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La administración de la primera ministra Giorgia Meloni de Italia planea tomar medidas enérgicas contra el fraude fiscal en los alquileres a corto plazo, y busca aumentar los impuestos del 21% al 26% para los dueños de múltiples propiedades que sean utilizados como Airbnb.
Esto después de que un juez italiano ordenó el embargo de 836,040 millones de dólares de la unidad irlandesa de la plataforma Airbnb por presunta evasión fiscal, informó el lunes la fiscalía de Milán.
La investigación se refiere al supuesto incumplimiento de Airbnb a hora de retener el 21% de los ingresos por alquiler de los propietarios y pagarlo a las autoridades fiscales locales, como exige una ley de 2017, dijeron los fiscales de la ciudad del norte de Italia en un comunicado.
Tres personas que ocuparon cargos directivos entre 2017 y 2021, el periodo que abarca la presunta infracción, están siendo investigadas y son objeto de forma conjunta de la orden de incautación de dinero, añade el comunicado.
De acuerdo con diversos medios, la empresa había impugnado sin éxito la ley de 2017 citada por los fiscales en una batalla legal que terminó en diciembre con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE a favor del gobierno italiano
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