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Fotos: David Cilia
En confabulación, notarios, funcionarios e invasores despojan de tierras costeras a particulares y posesionarios. El creciente desarrollo turístico en Baja California Sur desata una fiebre por la tenencia de terrenos con playa. En disputa, un mercado turístico que, tan sólo en 2006, dejó una derrama de 59 billones 989 millones 926 mil pesos .
Los Cabos, Baja California Sur. El boom turístico en que se encuentra el estado se cimienta en despojos de tierras públicas y privadas. Mediante el abuso de poder se arrebatan predios costeros, donde los allegados al régimen, apoyados en ocasiones por policías municipales, desalojan sin orden judicial a los aparentemente legítimos propietarios, dice Jorge Ledesma, periodista local.
Agrega que la misma corrupción de funcionarios de los tres niveles de gobierno permite la privatización de las playas locales (propiedad de la nación), en las cuales se prohíbe el acceso al público.
El secretario de Turismo estatal, Alberto Treviño, dijo en su Segundo Informe de Actividades que en 2006 arribaron 3 millones 12 mil pasajeros vía aérea, 8 por ciento más que en 2005. La derrama económica por concepto de ocupación hotelera fue de 59 billones 989 millones 926 mil pesos, 40 por ciento más respecto del año anterior.
De acuerdo con información de la Secretaría de Turismo (Sectur), Los Cabos registró una ocupación promedio de 68.4 por ciento en 2006, por “efecto-sustitución de Cancún”, es decir que aquellos turistas que tenían planeado visitar el principal destino de Quintana Roo prefirieron trasladarse a Baja California Sur.
Según la Sectur, Los Cabos y Puerto Vallarta se mantienen como los principales destinos turísticos al mostrar tasas de crecimiento del orden de 22.3 y 24.3 por ciento, respectivamente, en relación con 2005. Su ingreso por cuarto disponible se ubicó en 169.4 dólares para el caso de Los Cabos y de 74.3 dólares para Puerto Vallarta.
Luis Coppola, senador del Partido Acción Nacional, dice que cuando llegó su familia a Baja California Sur, hace más de 45 años, la tierra no valía nada; en el pueblo (Los Cabos) habitaban 2 mil 500 personas. “Pero con el detonante turístico se generó mucha codicia, especulación con el valor de la tierra. La plusvalía de los terrenos fue a la alza, sobre todo con frente de playa”.
El legislador sostiene que aquí no hay certidumbre en la tenencia de la tierra y se encuentra “roto” el estado de derecho. Asegura que muchas de las invasiones y desalojos son orquestados desde el gobierno estatal, por el propio gobernador, Narciso Agúndez, y el procurador de justicia, Fernando González Rubio.
Coppola recuerda que los orígenes políticos de Agúndez fueron, precisamente, la invasión de predios, al igual que del expresidente municipal de Los Cabos, Luis Armando Díaz, en Tijuana, Baja California.
Desde el 2 de mayo, Fortuna solicitó entrevista con el ejecutivo estatal. Al cierre de esta edición no se recibió respuesta.
Impunidad y depredación
Jorge Ledesma dice que la impunidad permite que sobre esas tierras y franjas costeras despojadas se desarrollen proyectos depredadores, como Puerto Los Cabos (propiedad de Eduardo Sánchez Navarro, principal accionista del Grupo Questro), a quien le autorizaron la construcción de una marina dentro del estero San José, vaso almacenador y principal fuente de agua dulce de la región.
El periodista explica que “la ilegalidad se maneja de manera integral”: inicia con la tenencia irregular de la tierra, pasa por la construcción de desarrollos turísticos que violan la legislación ambiental y concluye, “con broche de oro”, con la aplicación de dinero de dudosa procedencia.
Cabo Pulmo
Ricardo Castro, hijo y albacea de Jesús Castro, supuesto dueño de 200 hectáreas ubicadas en Cabo Pulmo, dice que en junio de 2006 alrededor de 100 guardias de seguridad privada del Grupo Erco, algunos de ellos armados, pretendieron apoderarse del lugar.
Castro comenta que los elementos de seguridad llegaron alrededor de las ocho de la mañana, cuando los lugareños salen a dejar a sus hijos a la escuela. Con marro en mano comenzaron la destrucción de las humildes casas que durante años habían construido.
Algunos vecinos, que se encontraban en el lugar, avisaron a la familia Castro Montaño (únicos del pueblo a quienes se les destruyeron sus casas). Cuando llegaron, nada pudieron hacer: las viviendas fueron demolidas y sólo encontraron los escombros y las ruinas de sus muebles.
Castro asegura que su padre es dueño de esas tierras costeras desde hace más de 60 años. Así lo constataron cuando el 24 de enero de 2001 el Ministerio Público de San José del Cabo les restituyó dichas tierras, luego de que el señor, que no sabía leer ni escribir, fuera timado por un extranjero que prometió ayudarle a repartir las tierras legalmente entre los hijos de Jesús.
