La falta de protección a los migrantes en México y el mundo obedece a la carencia de políticas públicas, un ambiente xenófobo y a la persecución de la policía que los condena a una escasa movilidad en ciudades con culturas y etnias ajenas, y los coloca en intensa competencia con otros migrantes

 

Tapachula y Tijuana, en México; Mosul, en Irak; Abidjan, en Costa de Marfil, y Estambul, en Turquía, son urbes que carecen de políticas públicas de auxilio a los migrantes en su éxodo hacia Estados Unidos o Europa.

En las llamadas “ciudades frontera” o “ciudades de tránsito”, los migrantes peregrinarán largo tiempo antes de encontrar una pensión segura y de baja renta: ignoran las vías de transporte internas y las claves lingüísticas de esos centros urbanos. Ninguna institución gubernamental les brinda asistencia u orientación.

A una hondureña de tránsito en Ciudad Juárez o a un pakistaní en Venecia les resulta muy difícil acceder a un médico para atenderse la desnutrición o la fatiga de su larga marcha. Además, no todos los migrantes saben cómo conectar al contratista que los integrará al sector informal, en el que trabajarán por una bajísima remuneración.

Esa falta de asistencia es idéntica para los migrantes que diariamente arriban a las ciudades de tránsito de África, América, Asia y Europa. Para ellos, esas metrópolis, más que refugio, son trampas insalvables, advierte el Observatorio Experimental sobre las Migraciones Internacionales en las Áreas Urbanas de América Latina (Observatorio Miurbal).

El observatorio –integrado por el Instituto Polis (Sao Paulo, Brasil), la Universidad de Chile (Santiago, Chile), la University of British Columbia (Vancouver, Canadá) y el Colegio de la Frontera Norte (Colef, México)– urge a impulsar un debate plural sobre políticas migratorias congruentes en América Latina y el mundo.

Anónimos rechazados

Los primeros datos del estudio del Colef y el Miurbal (que comenzó en 2006 y concluirá a fines de 2008) indican que la mayoría de los migrantes internacionales se suman a la población de baja renta y tienden a vivir dentro de su propia comunidad en las ciudades que los acogen en su tránsito.

Paradójicamente, esa integración aumenta su segregación territorial. Mientras, las autoridades locales son incapaces de enfrentar el fenómeno migratorio por ausencia de información.

Pese a toda su aparente tolerancia y su diversidad social real, las ciudades siempre han sido hostiles a las etnias, agrega el análisis. La falta de dinero y de familiaridad con el idioma obliga a los nuevos huéspedes a integrarse a los guetos ya existentes o a formar nuevos, en los que recrean su cultura original al tiempo en que también se proveen de empleo, señala por su parte el análisis Diálogo sobre globalización y cultura en un mundo cada vez más urbano de la organización Hábitat de Naciones Unidas.

Entre los beneficios de unirse a grupos de migrantes connacionales en las ciudades de tránsito, destaca la influencia de su cultura en la planificación y gestión de las ciudades y que mantengan su identidad cultural. Sin embargo, en esas “ciudades frontera” el auge cultural de un grupo nacional o de varios de ellos también puede causar temor, tensión racial y polarización entre la sociedad anfitriona, advierte Hábitat.

Giovanna Marconi, especialista en planeación urbana y en migraciones internacionales de la Universidad de Venecia explica: “Debe protegerse a los transmigrantes en las ciudades; pero hay una total falta de políticas. El ambiente xenófobo y la persecución de la policía los condenan a una escasa movilidad en una ciudad con culturas y etnias ajenas y que además los pone en intensa competencia con los demás migrantes por los recursos”.

Esa situación los obliga a permanecer días, semanas, meses y hasta años en las ciudades de tránsito. Esas urbes (ya sean oasis en el desierto por donde pasan las rutas de migración, aldeas ribereñas al Suchiate o lindantes con los países europeos a través del Mediterráneo) carecen de políticas de atención para los migrantes.

“Esos flujos de personas crean nuevas redes y aportan recursos a las ciudades que revitalizan el mercado local; surgen servicios para el pasaje de personas que traen el auge de empresas de transferencias de remesas. Estos beneficios se olvidan cuando la presión política de los países receptores obliga a las ‘ciudades frontera’ a imponer políticas de control y de colaboración destinadas a detener estos flujos migratorios en las ciudades”, explica la también arquitecta italiana.

