Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos
Ademas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Confederación Patronal de la República Mexicana se sumó a las críticas al gobierno mexicano por haber suspendido los permisos de importación de combustibles a la firma Trafigura, una de las principales comercializadoras de materias primas del mundo.
Como se recordará, la semana pasada, el gobierno mexicano suspendió —sin informar las razones— los permisos de importación de gasolinas y turbosinas a la firma fundada en Suiza en el año de 1993.
Sobre el particular, la Coparmex consideró que estas acciones “emprendidas por la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) apoyadas por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Guardia Nacional para limitar el otorgamiento de permisos o restringir la capacidad de operación de empresas privadas en el sector de petrolíferos, afectan el clima de certidumbre jurídica en nuestro país”.
“Aunque compartimos y apoyamos de manera decidida la iniciativa del Gobierno Federal de llevar a cabo las acciones necesarias para poner fin a la comisión de actos ilegales en el sector de hidrocarburos y garantizar que los permisionarios cumplan el marco normativo que resulte aplicable, lamentamos que en meses recientes se hayan emprendido gestiones que lejos de erradicar presuntas irregularidades, limitan la competencia y la libre concurrencia en el sector”, advirtió la Coparmex.
Y agregó que “consideramos que la actuación de las autoridades del sector energético debiera brindar certidumbre a todos los participantes del sector, tanto de Petróleos Mexicanos (Pemex) como del sector privado, puesto que el marco jurídico e institucional del sector lo que busca es promover la participación y competencia de múltiples actores en la cadena de valor en beneficio de toda la población”.
Las decisiones gubernamentales “que impiden el otorgamiento de permisos o restringen la capacidad de operación de empresas privadas, genera barreras artificiales a la competencia en detrimento del abasto confiable y eficiente del país y frena nuevas inversiones que podrían ayudar a la recuperación de empleos y a la urgente reactivación económica”.
Por Raúl Castro-Lebrija
