Opinión

Marcos Chávez M.*

El aumento de 4 por ciento en los salarios nominales para 2008 refrenda la política antisocial del calderonismo. El panista Felipe Calderón tuvo una oportunidad más para demostrar que realmente le preocupa el nivel de pauperización que enfrenta la mayoría de los mexicanos e impulsar una estrategia de gobierno de recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Sin embargo, por si alguien esperaba algo diferente, prefirió inclinarse a favor de los intereses que representa y le llevaron al poder de manera oscura: la continuidad de la política neoliberal de contención de los ingresos de la población, que se extenderá por un cuarto de siglo consecutivo.

Una política salarial progresista implica la fijación gradual y sistemática del alza salarial nominal por arriba de la inflación esperada y alcanzada, con el objeto de impulsar la recuperación de las percepciones reales, de revertir el retroceso de la pérdida histórica de su poder de compra. Élla formaría parte de un programa que busque modificar la inequitativa distribución del ingreso nacional. Desde luego, lo anterior tiene que ser complementado con un verdadero pacto social –distinto al autoritario impuesto por Carlos Salinas en su momento– y una vigorosa política de regulación de precios, que evite que los empresarios trasladen los aumentos salariales hacia los precios finales.
Pero la lógica de precios y salarios calderonista se ha ajustado cabalmente a los cánones del neoliberalismo. Es decir, ha impuesto un trato asimétrico de los precios. Ha sido generoso, omiso y cómplice ante el aumento de la mayoría de los precios de los bienes y servicios, tanto públicos como privados, tal y como se ha observado desde la segunda mitad del año pasado, supuestamente para no provocar el desaliento y la descapitalización de las empresas. Para los capitalistas funciona el mercado libre, el derecho de imponer los precios a su libre arbitrio, sobre todo si son monopolios u oligopolios, trasladar cualquier alza en los costos a los consumidores, obtener ganancias especulativas y abusar de la población que ha sido abandonada a su suerte por el gobierno.
En cambio, a los ingresos de los trabajadores se les aplica el puño de hierro. La política salarial calderonista se rige por los mismos principios fondomonetaristas instrumentados en los 24 años que le preceden, por los empleados neoliberales de Estados Unidos, de los organismos multilaterales y del capital nacional y extranjero: Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Vicente Fox. Su contención, su aumento subordinado a la meta ex ante de precios y no ex post, a la meta programada y no a la alcanzada, bajo la falsa y dolosa premisa de que toda alza salarial mayor al objetivo de los precios es contraproducente porque supuestamente, a la larga, provoca una espiral inflacionaria que termina deteriorando aún más el poder adquisitivo de los ingresos, afecta la competitividad, productividad y rentabilidad de las empresas, la atracción de la inversión extranjera directa, la estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y, finalmente, el crecimiento y el empleo.
A los neoliberales les gusta referirse al llamado “periodo estabilizador” (1958-1970) como una época de prudencia en la aplicación de la política económica –definida, entre otras características, por su alto crecimiento real anual (6 por ciento), el mayor empleo formal, la estabilidad de precios (2.9 por ciento) y la disciplina fiscal, entre otros indicadores–, aunque un escritor estadunidense la calificó como un desarrollo desestabilizador cuyos desequilibrios engendrados se sumaron posteriormente a las causas que provocaron la crisis de finales del echeverrismo. Lo que sí es claro es que en esa época los salarios mínimos aumentaron, en promedio anual, 10 por ciento, es decir, muy por encima de la inflación. Si a la tasa media de la inflación se agrega la productividad media anual (4.3 por ciento), el poder real de compra de los salarios creció poco más de 6 por ciento por año. Asimismo, la participación de la masa salarial en el ingreso nacional equivalió al 41.7 por ciento del ingreso nacional.
Esto evidencia un gran contraste con la fase neoliberal, donde la economía se ha estancado (2.5 por ciento en promedio real anual), el empleo formal es precario, han aumentado la informalidad y los flujos migratorios hacia Estados Unidos, han florecido la pobreza y la miseria, y los salarios mínimos han acumulado una pérdida media anual de 3.94 por ciento –si se mide por el índice de precios al consumidor– o de 4.54 por ciento –si se consideran los precios de la canasta básica, en su poder de compra–, y su participación en el ingreso nacional cayó hasta 33.5 en 2004. Mientras los desarrollistas promovieron la elevación histórica de los salarios, los neoliberales los castigan para transferir la riqueza hacia las cuentas fiscales y los bolsillos de los empresarios, acrecentando la pauperización generalizada.
El impertinente anhelo de los trabajadores por mejorar su nivel de vida, a través de mejores salarios y prestaciones sociales, es visto como una desmesura apocalíptica por el gobierno y los empresarios, que consideran al artículo 123 constitucional como una ironía de mal gusto, ya que en parte de su letra dice: “Los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural”. Por esa razón, para domesticar a los trabajadores, legalmente, se aprestan a modificarlo, junto con las leyes secundarias, y eliminar definitivamente su espíritu. Ese resabio del llamado Estado bienestar es uno de los últimos objetivos que la contrarrevolución conservadora pretende destruir este 2008, para terminar de desmantelar al viejo Estado surgido de la revolución mexicana.