Los afectados presentaron el mismo día de la invasión una denuncia ante el Ministerio Público con sede en La Rivera; éste acudió a dar fe de los hechos en compañía de un policía, y aún presenciando la demolición de los últimos cimientos, no intervino. Permaneció ahí unos minutos, tomó unas fotos y se marchó.
Días después, el procurador estatal González Rubio argumentó que “no podían actuar, porque estaba en riesgo la vida de los dos representantes de la ley”.
Dos años después, la familia Castro Montaño (de la cual se desprenden siete hermanos) vive en casas provisionales, sin piso firme y algunas con techos de palma, por el temor de que, luego de construir, les vuelvan a destruir sus viviendas. A la fecha, sigue el litigio abierto entre ellos y los supuestos dueños.
Para llegar a las casas de la familia Castro, que se ubican frente a una franja costera, con uno de los arrecifes de coral más importante de la región, hay que cruzar cerca de 40 kilómetros de camino terregoso; a los lados, terrenos cercados ostentan enormes espectaculares con la advertencia: “Aléjese, prohibido el paso. Keep out”.
En la advertencia, se asumen como los legítimos dueños desde 1964, cuando compraron los predios a Max Gotting, y amenazan, a quien entre al predio con demandarlo.
Ricardo Castro explica que fue precisamente Max Gotting el extranjero que intentó timar a su padre, causa por la cual estuvo preso en el Distrito Federal, hasta que el hermano del entonces presidente José López Portillo, Guillermo López Portillo, intervino por el “gringo”, con la condición de que le escriturara los terrenos a su nombre.
Así sucedió: durante muchos años el predio estuvo a nombre del hermano del exmandatario, hasta que en enero de 2001 el Ministerio Público restituyó los terrenos a Jesús Castro.
“Somos los legítimos dueños”
Eugenio Yerena, representante de Cabo Pulmo Inverment, dice que están peleando ante la autoridad por desordenes históricos-jurídicos para recuperar predios invadidos por gente que no tienen ningún derecho de estar ahí.
Yerena asegura que él representa a un grupo que hace más de 40 años adquirió esas tierras, que de manera ilegal han sido ocupadas por otras personas. Agrega que son, sobretodo, extranjeros “sin calidad y derecho alguno”, que vienen a vivir de manera ilegal en predios que son propiedad de Cabo Pulmo Inverment.
El representante legal dice que fue a partir de 2007 cuando iniciaron las acciones legales correspondientes para tratar de recuperar los predios de su propiedad. Y justifica que tienen que cercar y poner letreros para que las personas que lleguen por ahí no continúen actuando de manera ilegal e irracional, dentro de sus tierras.
Yerena afirma que las cercas no trastocan los accesos federales a las playas del lugar. Fortuna realizó un recorrido por la zona conocida como Cabo Pulmo y La Rivera, alrededor de 30 kilómetros, donde sólo existen dos accesos a las playas del lugar, los cuales no tienen más de dos metros de ancho.
Al preguntarle respecto de la disputa que mantiene por la tierra, el representante de Cabo Pulmo Inverment sostiene no tener nada que ver con la familia de Jesús Castro. Después argumenta, “con muchísimo respeto, pero el 80 por ciento del estado se apellida Castro, es un árbol genealógico enorme, aquí usted menciona un Castro y menciona al 80 por ciento de la población local, cuál Castro, hay muchos, no sé a quién se refiere.
“Nosotros no tenemos problemas con nadie y estamos haciendo acciones reivindicatorias ante las autoridades correspondientes; no son problemas personales con nadie, conocemos a la gente porque estudiamos el escenario”, dice.
Regidor invasor
Otro predio es el conocido por “las praderas”. Jorge Ledesma dice que el 26 de noviembre de 2007, por la noche, el entonces regidor del municipio de Los Cabos, César Uzcanga, lo invadió en forma violenta, con el apoyo de la policía municipal.
Agrega que unos días después, el edil se presentó en un programa de Radio Cabo Mil a lanzar amenazas contra aquellos empresarios que defendían la causa de los propietarios del predio invadido, sosteniendo que tenía listas a 5 mil personas, con armas de fuego y dispuestos a todo, para invadir también sus terrenos.
El 16 de febrero pasado, Uzcanga se vio en líos una vez más, cuando sus socios, para sacarlo del predio, lo acusaron públicamente de robarse más de 15 millones de pesos por la venta de lotes en “las praderas”. El regidor declaró a la prensa: “Me quieren comer el mandado” (Tribuna de Los Cabos, 16 de febrero de 2008).
La Rivera
En febrero pasado, el predio conocido como “boca de la trinidad” en La Rivera –con una posesión de 30 años avalada por documentos oficiales del ayuntamiento de Los Cabos y de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), a favor de Simón Montaño Lucero, de 78 años de edad– fue tomado por policías ministeriales, quienes sin autorización judicial de por medio desalojaron al septuagenario.
