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Hace casi dos años escribí que una gráfica de las ventas históricas del concepto Primer Nivel de medicamentos genéricos de Genomma Lab mostraba que en su gestión de negocios estaba presentándose un cambio. Entre julio de 2011 y febrero de 2012 las ventas mensuales de la compañía que preside Rodrigo Herrera para este concepto de medicamentos genéricos pasaron de 37.1 millones de pesos a 12.2 millones, una caída de 67 por ciento.
En ese entonces hice referencia a dos posibilidades: que Genomma Lab había dejado de invertir en publicidad en televisión para impulsar el concepto; o que los consumidores estaban percibiendo caro y con poco valor agregado la línea de productos genéricos.
Genomma Lab me aseguró que Primer Nivel no sería enterrado; me dijeron que seguiría en el mercado y que tenían grandes planes para este producto que, por cierto, nació de una idea original de Pablo Escandón de Nadro. Ahora, sin embargo, Genomma Lab –cuyas acciones presentan una caída de 54 por ciento, al pasar de 37 pesos a 16.96 pesos– reconoció ante sus inversionistas del mercado de valores que Primer Nivel ya no es un producto significativo en sus ingresos (por cierto, se acabó la publicidad) y que, por lo tanto, se reporta integrado a otros rubros. Hasta el primer trimestre de 2015 las ventas en México de Genomma Lab muestran una caída de 8 por ciento y sus ingresos netos sólo por medicamentos genéricos acumularon un retroceso de 24 por ciento.
ELECCIONES ¿Y LOS TEMAS IMPORTANTES?
La organización Ciudad Posible, que fundó y encabeza José Luis Luege, hizo un llamado a los partidos políticos y a los candidatos para que durante las campañas políticas se ocupen de temas relevantes para la ciudadanía, y no de causas que no generen un beneficio público. Temas como la infraestructura pública y la transición en materia de energía son dos de los puntos que señalará Luege a los candidatos para que los incluyan en sus campañas.
Ya habíamos comentado sobre la calidad de las propuestas políticas y que el Instituto Nacional Electoral (INE) no se involucraba en este desafío para todo proceso electoral.
EL NEGOCIO DEL ABORTO
En México las grandes farmacéuticas tienen uno de sus mejores mercados en el mundo. No es aventurada esta afirmación y no sólo hablamos de las ventas que dependen del sector gobierno. En nuestro país, quienes consumen medicamentos concretan el llamado gasto out of pocket más importante en el mundo. Además de que nos encanta autorrecetarnos, se tiene poco control sobre muchos fármacos. En otras palabras, sin importar que el paciente cuente con seguridad social o coberturas que incluyan medicamentos, en México las personas que adquieren fármacos gastan grandes cantidades.
Es por ello que los grandes laboratorios observan a México como una prioridad en sus planes e inversiones.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que encabeza Mikel Arriola, ha incrementado –por lo tanto– la defensa de los derechos de los consumidores liberando patentes e impulsando la venta de medicamentos genéricos para reducir el precio de fármacos con grandes ventas en el mercado nacional. Basta el volumen en ventas para que los márgenes de las farmacéuticas sigan representando un buen negocio.
La Cofepris ha estudiado el tipo de fármacos que se necesitan para atender padecimientos crónicos como la diabetes mellitus o enfermedades de tipo hepático, por sólo mencionar algunas.
Arriola es abogado y llegó a la Cofepris con un buen antecedente de trabajo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Algunos críticos a su nombramiento le auguraban poco tiempo en el cargo porque no era médico ni científico; sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando se convirtió en uno de los pocos funcionarios que sobrevivió al sexenio. Así de positiva se considera su gestión en la Cofepris.
Entre algunos vicios que se siguen presentando se encuentran: gestores, despachos e intermediarios que solicitan recursos para agilizar trámites; sin embargo, Arriola lo sabe y busca reducir estos males, que al final del día son temas vinculados con la corrupción.
CLÍNICAS Y REGULACIONES
Otra área en la que Mikel Arriola ha dirigido recursos de la Cofepris es la inspección y vigilancia de clínicas y consultorios y los también llamados asesores médicos. En este rubro, en la Ciudad de México, la Cofepris enfrenta todo un reto: conocer la situación real de los establecimientos en donde se ofrecen servicios de salud y quirúrgicos a la mujer, pues resulta que a partir de 2007, luego de que se despenalizó la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, se abrió un nuevo negocio sin que hasta ahora cuente con la vigilancia suficiente. Aún hace falta la regulación porque, hasta ahora, su operación se enmarca en la modificación al Código Penal del Distrito Federal que despenaliza al aborto, pero no en medidas específicas para un tema tan complejo que va más allá de una intervención ambulatoria.
Es cierto que en algunas clínicas se exigen estudios y evidencias médicas que demuestren que una mujer que toma esta lamentable decisión tiene, en efecto, menos de tres meses de embarazo; sin embargo, no se tiene control sobre otras que no siguen estas reglas. No debería ser, por lo tanto, un tema de autorregulación definitivamente.
EL MEDICAMENTO DE PFIZER
Y como muestra un botón. En México basta acudir a la farmacia para comprar el medicamento Cytotec (con la molécula Misoprostol) para obtener un fármaco que si bien induce un aborto, no garantiza la salud de la mujer, que puede sufrir graves infecciones. El Cytotec es un medicamento de la farmacéutica Pfizer que se vende sin problema en las farmacias mexicanas por 2 mil 146 pesos, porque se prescribe para padecimientos como úlceras. Es cierto, no es culpa de Pfizer, pero ¿no debería venderse este fármaco con receta médica, como sucede con los antibióticos? ¿No debería de ser un medicamento controlado?
OHL, escándalo y dividendos
A la española Obrascón Huarte Lain (OHL), como a muchas otras empresas extranjeras, no les da temor demandar al gobierno federal –o a gobiernos estatales y municipales– para reclamar sus derechos en los negocios que obtienen a través de licitaciones o adjudicaciones directas. Papelito en mano, las constructoras que se benefician de los contratos de obra pública van directo y sin negociaciones a recuperar sus inversiones y los dividendos que prometen a sus inversionistas.
Así lo ha hecho la compañía OHL, que lo mismo demanda al gobierno del estado de Puebla –a cargo de Rafael Moreno Valle– por el aparente incumplimiento de los términos de una concesión para el llamado Libramiento Norte, que solicita a la administración de Eruviel Ávila, en el Estado de México, que le amplié la concesión para el Circuito Mexiquense hasta el año 2051.
OHL esperaba y estaba segura de incluir en su portafolio de negocios el contrato para el tren que conectaría al Estado de México con el Distrito Federal; también estaba lista para una veintena de obras que formaban parte del Programa Nacional de Infraestructura, que ahora se ejecuta con mucha dificultad desde la dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Esparza.
OHL necesita cuadrar los números de su inversión en el Circuito Exterior Mexiquense y la extensión de la concesión, aprobada por los legisladores mexiquenses, lo permitiría.
El problema es que la modificación al Código Administrativo en materia de obras del Estado de México se aprobó en medio de las críticas de la oposición, que señala a OHL como una compañía beneficiada desde hace varias décadas por la cúpula del priísmo en el Estado de México.
Por Claudia Villegas Cárdenas.