Los costos de esa política son deliberados, no contingentes: la pérdida sistemática del poder de compra de los salarios reales y su grave atraso histórico, la concentración de la riqueza, el empobrecimiento y la miseria generalizados. Ésas han sido la principales características de la política salarial neoliberal que Calderón ampliará hasta 2012 si no encuentra algún obstáculo. Ello, asimismo, fue y ha sido posible gracias a la eficacia de la estructura corporativa del Estado, del control de los sindicatos por parte del gobierno y los empresarios y el apoyo complaciente, interesado y rentable (pecuniariamente y con cuotas de poder) de los dirigentes sindicales que medraron con el priismo y se han reciclado con el foxismo y el calderonismo.
El aumento salarial de 4 por ciento para 2008 apenas evitará, estadísticamente, que la inflación esperada, de 3 a 4 por ciento, deteriore aún más su poder de compra. En 2007 ambos indicadores aumentaron de manera similar (4 por ciento); sin embargo, los hogares sufrieron el alza de hasta 50 por ciento en productos básicos como maíz, trigo y sus derivados, debido al comportamiento de los mercados internacionales (por la especulación y la producción de etanol), la apertura comercial indiscriminada y la decisión de los neoliberales de no modificarla, de proteger al mercado interno y a los productores nacionales. Esta situación provocó que la canasta básica se elevara 5.74 por ciento hasta el 15 de diciembre. Hasta noviembre, los precios de varios bienes y servicios subieron entre dos y cuatro veces más que el alza salarial y el índice general de precios al consumidor: tortillas y sus derivados, 12 por ciento; pan, 9.3 por ciento; huevo, 16.6 por ciento; leche pasterizada y fresca, 7.7 por ciento; aceites y grasas vegetales, 7.4 por ciento; arroz, 8 por ciento; frutas frescas, 10.5 por ciento; azúcar, 9.6 por ciento; varios tipos de cortes de carnes, 11.5 por ciento.
Tales aumentos fueron resentidos con mayor fuerza por las familias de más bajos ingresos. De los 26.5 millones de hogares que existían en 2006, 10.8 millones –42.7 millones de personas– destinan el 40.7 por ciento de su ingreso monetario, en promedio, para la compra de alimentos y bebidas. De éstos, 8.9 millones –53 millones de personas– perciben un equivalente de hasta tres veces el salario mínimo, lo que los coloca en un alto nivel de precariedad. Éllos son las principales víctimas de la desigual política de precios y salarios, y en general, de la estrategia económica neoliberal.
Los 2.02 pesos, o un poco más, que reciben los trabajadores a partir de enero, sobre todo los que ganan hasta un salario mínimo –5.6 millones registrados en 2007, que para Tomás Natividad, líder de la Coparmex, son una simple anécdota estadística–, ya fueron pulverizados por los aumentos en energéticos –gasolinas, electricidad, gas, entre otros–, transporte y otros bienes y servicios. A través de los incrementos, el gobierno y los empresarios han propiciado un traslado adicional de los ingresos de los trabajadores hacia sus bolsillos. El efecto pernicioso, resultado de la política calderonista, es más generalizado si se considera que de 42.9 millones de personas ocupadas, 27.5 millones de personas –64 por ciento del total– no reciben ingresos u obtienen hasta tres veces el mínimo. En sentido estricto, 35.5 millones de ocupados –83 por ciento– que ganan hasta cinco veces el mínimo verán afectados su poder de compra y su nivel de vida.
Calculado por el índice general de precios al consumidor (INPC) y por la canasta básica (IPCB), los salarios mínimos reales registraron un retroceso en 2007, hecho que, dado la actual burbuja inflacionaria, se repetirá en 2008. Al inicio del calderonismo, su pérdida acumulada durante el neoliberalismo, desde 1982, ascendió a 71.87 por ciento medido por el IPC y a 78.85 por ciento si se usa el IPCB. En 2007 fue de 71.9 por ciento y de 75.99 por ciento, respectivamente. El cierre de 2008 podría retroceder un poco más. Aunque los salarios contractuales se han recuperado marginalmente, su pérdida acumulada para 2007 fue de 55.84 por ciento y en los salarios de cotización del IMSS, de 35.5 por ciento.
Uno de los verdaderos milagros del neoliberalismo es que logró hacer retroceder los salarios reales a un nivel conocido en las décadas de 1930 y 1940.
Todo indica que la política salarial del actual gobierno –en complicidad con los priistas y panistas del Congreso–, no hará nada para modificar esa tendencia. Al contrario, la mantendrá y la agudizará con el desmantelamiento de las leyes laborales (la famosa “flexibilidad”), la eliminación de las barreras arancelarias para el sector agropecuario y la destrucción de la industria energética nacional, entre otras contrarreformas que instrumenta y a las que hay que agregar el cambio en el régimen de pensiones del ISSSTE.
En ese sentido, como en los casos de De la Madrid, Salinas, Zedillo y Fox, la política salarial de Felipe Calderón puede definirse como regresiva, retrógrada, genocida social.

Año V No. 60 Enero de 2008