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La agencia de riesgos crediticios Moody´s Investors Service dijo en menos de una semana que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, que cambia tres artículos de la Constitución mexicana relacionados con el Sector Energético, es nociva para la actividad.
Este miércoles dijo también que la propuesta involucra el estatus crediticio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde gravitan los cambios.
“La iniciativa es negativa para el sector eléctrico mexicano en términos crediticios porque disminuiría su transparencia operativa, disuade la inversión privada en generación, desincentiva la generación de energías renovables y, probablemente, aumente el costo total de la electricidad”, afirmaron en un escrito cuatro ejecutivos de la agencia, entre ellos, Roxana Muñoz, analista asociada, y Adrián Garza, vice president y analista principal.
La CFE hoy goza por parte de Moody´s el mismo estatus de México de Grado de Inversión, lo que contraste con Pemex, que exhibe ya un Grado Especulativo, “Ba2”, a escala internacional a partir de 2020.
Desde el año pasado, tras el inicio de la crisis desatada por la Pandemia del coronavirus Covid-19, las tres grandes agencias de riesgo crediticio con influencia mundial, Fitch Ratings, S&P Global y Moody´s, determinaron reducir la calificación Soberana de México.
Moody´s la mantiene desde entonces en “Baa1”, la única en una posición de tres peldaños por arriba del Grado de Inversión, y la que más se aleja del Grado Especulativo, contrario a Fitch, que sólo la coloca un paso por arriba, y de S&P Global, con dos escalones en lo alto.
El equipo de ejecutivos de la agencia recuerda que la propuesta del presidente López Obrador es el tercer intento del Gobierno de cambiar la forma en que opera el Sistema Eléctrico mexicano.
En 2019, el Máximo Tribunal de Justicia del País dictaminó que los cambios propuestos a las políticas energéticas vigentes, que apuntaban a cambiar los criterios de despacho en su conjunto, eran inconstitucionales, sentando un precedente para las disputas venideras.
Apenas en febrero pasado, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para cambiar la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual fue avalada por el Congreso, pero que ahora está siendo impugnada por la Suprema Corte de Justicia.
Enviada apenas el 31 de septiembre, la nueva iniciativa propone eliminar la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE), los dos entes reguladores autónomos del Sector Energético.
“La existencia de estos reguladores es un elemento clave en el desarrollo del Sector de la Energía de México, proporcionando seguridad y estabilidad entre los participantes del mercado.
“La eliminación de la CNH y la CRE minaría la confianza de los inversionistas porque se debilitarían la transparencia y marco institucional”, sostienen los cuatro analistas de riesgo crediticio.
El detalle
La propuesta del Ejecutivo Federal tiene como objetivo fortalecer el papel de la empresa eléctrica estatal, CFE, donde el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), institución que se encarga de la distribución de la electricidad en el País, pasaría a formar parte de su estructura orgánica.
Con estas medidas se prioriza el despacho de las plantas de generación de la CFE, que incluye combustibles fósiles, por delante de las plantas de energía renovable y de ciclos combinados de la Iniciativa Privada, generalmente más limpias y económicas, menciona Moody´s.
La inversión en generación renovable se desincentiva, “probablemente aumentando los costos de la electricidad” en el tiempo, lo que implicaría subsidios de parte del Gobierno ante un aumento de los costos, lo que se suma a una historia de subsidios escalonados en materia eléctrica en el País.
“No podemos descartar que se apruebe la propuesta de López Obrador, pero esta no es un escenario probable ya que requeriría de una mayoría de dos tercios de votos en ambas cámaras del
Congreso, y (una) mayoría simple en los congresos locales de los 32 gobiernos regionales de México”, indica Moody´s.
Además, de aprobarse la propuesta “probablemente desencadenaría disputas legales internacionales, afectaría la competitividad en materia de captación de Inversión Extranjera Directa y (México) se apartaría de las prácticas regulatorias acordadas”.
La iniciativa de reforma del Ejecutivo también renuncia a nuevas inversiones privadas en el sector eléctrico y de empresas propietarias de centrales eléctricas a gas.
Moody´s apunta a Cometa Energía y FEL Energy VI, que tiene en su sistema de monitoreo de calificaciones, los cuales “podrían estar expuestos a menores precios y niveles de despacho, lo que podría obstaculizar su capacidad de generación de efectivo”.
La agencia de riesgos crediticios señala a los emisores que operan dentro de un contrato de autoabastecimiento de energía como otro de los afectados, y cita a la empresa México Generadora de Energía. En este caso, “pueden enfrentar cambios sustanciales en su modelo de generación de caja, aumentando el riesgo comercial”.
Sin embargo, agrega Moody´s, las posibles implicaciones crediticias son difíciles de determinar hasta que se desarrolle más el marco regulatorio.