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En una excepcional entrevista con el juez brasileño Sergio Moro, que lleva el caso Lava Jato, con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), expuso que su motivación es atacar la impunidad, dado que es necesario tener una justicia imparcial y que aplique la ley, aun cuando sea contraria a intereses poderosos.
En el diálogo con Raúl Olmos, Sergio Moro señaló que México puede replicar el éxito de Brasil en el combate a la corrupción y la impunidad, siempre y cuando garantice la independencia de los órganos que investigan los abusos del poder. A continuación la entrevista publicada por MCCI.
Hay que aplicar la ley contra los poderosos: Sergio Moro
En entrevista exclusiva con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el juez brasileño que ha llevado las investigaciones sobre Lava Jato, el escándalo de corrupción que ha sacudido a 12 países de América Latina y África, advirtió que aplicar la ley contra los intereses de los poderosos, acabar con la impunidad y hacer pública la información de los casos han sido las claves para enfrentar uno de los peores males de las democracias modernas.
Curitiba, Brasil a 30 julio de 2017. Hace tres años, Brasil vivía sumido en la corrupción institucionalizada. Los sobornos eran una práctica común para obtener contratos en el Gobierno. Y lo peor, había un clima de impunidad: los poderosos podían transar a sus anchas, sin riesgo de castigo. Este entorno cambió radicalmente, a partir de marzo de 2014, cuando se hizo pública la operación Lava Jato, que como cascada empezó a revelar el involucramiento de cientos de políticos, empresarios y funcionarios en una red criminal que tenía su origen en el saqueo de fondos en la petrolera brasileña Petrobras. Pronto, la red se extendió por el mundo y desató un terremoto en al menos 12 países; en Brasil, Perú, Panamá, Colombia y El Salvador, los delatores involucraron a expresidentes y a mandatarios en funciones, a quienes habían financiado sus campañas electorales con dinero sucio. A la fecha se ha apresado a 160 involucrados y hay más de 500 órdenes de búsquedas de captura. Los sobornos en este caso superaron los 3 mil millones de dólares a nivel global.
El personaje central en esta sacudida internacional se llama Sergio Moro, un juez de 44 años de edad, quien encabezó la Operación Lava Jato desde la 13 sala criminal federal en la ciudad de Curitiba, considerada por los propios brasileños como la capital anticorrupción, porque fue en esta población al sur de Brasil donde se ha investigado, procesado y sentenciado a decenas de personajes influyentes, incluido el expresidente Luiz Inacio Lula.
A pesar de su fama internacional como el juez implacable contra los corruptos, Moro es renuente a dar entrevistas. Y menos si hay una cámara de por medio. Las peticiones para entrevistarlo se multiplicaron a partir de que el pasado 12 de julio sentenció a 9 años de cárcel a Lula. Pero las negativas se replicaron de la misma forma. No y no, ha sido la respuesta de Moro cada vez que le han pedido hablar ante las cámaras.
En forma excepcional, accedió a hablar con periodistas de América Latina y de África que integran la red Investiga Lava Jato. “Acepté dar esta entrevista especialmente en reconocimiento al trabajo de periodistas investigativos que resolvieron actuar de manera cooperativa”, explicó.
A la cita, acordada en su despacho en Curitiba, asistimos los periodistas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de Folha de Sao Paulo. En forma remota participaron reporteros de Perú, Argentina, Venezuela y Mozambique. Moro sólo puso dos condiciones: no hablar de procesos en curso y no tomar imágenes en video. Además, se abstuvo de hablar sobre la reciente sentencia contra Lula. “Todo lo que quería decir ya está en la sentencia”.
Enfrentar a los poderosos
Cuando se le pregunta qué lo motivó a liderar el operativo Lava Jato, Moro no duda en responder: atacar la impunidad y aplicar la justicia por igual para todos. Y cuando dice para todos, se refiere a no tratar con privilegios a los poderosos, sean estos empresarios o políticos. “Es necesario tener una justicia imparcial y que aplique la ley, aun cuando sea contraria a intereses poderosos”.
A partir de su experiencia, afirma que México puede replicar el éxito de Brasil en el combate a la corrupción y la impunidad, siempre y cuando garantice la independencia de los órganos que investigan los abusos del poder.
“Creo que no se deben perder las esperanzas y creer que la corrupción es un estado natural, que es algo inevitable, que no puede ser enfrentado”.
