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Este domingo, la Cámara de Diputados decidirá sobre el futuro de los organismos autónomos del sector y si la Comisión Federal de Electricidad se convierte en el único generador eléctrico del país.
Finalmente, luego de meses de intensos debates, disputas y descalificaciones, este domingo la Cámara de Diputados votará la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por un lado, Morena y sus aliados —PT y PVEM— plantean cambios a los artículos Cuarto, 25, 27 y 28 de la Constitución, dictados por el presidente de la República.
En síntesis, esos cambios proponen desaparecer a los órganos autónomos de supervisión y regulación del Estado para que queden bajo control gubernamental, dar al gobierno el monopolio en la explotación del litio y terminar con los contratos de generación eléctrica privados y de autoabastecimiento.
También propone la aplicación de una tarifa social para los usuarios de menores recursos y permitir solo la autoogeneración eléctrica individual (doméstica) o comunitaria.
Por el lado contrario, el bloque opositor —PAN, PRI, PRD y MC—, el sector privado y la mayoría de los analistas del sector energético, advierten que la reforma dejará “en el aire” casi 50,000 millones de dólares invertidos por las empresas que han decidido participar en el mercado de generación eléctrica.
Advierten, además, que el gobierno deberá canalizar una fuerte suma de recursos públicos para llenar el hueco que dejarían los privados, ya que la CFE no cuenta con la capacidad suficiente para satisfacer la demanda de energía en los años por venir.
El presidente López Obrador ha anunciado que, para modernizar 14 plantas hidroeléctricas de la CFE, existe un plan de inversión por 1,000 millones de dólares, aproximadamente 20,000 millones de pesos.
Peor aún, el sector privado alerta que la reforma constitucional será una amenaza para la transición energética de México. Esto, porque incluso el presidente ha reconocido que la CFE cuenta hasta con tres plantas carboníferas —las más contaminantes del mundo— mientras que las mayores inversiones en energía solar y eólica han corrido a cargo de los generadores privados.
En más de una ocasión, los partidos opositores han anunciado que no aprobarán la reforma de López Obrador. El presidente, por el contrario, ha llamado a los legisladores, desde sus conferencias de prensa matutinas, a ponerse del lado del pueblo y no de las empresas extranjeras e incluso ha asegurado que no aprobar su propuesta representa “traición a la patria”.
Anticipando el descalabro que se espera en la Cámara de Diputados, López Obrador ha hecho dos señalamientos.
Por un lado, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decretó la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso en marzo del 2021.
Con este cambio, la CFE llevará mano en el despacho eléctrico sobre los productores privados.
Es decir, no importa que no se cancelen los contratos de generación privados ni los contratos de autoabastecimiento, ya que la CFE sería la primera en subir su energía para la distribución a los consumidores.
Por otro lado, el pasado miércoles el mandatario anunció que ya firmó la reforma a la Ley Minera para que el Estado tenga monopolio sobre el mineral de litio.
Esta reforma sería enviada al Congreso el próximo lunes y para sua pobación se requiere de una mayoría simple —la mitad más uno— y no de tres cuartas partes del Congreso como ocurre con una reforma a la Constitución.
La moneda está en el aire y todo se define este Domingo de Resurrección.
Por Raúl Castro-Lebrija
