Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 54 segundos
La información privilegiada o insider trading es uno de esos temas tabú que en los mercados financieros no se comenta, no se investiga y no se sanciona. Hace algunos años, solicité información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre las sanciones a intermediarios y a inversionistas sobre delitos bursátiles vinculados con información privilegiada.
• La respuesta, en primera instancia, fue que esa autoridad no tenía información sobre el tema. Impugné, claro, está postura y la respuesta, después de mi inconformidad, fue un abigarrado reporte lleno de inconsistencias y opacidad. No había nombres, acaso unas cuantas cifras que nada revelaban.
• Pensé que, como sucede en Estados Unidos con la SEC, el reporte de las autoridades mexicanas que vigilan el mercado bursátil, tendría información que ejemplificara la persecución del intercambio ilegal de información en perjuicio de los inversionistas o la colusión entre jugadores del mercado de valores. Pero no fue así. Me conformé entonces con los archivos de la SEC en donde abundan los nombres de jugadores mexicanos sancionados por información privilegiada entre ambos mercados.
•Ahora, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) publicó en el Diario Oficial de la Federación, el extracto del acuerdo de inicio de investigación IO-006-2016, por la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de la intermediación de valores de deuda emitidos por el gobierno mexicano. La Cofece no habla de información privilegiada, pero sí de prácticas monopólicas que en el mercado bursátil no son otra cosa que insider trading.
• La Cofece recordó que se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores.
• El titular de la Autoridad Investigadora, Carlos Mena Labarthe, explicó que “de existir acuerdos que afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario público y a los inversionistas podría ser grave considerando que cada año el gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales comercializados puede llegar a ser de aproximadamente $100,000 millones de pesos diarios”.
• La Cofece aclara que esta investigación no debe interpretarse como un juicio a priori o prejuzgamiento. Esa es la declaración formal. Sin embargo, esta indagatoria trae a valor presente aquella afirmación de exfuncionarios del Banco de México que deslizaron la propuesta, junto con algunos legisladores, de obligar a la banca a que acelerara la derrama de crédito, tomando en cuenta que su principal negocio era, precisamente, la intermediación de valores del gobierno federal, así como el crédito a entidades públicas. De no hacerlo, se dijo entonces, se estudiaría a qué banco se le permitía participar en el rentable negocio de la deuda pública.
Aquella propuesta generó una gran inconformidad por parte de los grandes bancos que operan en el país. Pero sí recuerdo que la mera amenaza generó que muchos se inconformaran. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la subasta de créditos de Nafin para asignar los recursos para los financiamientos para Pymes y otros sectores. La Cofece allí también tiene mucho trabajo.
