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Ex presidente del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) y subsecretario de política energética y desarrollo tecnológico, Francisco Barnés de Castro sostuvo el lunes que hay dos factores que imponen la revisión de las reglas de operación en cualquier sistema eléctrico; los avances tecnológicos y los “enormes” desafíos del Cambio Climático, lo que requiere un marco jurídico flexible.
“Regresar a un modelo que pudo haber sido exitoso hace sesenta años, y dejarlo firmemente amarrado en el marco constitucional, sería un gravísimo error de consecuencias incalculables”, sostuvo el funcionario, también maestro en ciencias y doctor en ingeniería por la Universidad de Berkley, en el marco del parlamento abierto sobre la reforma, que se realizará en la cámara baja del Congreso de la Unión hasta el 15 de febrero.
Al presentar un análisis ante las comisiones unidas de puntos Constitucionales y de Energía sobre las repercusiones de la reforma que propone el Ejecutivo Federal, Barnés señaló que la iniciativa impone un cambio “radical” en el modelo de negocios, lo que repercutirá en las inversiones realizadas en las más de 800 centrales eléctricas del país, estimadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de más de 60,000 millones de dólares (mdd).
Además de cancelar los permisos de generación y los contratos celebrados por la CFE con el Sector Privado, lo que afectaría a cientos de inversionistas nacionales y extranjeros, el cambio “radical” en el modelo es violatorio de los acuerdos internacionales suscritos por México, recuerda.
“La mayoría de los reclamos atendibles que en su momento ha planteado la CFE pueden y deben ser atendidas a través de modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica y a las Reglas del Mercado Eléctrico Mayorista”, asevera.
La CFE no ha podido demostrar ante Tribunales presuntos permisos “ilegítimos” obtenidos por los socios de más de 300 centrales legadas con permiso de autoabastecimiento, vulnerando además los derechos de sus socios.
Limitantes y horizonte
La iniciativa de Reforma a la Ley de Energía Eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador otorga a la CFE las atribuciones de generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica al país, por lo que cancela la libre competencia, han dicho expertos.
La propuesta pretende garantizar que la CFE alcance una cuota de generación eléctrica del 56% del mercado, desde su participación actual, de 38%, lo que incluyen los mecanismos de promoción de energía limpia, directamente los certificados de energías limpias y las subastas de largo plazo, que requieren de crecientes inversiones.
“Al anteponer en el despacho económico a las centrales más viejas, ineficientes y contaminantes de la CFE, necesariamente van a elevarse los costos y van a incrementarse las emisiones contaminantes”, expuso el maestro en ciencias; las gráficas presentadas sobre los costos actuales de generación de energía eléctrica en el país indican que mientras que los de las centrales térmicas convencionales de la CFE son de 2,350 pesos por kilowatt hora (MX$ kwh), las otras opciones son de un menor precio.
Así, las de las hidroeléctricas y generación geotérmica de la propia CFE, son de 1,300 y 1,000 pesos por kwh, respectivamente, mientras que los de ciclo combinado y la geotérmica por medio del mecanismo de subastas son de 900 y 450 pesos por kwh; por supuesto, hay alternativas de menor costo, como las que representan los incipientes proyectos de generación solar y eólica vía subastas, creadas a partir de la Reforma Energética de 2014, con costos de 400 y 300 pesos por kwh.
Entre sus propuestas para enriquecer las reglas y el marco institucional vigentes, Barnés enumera reintegrar a la CFE como una sola empresa, manteniendo como filiales separadas a la CFE Transmisión y a la CFE Distribución y así poder transparentar sus costos al regulador.
También permitir que la empresa del Estado pueda generar su propia energía, sin la obligación de comprarla a terceros.
“Permitir también que, cuando le falte o cuando así convenga a sus intereses, pueda comprarla mediante licitaciones abiertas, subastas públicas o a través del Mercado Eléctrico”, indicó el funcionario.