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Aprobada a fines de abril por la mayoría legislativa del Congreso, la nueva Ley Minera afectará negativamente una actividad que representa el 2.5% del PIB, al frenar la exploración, acortar la duración de las concesiones y generar incertidumbre operativa
La agencia de riesgos crediticios Fitch Ratings dijo el martes que la nueva ley de minería de México “paralizará la actividad” debido a que afectará “negativamente” la actividad en materia de exploración, duración de concesiones, continuidad de las operaciones y porque reactiva las negociaciones comunitarias.
Las grandes reservas, las concesiones prospectivas y una estrategia de crecimiento diversificado, sin embargo, limitaría los impactos en las tres compañías que monitorea la agencia, Grupo México, del empresario Germán Larrea y su subsidiaria indirecta Southern Copper, así como Industrias Peñoles, de la familia Bailleres, listadas en las bolsas de valores.
Las empresas de Larrea ostentan los grados de inversión BBB+ mientras que Peñoles está calificada con un BBB, las tres “Estables” en el horizonte de la Perspectiva de la Calificación, la cual comprende un periodo de uno a dos años.
También colocan por encima de la calificación del Soberano México, de BBB-.
Las concesiones de Peñoles, en promedio, necesitan renovarse en el año 2050 mientras algunas requieren renovación para 2030. A su vez, más de la mitad de las principales concesiones de Grupo México necesitan renovarse en el 2050 o después, mientras que 5% de las hectáreas ocupadas por la empresa requieren renovación para 2040, o para antes.
“La mayoría de las concesiones de Grupo México y Peñoles no se ven afectadas materialmente” indica Fitch.
Incertidumbre
Dada su gran base de reservas, indica Fitch, Grupo México se ve menos impactada por las restricciones de exploración, la actividad más afectada con la nueva ley.
A su vez, la vida útil más baja de la mina de Peñoles, de aproximadamente 10 años, no es indicativo de un mayor riesgo ya que posee concesiones prospectivas para sus minas, en su mayoría subterráneas.
Aunque las dos empresas mineras tienen prospectos dentro y fuera de México, además que las operaciones de Grupo México están diversificadas en Perú y Estados Unidos, “…sigue siendo incierto cómo se aplica la ley a los nuevos descubrimientos dentro de las concesiones actuales”.
Si bien quedan detalles por definir en reglas específicas, las actividades de exploración se centralizarán con el Servicio Geológico Mexicano, anteriormente una agencia de investigación dirigida por el gobierno, que permitirá la exploración privada luego de llegar a acuerdos especiales de colaboración.
“Esto podría resultar en subastas públicas de nuevas concesiones en lugar de un proceso de prioridad del primer solicitante”, indica Fitch.
Además, los requisitos de concesión son los mismos para cada etapa de explotación, lo que genera una mayor carga regulatoria para los proyectos en etapa inicial.
Esto incluye la presentación de futuros planes de cierre de minas, cuando tales detalles son difíciles de obtener antes de que se lleve a cabo la exploración.
Más impactos
La aprobación incluyó reformas a la Ley de Aguas Nacionales de México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
La duración de las concesiones de derechos de agua coincide con la de la concesión minera, según la nueva ley.
Sin embargo, según la nueva ley de minería, el gobierno puede revocar la concesión minera “si cree” que el consumo humano local de agua está en riesgo, lo que aumenta la incertidumbre y los requisitos operativos administrativos, de acuerdo con Fitch.
La ley también impone estándares de informes más altos, incluidos informes mensuales del uso diario de agua.
Los propietarios de terrenos superficiales tendrán derecho a por lo menos un 5% de participación en las utilidades si las empresas mineras no han obtenido los derechos de superficie.
Además, con la nueva ley se realizará una consulta previa a las comunidades indígenas para iniciar trabajos.
“Si bien ni Grupo México ni Peñoles trabajan en tierras indígenas, esta regulación puede ejercer cierta presión sobre las relaciones con las comunidades”, señala Fitch.
Características
La nueva ley acorta las concesiones de 50 años a 30 años (cinco años de preparación con 25 años de operación), con una renovación automática de 25 años seguida de una licitación que podría sumar 25 años más, con preferencia para el titular.
La duración máxima total de una concesión se ha reducido de 100 años a 80 años.
“La ley afecta a las nuevas concesiones, pero aún está pendiente con respecto a las concesiones actuales, a la espera de las reglas finales de las respectivas secretarías de gobierno”, anotó Fitch.
La calificadora internacional resaltó que el proceso legislativo de aprobación del proyecto enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue hecho apresuradamente en un Congreso -Cámara de Diputados y Senadores- cuya mayoría legislativa la ostenta el partido en el gobierno, Morena, y partidos afines, en una sede alterna al Senado el último día del periodo legislativo, y sin la presencia de legisladores de oposición, donde también fueron aprobadas más leyes.
La agencia internacional de riesgos crediticios recordó que diputados opositores planean impugnar las leyes cuestionando el proceso de aprobación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reforma a la ley de minería aprobada entre el 19 y el 21 de abril pasados reemplaza al marco legal anterior, promulgado en 1992.
