Debido a la morosidad de la federación, el gobierno del Distrito Federal debe subsidiar casi el ciento por ciento del costo anual de la prestación de servicios por el suministro del agua. Los adeudos de las dependencias rebasan los 4 mil millones de pesos, y algunas todavía se niegan a pagar. “Es una falta de civismo”: Espino de la Peña
La deuda de la federación y de otros morosos por la prestación de servicios por el suministro del agua le ha costado al gobierno capitalino 6 mil millones de pesos en subsidios, declara Rafael Espino de la Peña, procurador fiscal del Distrito Federal.
Dependencias federales deben 4 mil 600 millones de pesos, a pesar de que, según el Informe de avance trimestral enero septiembre 2007 elaborado por la Secretaría de Finanzas, se recaudaron 2 mil 264 millones de los 2 mil 529 millones de pesos programados para ese año.
Al gobierno capitalino le cuesta 9 mil millones de pesos al año prestar el servicio del agua, y recauda anualmente 3 mil millones de pesos. Además, el consumo de 0 a 10 metros cúbicos cuesta en la ciudad de México 15 pesos.
“Es una aberración y falta de civismo que la federación no pague, si también es usuaria. Si no cubren el costo del derecho, el gobierno de la ciudad no tiene recursos para llevar el insumo a los usuarios”, advierte Espino de la Peña.
A noviembre de 2007, 124 dependencias federales debían el pago de agua, de las que sólo 100 habrían efectuado conciliaciones. Por el contrario, la Secretaría de Energía sufrió el 27 de ese mes la suspensión del servicio por adeudos de 287 mil pesos. En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con adeudos por 105 mil y 600 mil pesos respectivamente, fueron emplazadas a pagar.
Históricamente la SEP debe 1 mil millones de pesos por la prestación de servicios por el suministro del agua. Debido al monto, el gobierno del Distrito Federal la conminó a pagar adeudos desde 2002. Ya cinco meses atrás habían iniciado los operativos de inspección a contribuyentes morosos y desde octubre se enviaron cartas a las distintas entidades para saldar adeudos que alcanzaban hasta los 2 millones de pesos.
Tal fue el caso del Ejecutivo federal, quien adeudó 2 millones 700 mil pesos, y de la Secretaría de Seguridad Pública, con una deuda por 2 millones 300 mil pesos, así como la Secretaría de Gobernación, por 1 millón 435 mil pesos; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 868 mil pesos; Función Pública, 230 mil pesos, y la Comisión Federal de Electricidad, 333 mil pesos.
Estas dependencias firmaron compromisos de pago en mensualidades. Por el contrario, la SEP y Relaciones Exteriores negaron tener cuentas pendientes con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM) hasta que el 26 de noviembre la SRE comenzó a pagar cuotas rezagadas y la SEP comenzó negociaciones con el gobierno del Distrito Federal y recurrió a un amparo.
Otras dependencias morosas son la propia Comisión Nacional del Agua (Conagua), con cargos por 2 millones 800 mil pesos; el Consejo de la Judicatura Federal, con 6 millones 591 mil 848 pesos; el Estado Mayor Presidencial, con 7 millones 830 mil 869 pesos; la Auditoría Superior de la Federación, con 779 mil 784 pesos, y Luz y Fuerza del Centro, con 11 millones 342 mil 22 pesos.
Al 30 de noviembre, de 124 entidades, el Banco de México, Diconsa, Ferrocarriles Nacionales de México, el Fideicomiso Liquidador del Banco Obrero, la hemeroteca del diario El Nacional, unidades administrativas y tiendas del ISSSTE, y la Secretaría de la Defensa Nacional –esta última con cargos por 215 millones 834 mil 872 pesos– no se habían acercado al Sistema de Aguas para resolver sus adeudos.
Para el funcionario, la federación no está exenta del pago del derecho al agua como lo sostienen algunas dependencias que dejaron de costearlo. Se excusan –explica el encargado de procurar la responsabilidad fiscal en la capital del país– en el artículo 115 constitucional que libera a los bienes de dominio público del impuesto predial, y lo hacen extensivo al pago de derechos cuando se trata de una contribución de naturaleza distinta.

