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La agencia de riesgos crediticios Fitch Ratings dijo esta semana que la iniciativa energética propuesta por el Ejecutivo para enmendar la Constitución resultaría en acciones de calificación negativas para los proyectos privados del Sector, de convertirse en ley.
En el caso de las empresas de generación privadas significa una repercusión en más del 60% del mercado de energía eléctrica.
Además, según la calificadora, la propuesta “podría debilitar aún más el estado de Derecho en México”, desalentando futuras inversiones privadas en la Industria.
Fitch recuerda que la propuesta planteada al Congreso por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revertiría las reformas energéticas aprobadas en 1992 y 2013 de apertura a la inversión, abriendo camino hacia el control “total” del mercado eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Sin embargo, la calificadora también destaca el hecho de que Morena, el partido en el poder, haya aplazado su debate “hasta 2022”.
Para convertirse en ley, la iniciativa deberá ser ratificada por una mayoría calificada, esto es, por las dos terceras partes del Congreso, por lo que Morena debe asegurar votos de los partidos de Oposición para cumplir el requisito.
Fitch dijo que bajo estas condiciones ve “poco probable” la aprobación de la medida, pero que si se aprueba “las implicaciones crediticias serían significativas” para las empresas de generación privadas que han venido participando en el Sector en una apertura gradual iniciada hace casi tres décadas.
Insuficiencias
La propuesta presidencial colocaría toda la cadena de suministro de la energía eléctrica de México –que comprende la generación, transmisión, distribución y suministro del insumo– bajo el control de la CFE, poniendo fin a la autonomía del operador independiente del Sistema en el País, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), entre otras implicaciones.
En su primer posicionamiento sobre el tema, Fitch, que califica a la CFE en el mismo rango que el soberano de México, dice que para respaldar una sólida producción de electricidad, la entidad tendría que adaptarse al desarrollo del proyecto a un ritmo suficiente para satisfacer la demanda del País.
En caso de aprobarse la iniciativa presidencial, Fitch cree que la capacidad del Sistema de Energía Eléctrica se verá presionada a partir de 2024, por lo que será necesaria, nuevamente, la participación privada para ejecutar los proyectos de nueva generación.
“Es posible que se requieran aumentos de tarifas para los usuarios finales y/o subsidios gubernamentales para cubrir los costos operativos incrementales de la CFE”, advierte.
La propuesta presidencial solicita además desaparecer la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) “disminuyendo la transparencia operativa y la competencia del Sistema, ya que no habría árbitros independientes que equilibren el poder de mercado entre los participantes”, señala la calificadora.
¿Depredación?
La CFE pondría el despacho de sus plantas de energía antes que el de generadores privados, generalmente más baratas y eficientes, siguiendo un orden económico que se rige por los costos de producción comprendidos por la suma de los costos variables más los de capital, en lugar de solo los variables bajo el esquema vigente, destaca Fitch.
Las nuevas condiciones operativas y de mercado alentarían a la CFE a “restringir” el acceso a la Red, limitar los permisos a nuevas empresas de generación privadas y, consecuentemente, restringir la generación de inversiones dirigidas al desarrollo de nuevas líneas de transmisión para conectar a estos participantes, “exponiéndolos a riesgos de restricción”.
La propuesta del Ejecutivo al Congreso cancela también los Certificados de Energía Limpia, eliminando uno de los principales mecanismos para promover nuevos proyectos de generación de energía limpia en México, destaca Fitch.
Prevé también la cancelación de los acuerdos privados de compra de energía (PPA).
“La terminación (de los) PPA desencadenaría un evento de incumplimiento y aceleraría la deuda de los proyectos en la mayoría de los casos.
“No está claro si los pagos por terminación del contrato serían exigibles si los contratos dejan de ser válidos”, expone la calificadora.
Respecto a la participación de las empresas de generación privadas, que hoy suministran el 60% de la electricidad del País a través de instalaciones “eficientes” a gas y fuentes de energía renovable, esta se limitaría al 46% de la carga total, que deberá venderse sólo a la CFE a través de contratos bilaterales.
“CFE podría establecer nuevos precios de energía contratados que sean sustancialmente menores que los precios actuales, los cuales, cuando se combinan con niveles de despacho más bajos, erosionarán los ingresos de las empresas de generación privadas”, alerta Fitch.
“Esto no solo introduciría incertidumbre en la demanda y los precios futuros (de las empresas de generación privadas) sino que también podría resultar en flujos de efectivo más volátiles, lo que socavaría (su) emisión de deuda a largo plazo”, sostiene.