La esperanza de lograr un cambio se alimenta no sólo con el ejemplo de Brasil -aclara Moro- sino también de otros países que vivían un cuadro de corrupción sistémica y que pasaron paulatinamente a mejorar. “Está el famoso caso de Hong Kong, que creó una agencia nacional anticorrupción, de Georgia, una ex república soviética que era casi un país gobernado por gángsters; Croacia y los movimientos más recientes en Rumania … Todo esto significa que es posible cambiar. Entonces, la primera cuestión que yo plantearía a cualquier persona que vive en un país que parece dominado por la corrupción es no perder las esperanzas. Con las acciones, las instituciones pueden reaccionar. Estos esquemas de corrupción no son una enfermedad natural”.
En el caso del operativo Lava Jato, el mayor logro fue el combate a la impunidad, afirma el juez. “La corrupción siempre va a existir. Pero lo importante es que la impunidad no sea más la regla para ese tipo de criminalidad tan dañina a la economía, a las arcas públicas y a la propia democracia (…) Cuando la impunidad de la corrupción era la regla en Brasil, eso también generaba un sentimiento de descrédito en la democracia”.
A diferencia de México, donde está arraigada la práctica de ocultar información, en Brasil se decidió hacer públicos los expedientes de todo el caso Lava Jato conforme se iban cerrando las investigaciones.
“La elección que se adoptó desde el inicio de este proceso era hacer todo público mientras no fuera perjudicial para las investigaciones. Dar la más amplia publicidad a las acciones penales, a las pruebas, al juicio. Forma parte de las libertades democráticas que las personas tengan conocimiento de lo que hacen sus gobernantes. Porque básicamente corrupción es abuso de poder para una ganancia privada”.
Además, hacer público todo, incluso cuando se involucra a personas poderosas, “funciona como una especie de protección contra cualquier obstrucción a la Justicia”.
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-México está en proceso de establecer un sistema nacional anticorrupción, y Brasil es un buen ejemplo a seguir de combate a la impunidad. En base a su experiencia, ¿qué recomendaría para garantizar el éxito a este sistema?
-El enfrentamiento de la corrupción, inequívocamente, depende de agentes de la ley que puedan actuar de manera independiente y eficaz. Lo que es importante en un sistema nacional anticorrupción es garantizar la independencia de estos agentes, sean policías, fiscales o jueces, y condiciones efectivas para que ellos puedan realizar su trabajo, como presupuesto y número de personal suficiente.
Varios países intentaron replicar la experiencia exitosa de Hong Kong, que creó una agencia nacional de combate a la corrupción. Pero a menudo sólo se replicaron en el nombre. Por lo tanto, en México debe tener un compromiso efectivo. Esto tiene que involucrar a todos los sectores que puedan dar una respuesta a la corrupción. En la parte de la ejecución de la ley, significa Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Claro que el juez no tiene el compromiso de condenar a nadie; él va a apreciar las pruebas y va a absolver o condenar. Pero debe haber cortes independientes que puedan dictar juicios condenatorios basados en pruebas suficientes de la práctica de corrupción, y no omitirse.
Brasil y México son países muy parecidos en varios aspectos. También tenemos problemas graves con violencia urbana, con tráfico de drogas e igualmente con corrupción. Me siento muy feliz de ver que esta reciente experiencia brasileña en el enfrentamiento a la corrupción sea vista positivamente por otros países que guardan tanta semejanza con nosotros. Deseo que estas iniciativas tengan éxito. México, así como Brasil, tiene una sociedad civil organizada bastante vigorosa, y me parece, viendo a la distancia, también con gran anhelo para que haya una disminución de la corrupción.
-Mientras en otros países hay un cisma político por las revelaciones de Lava Jato, en México no hay acciones visibles. ¿Cuál es su opinión sobre un país en el que la corrupción está tan arraigada, pero no se ha hecho nada?
-Es muy difícil hacer cualquier evaluación sobre lo que ocurre en los demás países. La globalización tiene un precio: trae algunas ventajas y desventajas económicas, pero también acaba llevando al fenómeno de la transnacionalización en la actividad criminal. De hecho, se constató que empresas brasileñas eventualmente pagaron ventajas indebidas para autoridades públicas de otros países. Lo que hemos hecho aquí en Brasil es compartir esas pruebas. Si el crimen es transnacional, el enfrentamiento de la criminalidad también tiene que ser transnacional, y tiene que involucrar mecanismos de cooperación. Las autoridades brasileñas, por regla general, han estado dispuestas a compartir esas pruebas a los demás países, quienes deben tratar de extraer de ellas lo mejor, instaurando sus propias investigaciones y responsabilizando a los eventuales culpables. Tengo la expectativa de que también las autoridades de México puedan desarrollar buenos casos criminales, utilizando esas pruebas compartidas o realizando sus propias investigaciones.