Falta un análisis de la actividad que realizan los migrantes extranjeros en Tijuana, Baja California, describe la especialista. “No se sabe prácticamente nada sobre ellos: qué hacen los que se quedan ahí; se estima que provienen de 37 países, pero ninguno aparece en los registros del gobierno estatal o federal.

“El cónsul chino me comentó que los chinos son una gran comunidad en esta ciudad; sin embargo, en el censo de 2000 no aparece registrado nadie nacido en China viviendo en Tijuana”, refiere la autora del ensayo Ciudades de tránsito en las puertas de Europa, catálisis para los migrantes no deseados y profesora visitante del Colegio de la Frontera Norte.

Considera efectiva la ayuda del Grupo Beta a los migrantes, aunque “ellos sólo actúan en la frontera y cuando los migrantes ya viven en las ciudades no hay ninguna política de apoyo para ellos y siguen siendo vulnerables”.

La clandestinidad de los “sin papeles” borra su rastro de las estadísticas oficiales. Cuando se documenta su paso por las ciudades o fronteras, las instituciones de atención a la migración sólo cuantifican ese flujo por permisos de internación o deportaciones. Así, el informe de capturas y rechazos del Instituto Nacional de Migración (INM) de enero a octubre de 2006 reveló que el primer lugar de rechazados correspondió a 501 personas provenientes de China.

El informe estadístico del INM Eventos de rechazo de México según nacionalidad indica que después de los chinos, los indocumentados “capturados y rechazados” de mayor número procedían de Ecuador (325 personas), seguidos por los de Brasil, Perú y Cuba. Asimismo, se da cuenta de la negativa de ingreso a 147 estadunidenses, 73 salvadoreños y 62 bolivianos en ese periodo.

Los migrantes fueron capturados en rutas de migración próximas a ciudades como Tapachula, Chiapas, estado que tuvo el primer lugar de rechazos y aseguramientos del INM en 2006, con 82 mil 520 casos; seguido por el Distrito Federal, 4 mil 977; Torreón, Coahuila, 2 mil 994, y Oaxaca, 4 mil 838.

Urbes de espera

Las políticas restrictivas impuestas por Europa lograron la proliferación de controles migratorios y, con ello, el aumento de los barrios de espera que concentran a jóvenes de origen subsahariano.

Lo mismo ocurre en Tijuana, señala Jorge Santibáñez, investigador del Colef: esa ciudad aloja a cientos de migrantes latinoamericanos que aguardan por semanas o meses para cruzar hacia Estados Unidos. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el plazo de espera aumentó.

Santibáñez afirma que el aumento del control migratorio fortaleció las deportaciones. Por eso, la Casa del Migrante de esa ciudad fronteriza recibe en promedio 120 personas deportadas, entre ellos centroamericanos.

La doctora Giovanna Marconi refiere que en México la migración está fuera de las prioridades estatales; en Tijuana, “sigue siendo un tema marginal para la opinión pública”.

“No existen políticas de prevención ni de atención en las ciudades de tránsito y si las hay, son policiacas que no surgen de la municipalidad sino de los controles que exigen los países vecinos para poner un filtro a las migración. Cuando su mercado interno las necesita, entonces abren de nuevo las fronteras”, concluye la especialista italiana.

 

Santuario o espejismo

Las llamadas “ciudades santuario” o “refugio” son aquellas en donde los agentes de la fuerza pública y los funcionarios no están obligados a interrogar a nadie por su calidad migratoria.

San Francisco y Nueva York son santuarios para migrantes y, de acuerdo con datos de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la delincuencia descendió en 2007 respecto a 2000.

La razón detrás de esas cifras radicaría en los fondos federales que atienden a los migrantes temporales de esas ciudades. En 1988, Nueva York se declaró “santuario” y según la FBI la delincuencia llegó a su mínimo histórico en mayo de 2007.

En contraste, Boston, capital de Massachussets, que no es “ciudad santuario”, duplicó su tasa de violencia en cinco años: pasó de 6.6 por ciento de homicidios en 2000 a 12.9 por ciento en 2005. (NE)

 

 

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