IP exige el gobierno garantizar seguridad y derechos humanos

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El CCE lamentó los hechos violentos en Ciudad Juarez “y de manera cada vez más frecuente y grave” en otros sitios como Jalisco y Guerrero.

Las organizaciones que conforman el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigieron al gobierno mexicano garantizar la seguridad y los derechos humanos, luego de los hechos violentos registrados ayer en Ciudad Juarez, Chihuahua.

En un breve comunicado de prensa, de apenas tres párrafos, el CCE señaló que “todas las organizaciones del sector empresarial condenamos enérgicamente los hechos de violencia acontecidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y, de manera cada vez más frecuente y grave, en otros puntos del territorio nacional, como Jalisco y Guanajuato”.

“La comunidad empresarial lamenta profundamente la muerte de civiles a manos del crimen organizado, que busca desestabilizar e infundir miedo entre las familias mexicanas”, añadió.

Por lo anterior, “exigimos a las autoridades competentes actuar con rapidez para garantizar la seguridad y los derechos humanos de las y los mexicanos, en un contexto de paz y justicia, con el debido respeto al Estado de Derecho, para recuperar lo antes posible la tranquilidad en las comunidades afectadas”.

El llamado del CCE se suma al hecho por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) a inicios de la presente semana.

La Concanaco Servytur rechazó “de manera enérgica los actos de violencia ocurridos la noche del martes en diversos municipios de Jalisco y Guanajuato, ya que atentan contra el patrimonio, la seguridad y la paz social, poniendo en riesgo el bienestar de la ciudadanía de dichos estados”.

“La seguridad es la condición indispensable para poder desarrollar la actividad empresarial, responsable en México de la creación de riqueza y empleo. Es imposible pensar en bienestar sin seguridad. Los empresarios estamos muy preocupados por el clima de inseguridad que se vive en algunas zonas de nuestro país y necesitamos contar con la garantía de aplicación irrestricta del Estado de derecho, a favor de las familias de toda la nación”.

Por Raúl Castro-Lebrija