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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso el análisis, que estaba programado para esta tarde, sobre tres artículos de la Ley Minera y las dos concesiones que la Secretaría de Economía entregó a la Minera Gorrión sin consultar a comunidades autóctonas del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, que podrían ser afectadas por le proyecto de la empresa.
En el ejido de Tecoltémic, en la sierra norte de Puebla, residen menos de 200 personas, las cuales siembran y venden verdura entre ellos; organización que, dicen, ha sido clave para encarar a la Minera Gorrión, una filial de la empresa canadiense Almuden Minerals que quiere extraer oro y plata del municipio donde se sitúa dicho ejido: Ixtacamaxtitlán.
Tecoltémic interpuso un amparo hace siete años para que la empresa no entrará al municipio y hoy, 19 de enero, la Primera Sala de la SCJN tenía en su lista de asuntos decidir sobre el amparo interpuesto por Tecoltémic, además de discutir la constitucionalidad de tres artículos de la Ley Minera que permiten, entre otras cosas, que las empresas expropien terrenos para hacer su labor, hecho que los asesores legales del ejido calificaban como inédito.
De acuerdo con información publicada en el portal La Lista, la Minera Gorrión detectó en Ixtacamaxtitlán un depósito de 1.65 millones de onzas de oro y 96.7 millones de onzas de plata y ha invertido 117 millones de dólares en los primeros años de labores de exploración.
Del mismo modo, planea una inversión de 1,785 millones de dólares durante los 14 años que se estima durará el proyecto. Esto, gracias a dos concesiones que la Secretaría de Economía le otorgó en 2003 y 2009.
Al respecto, Itzel Silva, abogada de Fundar, explica que uno de los principales argumentos contra la Secretaría de Economía es que esta dependencia nunca consultó a los habitantes si estaban de acuerdo con la entrega de las concesiones a la Minera Gorrión.
Los residentes del ejido temen que el trabajo de toda su vida se pierda, ya que el artículo 19 de la Ley Minera establece que las concesiones mineras confieren derecho a “la expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre de los terrenos indispensables para llevar a cabo las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio”.
Ante esta situación, Daniel Santamaría, representante en México de la Minera Gorrión, asegura que su compañía no pretende quitar sus hogares y tierras a los habitantes, ya que todos los espacios que han utilizado en su fase de exploración han sido negociados con los pobladores y con intermediación de notarios públicos.
Para convencer a los habitantes de Ixtacamaxtitlán, la Minera Gorrión les ha propuesto generar poco más de 1000 empleos en distintas etapas de su proyecto, así como diseñar una presa para captar entre 500 y 2,000 metros cúbicos de agua a diario para repartir a la población y que puedan realizar sus actividades agrícolas.
El agua y el ambiente, la principal preocupación
El agua es uno de los bienes más preciados dentro de Tecoltémic y el resto de los ejidos de Ixtacamaxtitlán. Para los habitantes, el hecho de que una minera entre a su territorio representa el riesgo de que sus ríos y manantiales se puedan contaminar con sustancias químicas o que puedan ser sobreexplotados.
En este sentido, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, reveló que Tecoltémic no es el único lugar que ha rechazado los trabajos de minera; hasta el 2019 en México había 58 casos de inconformidades contra esta actividad en 17 entidades.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también detalló que a la fecha se encuentran vigentes 24,066 concesiones mineras en México y que en los últimos años ha atendido diversos daños ambientales causados por dicha industria.
En este caso, la Semarnat concluyó que la instalación de una mina a cielo abierto en Ixtacamaxtitlán generaría “modificaciones biogeoquímicas del ambiente, transformando radicalmente el territorio, exponiendo a un alto riesgo el frágil equilibrio del ecosistema de la zona en perjuicio de la vida silvestre, la producción agropecuaria y de la salud de las personas”.
Pero la última palabra sobre la mina a cielo abierto no la tienen Tecoltémic ni los otros 19 ejidos de Ixtacamaxtitlán, tampoco la empresa Minera Gorrión; todo está en manos de la Primera Sala de la Suprema Corte.
En este sentido, Diana Pérez, abogada del Consejo Tiyat Tlali, otra organización social que ha asesorado legalmente a los ejidos de Ixtacamaxtitlán, espera que los ministros de la Corte no solo dejen insubsistentes las concesiones de la Minera Gorrión, sino que también declaren inconstitucionales los artículos 6, 5 y 19 de la Ley Minera porque a su parecer violan los derechos de las comunidades indígenas.
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