El terreno tiene una extensión de ocho hectáreas, con 280 metros de playa. Al tener el control del lugar con ayuda de los ministeriales, el procurador González Rubio lo entregó a Javier Troncoso del Valle, quien había solicitado a la SRA la desincorporación del predio a favor de la empresa B and B, con resultados negativos.
La dependencia contestó al empresario que el predio ya había sido solicitado con anterioridad por Montaño, a quien reconocía la posesión del lugar.
“Los frailes”
Jorge Ledesma explica que a media noche del 3 de agosto de 2007, los habitantes del predio conocido como “los frailes”, localizado en el corredor turístico, fueron despertados con detonaciones de balas realizadas por elementos de seguridad privada del grupo Erco, quienes intentaban desalojar a los vecinos del lugar, principalmente a la familia Fiol, posesionaria de 400 hectáreas desde hace más de 25 años.
De acuerdo con una nota publicada en el diario Tribuna de Los Cabos, la empresa Inmobiliaria Piedra Bola alegaba que el predio en cuestión era suyo; sin embargo, no demostró legalmente su pertenencia.
El 4 de agosto en la madrugada, los vecinos del lugar, al ver que los policías municipales y estatales no respondían a sus denuncias, acudieron a la zona militar para pedir ayuda. Una veintena de efectivos militares acudieron al predio a prestar atención a los heridos, ya que los guardias de Erco no permitían la entrada de ambulancias al lugar.
Ledesma dice que al ser cuestionado por los medios de comunicación local respecto a la ausencia de la policía, el procurador González Rubio argumentó que no había denuncia oficial del hecho, lo cual fue desmentido por los afectados, quienes aseguraron que se presentaron dos denuncias penales: LRV/048/2007 y LRV/056/2007.
“El zacatón”
En 2004, se inició el litigio legal por la posesión de 400 hectáreas del predio conocido como “el zacatón”, ubicado en el corredor turístico San José del Cabo, con cuatro kilómetros de playa en el mar de Cortés. Oficialmente, desde hace 20 años, la propietaria del lugar es Laura Fernández McGregor, quien no radica en la ciudad, por lo que siempre se vio el terreno como baldío.
Ledesma dice que lo anterior ocasionó que, en 2001, Hilario Vargas Espinoza (compadre del actual gobernador), “a través de documentos apócrifos y con la complicidad de funcionarios municipales de Los Cabos”, pusiera el predio a su nombre.
Vargas comenzó a vender lotes a orilla de la playa, en precios que oscilaban entre los 50 y 100 mil pesos cada uno.
El periodista asegura que los entonces directores del Registro Público de la Propiedad, Juan Luis Araiza, y de Planeación Municipal, Federico Carreón, escrituraron varios lotes a su nombre. La legítima dueña, al enterarse de lo que sucedía con su predio, demandó a Hilario Vargas, acusándolo de despojo.
Hilario Vargas se puso en contacto con Fernández McGregor para exigirle la cantidad de 3 millones de dólares a cambio de no afectar más su propiedad. En julio de 2005, llegó a Baja California Sur una orden de aprensión del estado de Morelos, donde radica esta última.
Ledesma dice que Vargas y su abogado, Alfonso Padilla, fueron aprehendidos y llevados ante la justicia morelense. En enero de 2006, reconocieron ante el Juzgado II del Primer Distrito de Xochitepec, Morelos, haber falsificado las firmas de la escritura número 12851 ante el notario público 42, Luis Gerardo Mendoza, que supuestamente lo acreditaba como propietario de las 400 hectáreas.
El Juzgado Penal de Atizapán de Zaragoza, con residencia en Tlanepantla, Estado de México, giró en diciembre de 2005 también orden de aprehensión en contra del exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San José del Cabo, Juan Luis Araiza, y del exdirector de Planeación Municipal, Federico Carreón, acusados de ser cómplices de Vargas y Padilla (El Peninsular, 25 de enero de 2006).
“Caleta linda”
Ledesma da cuenta de otro caso de despojo. Explica que a mediados de 2006, 33 hectáreas del predio conocido como “caleta linda”, ubicado en el corredor turístico de Cabo San Lucas-San José del Cabo, fueron invadidas por un grupo de aproximadamente 80 guardias de seguridad privada, transportados en camiones con la leyenda de “Melia Cabo Real” y “Seguridad Privada Erco”.
El periodista asegura que los guardias, quienes iban capitaneados por Jhon Vaughn (director operativo del Grupo Questro), irrumpieron violentamente en el predio, tomando posesión del mismo y desalojando a los trabajadores que por años lo habían cuidado a sus legítimos dueños.
Desde 2006, “caleta linda” se mantiene vigilada por guardias privados, sin que las denuncias de hechos presentadas en su momento por los afectados ante el Ministerio Público hayan procedido.
Algunos predios invadidos:
- Los cangrejos
- Lomas del sol
- Mesa colorada
- San Cristóbal
- Cabo Pulmo
- El zacatón
- Las praderas
- Caleta linda
- Los frailes
- Boca de la trinidad
- El batequito
- Rancho San Simón
- Llano el gallito