-En el juicio de Lava Jato hay más de 150 acuerdos de delación premiada y muchos de los (criminales) colaboradores quedarán presos sólo dos o tres años. En poco tiempo, parte de ellos van a volver a las calles. ¿Esto no da una sensación de impunidad, de que el crimen compensa?
-La colaboración de los delincuentes viene con un precio: él no colabora sino por la obtención de beneficios. Esto forma parte de la naturaleza de la colaboración. Mucha gente no tiene ningún acuerdo. Continúa respondiendo a los procesos, algunos fueron condenados, están presos. Estas personas también van a salir de la cárcel un día. Es parte del sistema. Lo que creo que tiene que ser comparado es que, en el pasado, como regla, lo que había era la impunidad. La gente ni siquiera sufría las consecuencias de sus actos criminales. En muchos casos, ni siquiera eran descubiertos. La sensación de impunidad era aún mayor. Aunque la gente tal vez no sabía detalles, tenían una idea de lo que ocurría dentro de los gabinetes de algunos agentes públicos.
– ¿Pero un acuerdo con un contratista, o con un ex director de Petrobras, no hubiera sido suficiente para descubrir todo esto?
-Mira, si estuviéramos hablando de sólo un crimen… Pero en realidad (en el caso Lava Jato) tenemos decenas y cientos de crímenes. Por eso acabó siendo necesario, a lo largo de las investigaciones, hacer los acuerdos (de delación) para obtener pruebas e informaciones de diversos esquemas criminales, con más de una persona. Sería diferente si fuera un asalto a un banco, por ejemplo. Lo que sucedió aquí fueron cientos de crímenes, como si fueran cientos de robos a bancos, involucrando muchas veces diferentes pandillas y personas diferentes.
-La condición para entregar las pruebas de Odebrecht a otros países, es que los fiscales no las usen para procesar a los ejecutivos de la empresa, en función del acuerdo de delación premiada firmado en Brasil. ¿Cuánto pueden afectar estas condiciones a la búsqueda de la verdad y la justicia?
-Tuvimos un caso muy interesante en el pasado, con una serie de petroleros brasileños, involucrados en operaciones de lavado de dinero, que mantenían cuentas secretas en una institución financiera en Estados Unidos. El caso involucró investigaciones tanto aquí como en los Estados Unidos. Y en nuestro caso, acabó siendo escuchada como testigo la gerente de ese banco. Era una persona que también tenía responsabilidad criminal, porque había dado abrigo a esas cuentas y facilitado operaciones de lavado de dinero. No obstante, ella había hecho un acuerdo de colaboración con las autoridades norteamericanas, y acordó testificar aquí bajo la condición de no ser procesada en Brasil por esos mismos hechos. Esto se ha respetado. Por lo tanto, es importante que haya una observancia en la cooperación internacional de las condiciones que se plantean.
En el caso de la Operación Lava Jato, la comprensión que se tiene es que esos crímenes fueron revelados en el marco de una colaboración con las autoridades brasileñas. Interesan a otros países, pero si los colaboradores son procesados sin ningún límite en esos países, eso pone en riesgo los propios acuerdos aquí en Brasil, de ahí la necesidad de tener cierta protección. Normalmente, Brasil ha compartido las pruebas con ese condicionamiento.
-Pero la sensación que se tiene en la sociedad es de impunidad para los empresarios y a los ejecutivos que pagaron la corrupción.
-Hay que dejar bien claro lo siguiente: el pago de soborno es algo terrible, reprobable y tiene que ser castigado. Pero, por otro lado, hay que alabar la actitud de esas empresas cuando resuelven colaborar. Eso es digno de elogios y de beneficios, si la ley así lo contempla. Porque hay una expectativa de que esos acuerdos signifiquen no sólo la revelación de crímenes, sino un cambio de postura de las empresas. Lo que no me parece razonable es que, cuando ellas pagaban soborno y lo hacían en secreto, eran tratadas de manera muy favorable por las autoridades, y de repente, cuando resuelven revelar sus crímenes y alterar sus prácticas, pasen a ser tratadas de manera rigurosa. No es así el camino.
