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La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió al Poder Legislativo a alcanzar un acuerdo en materia de subcontratación (outsourcing) a fin de no dejar en el limbo a 3.1 millones de trabajadores.
Específicamente, pidió que el sector privado tenga el mismo plazo que el sector gubernamental para cumplir con la reforma; es decir, el 1 de enero de 2022.
Ayer miércoles, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, propuso dar un plazo de un mes para la entrada en vigor de la reforma, a fin de que se pueda cumplir con los cambios y con las medidas fiscales que vienen de la mano.
El propio presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia de prensa mañanera de este jueves que veía con buenos ojos que se diera un respiro en la entrada en vigor de la reforma, originalmente planteada para el 1 de agosto próximo.
Sin embargo, la Coparmex ha detectado problemas en el Registro de las Personas Físicas y Empresas que presten servicios o ejecuten obras especializadas que deseen obtener la Constancia de Aviso de Registro ante la plataforma conocida como “REPSE”.
Específicamente, acusa falta de coordinación entre las autoridades administrativas por cuanto a la emisión de las opiniones de cumplimiento positiva se refiere.
Además, no han sido emitidos criterios definitivos que permitan a las empresas diferenciar aquellos servicios que son sujetos de registro ante el REPSE de aquellos que pueden considerarse de naturaleza mercantil o civil, provocando con ello una saturación en la plataforma y, por ende, una dilación en su operatividad.
“Las empresas han transitado con el ánimo de ajustarse a la reforma; sin embargo, el proceso de regularización ha resultado complejo ante los plazos tan reducidos que para tal efecto otorgó la autoridad al sector privado, donde claramente existe un trato discriminatorio en comparación a las entidades de gobierno a quienes se les dio como concesión un plazo al 1 de enero de 2022”, acusó el sindicato patronal.
Y sostuvo que “hacemos un llamado a la autoridad laboral y al Poder Legislativo a fin de homologar los plazos otorgados a la iniciativa privada al 1 de enero de 2022, con la finalidad de estar en posibilidad por parte de las empresas para llevar a cabo la transición con sus empleados y/o contratos de servicios especializados con sus proveedores y así cumplir cabalmente con la normatividad vigente”.
Además, “esto puede brindar a las autoridades el tiempo para hacer aquellos ajustes operativos y tecnológicos para la implementación total de la reforma, ante las claras deficiencias que al día de hoy han quedado patentes para la obtención de las Constancias de Aviso de Registro ante el REPSE”.
Por Raúl Castro-Lebrija
