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Por Enrique Hernández Alcázar

No es un señalamiento cualquiera. Tampoco es un episodio que se pueda analizar desde la comodidad del aplauso fácil ni del insulto artero. Las acusaciones desde Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular con la facción de ‘Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa, abren una grieta que no distingue colores partidistas.

Sin duda, es una fisura que atraviesa, de lado a lado, a todo el sistema político mexicano donde las preguntas se acumulan.

¿Es un golpe mortal para la llamada Cuarta Transformación?
¿Es una victoria de la oposición que llevaba años gritándolo?
¿Es una victoria narrativa para quienes han insistido en el concepto de “narcopolítica”?
¿O, incluso, es una pieza más en el ajedrez geopolítico de Washington, ahora con Donald Trump marcando la pauta y apretando más el puño?

La respuesta incómoda es, probablemente: todas las anteriores.

Pero quedarse ahí sería caer en el juego más superficial. El de las tribunas. El del “te lo dije”. El de la polarización que todo lo simplifica y nada explica. Porque –insisto– esto va más allá de un gobernador, de un partido y de un sexenio. Creo que lo que está en juego es la credibilidad de todo el sistema político mexicano. Enterito.

Esta estructura llena de credenciales opacas, verdades a medias y cofradías secretas que, como en la vieja metáfora de Galileo Galilei, pareciera sostenerse de una hipótesis que todos intuyen, pero pocos se atreven a nombrar en voz alta: “y sin embargo, se mueve”.

Se mueven sospechas, dudas y la percepción de que el poder político en México, en demasiadas ocasiones, no solo convive con las estructuras criminales: las necesita, las tolera y las administra. Y eso es lo verdaderamente devastador.

Porque si estas acusaciones escalan, si se comprueban con evidencias, si cruzan el umbral de la narrativa para instalarse en el terreno de los hechos judiciales o penales, entonces ya no estamos frente a un escándalo político sino frente a un gravísimo diagnóstico.

Estamos hablando de un país, nuestro país, en donde las fronteras entre el Estado y el crimen organizado no siempre son ajenas. Un territorio de autoridad pleno de zonas grises donde la lealtad institucional compite –y pierde cada vez con mayor frecuencia– ante la lógica territorial del narcotráfico y su expansión. Donde la democracia, esa que presumen en discursos y en campañas, carga con el peso de la desconfianza irreparable.

Sí, es el día más negro de la 4T. Pero sería ingenuo o francamente deshonesto pensar que la oscuridad comenzó aquí. Este también es el peor día de una clase política que, durante décadas, ha sido comparsa cuando le conviene, cómplice cuando le toca y enemiga cuando el costo es políticamente rentable. En México, la relación entre poder y crimen no nació ayer, ni empezó con un gobierno reciente. Y, si no se rompe de fondo esta inercia maldita, tampoco va a terminar con el sexenio de la primera presidenta de nuestra nación.

Por eso la pregunta no es solo quién cae, o quién ganó la narrativa, mucho menos, quién capitaliza este escándalo. Siento que la verdadera pregunta es mucho más incómoda: ¿Quién queda limpio después de esto? Y, peor aún, ¿quién puede demostrarlo?

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