Fotos: Rubén Darío Betancourt

El conflicto político entre el líder minero Napoleón Gómez Urrutia y el gobierno federal descubre las condiciones de inseguridad en las que laboran los mineros de Cananea; éstos se mantienen en huelga, a pesar de que el 11 de enero pasado al menos 800 policías federales, estatales y militares los desalojaron de la propiedad de Grupo México. A fines de 2007, cuando los trabajadores aún custodiaban la mina, Fortuna entró a las instalaciones


Cananea, Sonora. Venas serpenteadas y maltrechas conducen al corazón de Cananea: la mina de cobre, el cerro anaranjado y abierto que se alza en el horizonte y refleja como un rubor la luz solar. Al interior, los bodegones resguardan grandes trituradoras de piedra, ahora silenciosas y casi enterradas por ese fino polvo que traga las piernas y al que los mineros llaman carga.
Entre montañas de desecho laboran desde hace años, explican los hombres afiliados a la sección 65 del sindicato minero, que desde el 30 de julio de 2007 se mantienen en huelga para solucionar los “graves problemas de inseguridad” que ponen en riesgo su vida, y que el 11 de enero pasado fueron desalojados por la fuerza. Niegan que se trate de una presión política para cancelar las órdenes de aprehensión contra su líder prófugo desde mayo de 2006, Napoleón Gómez Urrutia, por supuesta malversación de recursos.
Es el área 24 en donde, al mínimo paso por sus estrechos pasillos, el material pulverizado se levanta en nubes, cubre los cuerpos, estropea la visión. También, aunque se use la mascarilla, penetra la nariz. El destino fatal, la silicosis, que ellos describen como el “pulmón endurecido”, se debe a la inhalación constante del residuo.
Rodeadas por barras de desgaste y poleas en desuso, las maquinarias, por las que pasan 80 mil toneladas métricas de mineral de cobre al día, carecen de guardas de protección. Tampoco sirven las bandas encargadas de expulsar ese fino polvo al ambiente.
Luego viene el pantano. El área 30 de molinos, donde la carga se mezcla con el agua, usada para dar vida a esas grandes bocas abiertas que arrojan cobre. De acuerdo con las normas de seguridad, el líquido debe ser recuperado; no obstante, permanece enfangado en la mina. En esta zona se trabaja con una grúa viajera, cuyos frenos no sirven.
El área de flotación tampoco escapa a las inundaciones. Más aún, los charcos se extienden hasta las zonas de radiación y de transformadores, cada uno de 4 mil voltios, en las que aumenta el peligro. “El exceso de confianza provoca accidentes, ¡cuidado!”, se lee en varias advertencias colocadas por la compañía.
En el gran galerón, las parrillas que constituyen seis pisos hacia lo alto se encuentran rotas o mal ensambladas, al igual que los endebles barandales que rodean las escaleras. Los registros de cables de alta tensión están al descubierto, y algunos pasillos y escalinatas, atascados por la basura. Fuera de éste, los colectores de carga que trepan las paredes, quebrados, inservibles.
En el exterior, donde se ubican un par de molinos al aire libre que en 20 años no han funcionado, se almacena basura de toda clase. Ahí mismo, la carga solidificada sepulta al menos tres tomas de hidratantes. En la misma situación se encuentran las mangueras que deben extinguir cualquier conato de incendio.
En esta mina, la productividad se garantiza con mascarillas, guantes, lentes, casco y protectores de oídos, porque las máquinas producen ruidos insoportables. Privados de dos sentidos –el oído y la visión–, más de mil mineros trabajan en estos angostos pasadizos, entre las grandes trituradoras de piedra.
En manos de Grupo México, a sus 267 años de operación, Cananea es uno de los depósitos de mineral de cobre más grandes en el mundo y representa, para la empresa de Germán Larrea, la mina de cobre de tajo abierto más importante en el país.

