena noticia que con la posible reforma al artículo 17 de la Constitución, los ciudadanos mexicanos ingresen a la era de los llamados derechos de última generación para dar paso a las acciones colectivas (class actions). En esta edición, la primera en una nueva era para Fortuna. Negocios y Finanzas, el abogado Jorge Sepúlveda (Página 14) explica los alcances y beneficios jurídicos de esta medida que amerita una modificación en la Constitución y, por lo tanto, el consenso de los congresos estatales. Vale la pena porque ahora la sociedad no sólo tendrá derecho a que se repare el daño de un individuo, sino el mismo que afectó a todo un grupo bajo las mismas circunstancias. Poco o tal vez nada hubiera logrado Brockovich si el marco jurídico en Estados Unidos no hubiera contado con las garantías necesarias.

Las acciones colectivas, asegura la exposición presentada ante el Senado de la República, son eficaces para prevenir las conductas antisociales y, por su puesto, los abusos de poder. Ahora, en principio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos también tendrá más herramientas para hacer valer las garantías de los mexicanos frente a las instituciones del Estado. En Estados Unidos, el derecho a las class actions alcanzó al poderoso Grupo México. La empresa Asarco, cuya administración fue recientemente recuperada tras un largo juicio de bancarrota, también fue demandada por activistas y ambientalistas de varios estados de Estados Unidos que reclamaban millonarias compensaciones económicas. Ahora, por cierto, que Grupo México recuperó la administración de Asarco tendría que pagar indemnizaciones a ciudadanos estadunidense y, eventualmente, a grupos de mexicanos que a través de organizaciones fronterizas se sumaron al reclamo, al amparo de una legislación extranjera. El riesgo que se corre ahora, sin embargo, es que en el trayecto hacia los congresos estatales y en la esperada votación final en la Cámara de Diputados, los actores que se consideran afectados por la medida, sobre todo empresas de productos y servicios masivos, intenten frenar el avance de los derechos de tercera generación de los mexicanos. Por ello, es el momento de que los ciudadanos vigilen el terreno ganando.