Combate a la elusión fiscal

Según la Secretaría de Finanzas del gobierno del Distrito Federal, entre enero y septiembre de 2007 las acciones de combate a la evasión y elusión del pago de este derecho resultaron en la recaudación de 22 millones 500 mil pesos. El SACM suspendió el servicio a 523 contribuyentes y realizó seis restricciones más.
Además, emitió 1 millón 720 mil 417 cartas invitación y 155 mil 936 requerimientos de pago del servicio a usuarios con omisiones en sus pagos, con lo que obtuvo 251 millones de pesos. Todo lo recobrado es invertido, además de en el mantenimiento a la red, en el pago a la Conagua, organismo que aumentó el agua en bloque para la ciudad de México en 18 por ciento.
También se presentaron 60 querellas por la instalación de tomas clandestinas o por reconexión estando suspendido el servicio. Generalmente –apunta el procurador fiscal– las infracciones ocurrieron en contribuyentes que usan agua con fines no domésticos. De acuerdo con Espino de la Peña, dichas faltas representan de 25 a 30 millones de pesos: “Se trata de conductas que lastiman a la hacienda pública local y por eso iniciamos procesos penales que buscan sancionar penalmente al transgresor”.
Mientras que con la campaña contra las dependencias morosas –expone Espino de la Peña– se han recuperado más de 150 millones de pesos. Para otorgarle facilidades de pago a las secretarías y organismos descentralizados, el gobierno de la ciudad disminuyó sus créditos fiscales y eliminó multas y recargos.
El funcionario considera que se deben evitar las exenciones, pero sí hay que estimular el pago de las contribuciones. En ese sentido –explica– en la nueva Ley de Ingresos para el Distrito Federal, las deudas por agua anteriores a enero de 2003 serán eliminadas.
Con la reforma al Código Financiero –aprobada por la Asamblea Legislativa el 16 de diciembre– para el ejercicio fiscal 2008, quien consuma desde 30 metros cúbicos de agua pagará más. Por otro lado, se simplifica el pago de impuestos. Así desaparecerá la base renta en el predial y sólo se cobrará por valores unitarios, es decir, se igualará la cuantía de suelo y construcción con los valores del mercado. También disminuirán los regímenes de excepción; el plazo de prescripción de créditos fiscales será a cinco años; se mejorará el cobro de derechos impugnados de inconstitucionales, y se le otorgará mayores facultades a las delegaciones para establecer tarifas.
Por lo demás, Espino de la Peña anuncia que se incorporarán las tecnologías de información para el pago de impuestos y servicios, como una oficina virtual que funcionará a partir de 2010. Así como se invertirá en la realización de una base de datos del catastro y en la actualización de datos relacionados al predial.

Tenencia, necesaria

En el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó el 21 de diciembre que la abrogación a la Ley del Impuesto sobre la Tenencia entrará en vigor en enero de 2012. El gravamen que deja una recaudación de 22 mil millones de pesos al año desaparecerá como parte de los acuerdos de la reforma fiscal.
En entrevista, el procurador fiscal del Distrito Federal señala que la revocación del impuesto afectará severamente las finanzas de la ciudad. Entre enero y septiembre de 2007, se recaudaron por concepto de tenencia o uso vehicular 378 millones de pesos de los 274 programados para ese mismo periodo.
En opinión de Espino de la Peña se debe pugnar porque haya cada vez mayor descentralización fiscal: darle más recursos a los estados y responsabilidad para el manejo de los mismos. Tratándose de la hacienda pública local más desarrollada –el 55 por ciento de los ingresos en el DF provienen de la recaudación– la tenencia vehicular representa el 2 por ciento de los ingresos fiscales.
Para echar atrás la revocación de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia, el procurador comenta que se buscará obtener consenso con otros estados para llegar a un acuerdo con la federación.

Publicado: Enero de 2008, año V, No. 60