Objeto de la huelga

Sergio Tolano, dirigente de la sección 65 del Sindicato Minero, asegura que la contaminación y los riesgos dentro de estas instalaciones se deben a que la empresa privilegia la producción y se olvida de la seguridad.
Grupo México es “la primera compañía mundial en estar listada públicamente en los mercados de valores en términos de reservas de mineral de cobre”, indica su información oficial. Agrega que, “a través de Americas Mining Corporation (subsidiaria que agrupa las operaciones mineras en México, Estados Unidos y Perú), se posiciona como el tercer productor de cobre más grande del mundo; segundo, de molibdeno; cuarto, de plata, y octavo, de zinc”.
Por cada día de paro laboral en sus minas de Cananea, Sonora; Taxco, Guerrero, y San Martín, Zacatecas, la empresa calcula pérdidas por 5 millones de dólares, que de agosto a la fecha suman más de 550 millones.
“La empresa no está perdiendo: ahí está el material. A lo mejor hasta ella misma está provocando estos paros para darle un mayor valor al cobre. Si sube el cobre la empresa ahí lo tiene como reserva”, critica Tolano.
El líder local explica que, aunque el salario no sea el mismo, todos los trabajadores asumen los riesgos. Detalla que el ayudante general gana 130 pesos al día; el electromecánico soldador especial, 165, y el electromecánico soldador de primera, 184 pesos diarios.
Además de mejorar las medidas de seguridad y los sueldos, los mineros de Cananea exigen: pago de la compensación por introducción de nuevas maquinarias; respeto a las ocho horas laborales; reapertura de la clínica obrera para la atención médica de ellos y de sus familiares, cerrada desde 1999; respeto irrestricto a los días de descanso y vacaciones, así como a las becas, pensiones por retiro, casas habitaciones, seguro de vida.
Sergio Tolano destaca el capítulo de la compensación, pues dice que el contrato colectivo estipula que, al momento de adquirir un equipo nuevo, la compañía debe cubrir una bonificación de producción. “Y tiene más de un año que compró equipo y esas ganancias se le vienen descontando al trabajador”.
Otro problema que enfrentan los empleados de Grupo México es el de las subcontrataciones. “El artículo 353 de nuestro contrato laboral dice que al momento que la empresa requiera una compañía tercera tiene que hacer un convenio con el sindicato, para acordar el tiempo y el número de trabajadores. Eso tampoco se ha respetado, la empresa ha metido trabajadores de más y eso ha venido ocasionando un desplazamientos de los sindicalizados”.
El líder local explica que Grupo México les reporta alrededor de 800 trabajadores; no obstante, indica que “dentro de las instalaciones nosotros vemos muchos más, casi una cantidad similar a nosotros, que somos mil 320. Hace falta personal y se suple con empresas terceras”.
Sobre las condiciones de los hombres subcontratados, dice que “la verdad no sabemos qué derechos laborales se les cubre. Pero para nosotros es preferible que todos los trabajadores tengan garantías y derechos”.
“Autoridades parciales”
Sergio Tolano se queja de la actuación del gobierno federal, pues “ha tratado de desvirtuar el movimiento, de dividir a los funcionarios del sindicato”. Añade que “hemos sufrido varios embates, porque la empresa así lo ha querido. Es la empresa la que ha utilizado el asunto de Napoleón Gómez Urrutia”.
A fines del sexenio pasado, Gómez Urrutia fue investigado por la Procuraduría General de la República, que lo acusaba de realizar supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, cargo del que fue exonerado en septiembre del año pasado.
Sin embargo, continúa vigente la acusación por fraude financiero en contra del líder y otros 23 supuestos cómplices: según la PGR, con ayuda de los delegados fiduciarios de Scotiabank Inverlat, los indiciados dispusieron en forma indebida de 35 millones de dólares, de los 55 que se resguardaban en el fideicomiso privado F/9645-2, cuyos legítimos beneficiarios son los mineros y no el sindicato (Contralínea, 57).
De acuerdo con el expediente de la averiguación previa UEIDFF/FINM02/64/200, los recursos –que según las autoridades fueron defraudados– se transfirieron por los circuitos financieros de México –Scotiabank Inverlat, BBVA Bancomer, Banamex, Banorte e Ixe Banco– a cuentas privadas en bancos extranjeros, como el Laredo National Bank, Bank Switzerland, Banco Cafetero de Bogotá y Wells Fargo Bank, entre otras instituciones, con lo que se buscó ocultar el origen y destino.
Para Sergio Tolano estas investigaciones se derivaron de la oposición de Gómez Urrutia a la iniciativa de reforma laboral que se conoció como ley Abascal, impulsada por el exsecretario del Trabajo José María Abascal Carranza. “Nuestro dirigente se opuso. Fue de los primeros que salió en defensa de los trabajadores y a partir de entonces se desató la persecución del gobierno federal”.
Del actual gobierno, encabezado por Felipe Calderón, señala que el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, favorece a la compañía de Germán Larrea. “Él insistía que éste era un movimiento ilegal, que no teníamos fundamento para emplazar la huelga. Sus palabras nos crean la duda respecto de su imparcialidad. Nosotros vemos que está cargado hacia el empresario”.
Añade que “a nivel local la empresa ha pagado a personas para alimentar las denuncias contra Napoleón Gómez Urrutia, para tenerlo fuera del país, mientras ella (la empresa) tiene a un grupo de gente para que se hagan sindicatos blancos”.
El dirigente local reconoce que no han podido llegar siquiera a la mesa de negociación y observa que falta mucha voluntad para resolver el conflicto laboral. “En primer lugar del gobierno federal, porque maneja las instancias: la Secretaría del Trabajo está facultada para convocar a las reuniones conciliadoras. En segundo, de la empresa”.
Denuncia que “hay mucha maquinaria que ha llegado a su estado final y está ocasionando accidentes, contaminación; pérdidas para ellos y para nosotros un desgaste. Lo más grave es que en cualquier descuido se puede perder la vida: las maquinarias viejas pueden soltar alguna pieza y ésta puede caerle en la cabeza a alguien de una altura de 50 o 60 metros”.
Sergio Tolano asegura que “en este tiempo de bonanza para la empresa nosotros no podemos permitir que deje el renglón de seguridad desprotegido. No somos agachados ni nos van a lavar el cerebro. Sentimos el peso histórico que tenemos como sección 65, aquí se han dado conquistas para toda la nación: de aquí salió la jornada de ocho horas. No vamos a permitir que de un día para otro la empresa nos quiera poner jornadas de 12 horas”.
La huelga ocurrida el 1 de junio de 1906 contra Cananea Consolidated Copper Company –propiedad del estadunidense William C. Greene–, es considerada como el preludio de la revolución mexicana. En ese entonces, 2 mil trabajadores mexicanos demandaban jornadas más justas y un salario equitativo al de los mineros de Estados Unidos que laboraban en la misma empresa.
Fortuna solicitó entrevista con el empresario Germán Larrea y con el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. En ambos casos, las “agendas saturadas” impidieron conocer las versiones respecto al conflicto laboral y las condiciones de trabajo de los mineros de Cananea.

