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El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) dijo que la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, que coloca en al centro cambios radicales en la operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), desataría varios riesgos, entre los más destacados, limitar la capacidad de crecimiento económico del País y meter mayor presión a las Finanzas Públicas, elevando su vulnerabilidad.
Un análisis sobre la propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión difundido el lunes por el instituto, advierte el alto costo en que se incurrirá en materia de inversión. Pero también incluye otros tópicos, como el de las implicaciones a la salud por el retraso que significa la propuesta a la Transición Energética, ya que la iniciativa es contraria a la tendencia de la agenda global de adoptar fuentes limpias y renovables de energía.
Ante las consecuencias nocivas consideras por el IMEF, el instituto solicitó al Congreso analizar “a fondo” los impactos de dicha iniciativa.
Según el IMEF, la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) reduciría la transparencia “y el sustento técnico de decisiones fundamentales” para el sano desarrollo del Sector Energético y, en contraste, las deja a consideraciones políticas.
La competencia en la actividad también resulta dañada. De acuerdo con el análisis de la organización de financieros, los incentivos naturales para la productividad del Sector son desalentados y lo mismo sucede con la definición de precios justos para los consumidores.
Los cambios propuestos resultarían en la falta o escasez de insumos eléctricos, fundamentales para el funcionamiento de las actividades productivas, “en condiciones similares a nuestros competidores comerciales internacionales”.
Además, se crea una imagen negativa en materia de inversión puesto que la iniciativa propone deshacer los contratos ya firmados por empresas e inversionistas privados con el Estado mexicano.
Otros de los riesgos son las acciones judiciales nacionales e internacionales en contra del Estado mexicano, en especial debido a la posible violación del espíritu del T-MEC.
Los principios a los que se comprometió México con el nuevo tratado comercial trilateral es de un trato no discriminatorio y fomentar las inversiones.