Lo que las empresas brasileñas hicieron fue terrible, reprobable, pero ciertamente no fueron las únicas que pagaron sobornos por el mundo. Hay una gran posibilidad de que así lo hayan hecho en el marco de un ambiente corrupto, al que contribuyeron, pero del que no son la única causa. Estas investigaciones también son una oportunidad para identificar a otras empresas extranjeras y nacionales de esos países, que también pagaron ventajas indebidas y se involucraron en esas prácticas. Lo que se constató en las investigaciones en Brasil es que la corrupción era la regla del juego, y eso implicaba no una o dos empresas, sino varias. Y también las empresas extranjeras pagaron a los agentes brasileños de Petrobras. Es importante apurar las responsabilidades, pero considero que no es correcto condenar a las empresas brasileñas como si fueran las únicas responsables o las únicas empresas en el mundo que pagan sobornos. Ciertamente, si se busca, se van a encontrar hechos involucrando con otras empresas, y eventualmente del mismo país donde Odebrecht pagó sobornos.
– ¿A estas alturas de la investigación de Lava Jato, es posible decir que Odebrecht tenía como práctica común financiar campañas electorales en los países en los que tenía contratos importantes, como es el caso de Perú e incluso de México?
-Considerando los casos ya juzgados, lo que se puede decir es que hay situaciones en que las contratistas brasileñas hicieron aciertos de corrupción y pagaron propina a agentes políticos mediante donaciones electorales. Esto sucedía tanto con donaciones informales, es decir, ilegales, no registradas, y eventualmente por donaciones legales, o registradas. Por ejemplo: hay un caso ya juzgado que involucra a un ex senador brasileño (Gim Argello), nombrado miembro de una Comisión Parlamentaria de Investigación para indagar los propios hechos involucrados en la Operación Lava Jato. Y él, en lugar de realizar su trabajo de investigación, aprovechó la oportunidad para pedir dinero a empresarios brasileños, para que no fueran investigados por la comisión. En el pago de esos valores, entre los medios utilizados, también hubo donaciones electorales, incluso registradas. La donación empresarial en Brasil era permitida para 2015, no había ningún problema en eso. Pero si la donación, aunque legal, forma parte de un acto de corrupción, o sea, tiene una contrapartida específica, eso puede ser enmarcado como crimen.
– ¿Qué necesita cambiar en la ley para favorecer la lucha contra la corrupción?
-No es sólo ley criminal. Hay que pensar en más transparencia, en disminuir la posibilidad de elecciones discrecionales por las autoridades administrativas, que a menudo sirven como una válvula para el cobro de soborno; la cuestión misma de la reforma política, el financiamiento de campañas. Pero, sinceramente, veo por el mundo político una gran inercia. Al contrario, lo que veo son iniciativas que tienen el propósito opuesto, de obstaculizar los trabajos (anticorrupción) de alguna forma. Esta idea, por ejemplo, que se pensó en el pasado y eventualmente resurge como un fantasma, de una amnistía a los crímenes de lavado de dinero, es algo totalmente absurdo. Si Brasil camina hacia una propuesta de ese tipo, aunque disfrazada como amnistía, será terrible para la democracia.
– ¿Qué tan importante es el periodismo de investigación en el combate a la corrupción?
-Yo acepté dar esta entrevista especialmente en reconocimiento al trabajo de periodistas investigativos que resolvieron actuar de manera cooperativa. Tengo presente la gran importancia del trabajo no sólo de la prensa libre, sino específicamente de los periodistas de investigación. Es fundamental la libertad de prensa, poder publicar informaciones y hechos relativos a malas conductas por parte de autoridades públicas. Y eso, de alguna manera, lleva a la disminución de la corrupción. (….) Hoy, y eso es un mal mundial, hay un cierto sentimiento de pérdida de fe en el régimen democrático. Y eso es pésimo. A veces, parte de esa incredulidad se deriva del hecho de que las personas ven malas conductas por parte de sus gobernantes, sin que de ello se extraigan las consecuencias propias. Cuando hay un enfrentamiento de la corrupción, cuando hay la aplicación de la ley en esos casos, eso fortalece la creencia y la fe de las personas en el régimen democrático.
– ¿Tiene planes de carrera política después de terminar la operación Lava Jato?
-Esta es una pregunta recurrente, y puedo decir con mucha claridad que no tengo ninguna pretensión política. Yo soy un magistrado profesional y voy a continuar en la carrera judicial.