Pasta de Conchos

El 19 de febrero de 2006, la mina de carbón Pasta de Conchos, ubicada en Nueva Rosita, Coahuila, explotó. En su interior laboraban 65 hombres. Ninguno sobrevivió. El accidente fue provocado por la alta concentración de gas, según las versiones de los deudos.
A la fecha, Industrial Minera México mantiene vigente su concesión. Los funcionarios de esta empresa, propiedad de Grupo México, no fueron sancionados económica ni penalmente.
De acuerdo con la Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, la cancelación de las concesiones es legalmente improcedente, pues entre las ocho causales para retirar el permiso, previstas en el artículo 55 de la Ley Minera, no está el siniestro. (NF)

Mineras de Grupo México

Mexicana de Cobre, constituida en 1968 al amparo de la concesión otorgada por el gobierno federal mexicano para explorar la mina de La Caridad. La explotación de la ésta comenzó en 1979, cuando Mexcobre estaba bajo el control conjunto de Nacional Financiera, la Comisión de Fomento Minero y de Fidenome, sociedad de un grupo de inversionistas mexicanos entre los que destaca la familia Larrea. En noviembre de 1988, Minera México adquirió 91 por ciento de las acciones de Mexcobre, por 680 millones de dólares. El resto, 9 por ciento, quedó en manos de accionistas minoritarios de Fidenome y de Mexcobre.
Mexicana de Cananea es propietaria de la mina de cobre de Cananea, Sonora, en operación desde 1899. Dicha mina fue adquirida en 1917 por Anaconda Company y explotada únicamente en forma subterránea hasta principios de 1940, cuando se desarrolló el primer tajo abierto. En 1982, Anaconda vendió la Compañía Minera de Cananea a Nafin. Siete años después una huelga precipitó la quiebra y para 1990, mediante un procedimiento de subasta pública, Grupo México adquirió el ciento por ciento de los activos, por 475 millones de dólares.
Industrial Minera México y Minerales Metálicos del Norte son las empresas operadoras mineras de mayor antigüedad del Grupo. Sus operaciones se ubican en cinco minas de zinc, cobre, plomo, plata y oro, entre las que destacan la de San Martín y Charcas, Zacatecas; así como Pasta de Conchos, Coahuila.
SCC es una empresa americana que opera las minas de Toquepala y Cuajone en Perú. Las acciones de SCC se encuentran listadas en el New York Stock Exchange y en la Bolsa de Valores de Lima, bajo el símbolo PCU en ambas bolsas. (NF)

Publicado: Enero de 2008, año V, No. 60