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Las organizaciones gremiales que reciban recursos públicos tendrán que rendir cuentas, así como cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Lo anterior luego de que el pleno de la Cámara de Diputados aprobara la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
La legislación aprobada pretende regular la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como establecer las bases de coordinación entre sus integrantes.
Promoverá fomentará y difundirá la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información y la participación ciudadana en la toma de decisiones, así como la rendición de cuentas, a través de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa.
Se establecen los mecanismos para garantizar el cumplimiento y la efectiva aplicación de las medidas de apremio y las sanciones que correspondan.
Durante el debate la diputada petista Lilia Aguilar Gil reconoció que la legislación contiene cosas positivas, como el reducir los tiempos de acceso a la información gubernamental, integra el Sistema Nacional para coordinar la política en materia de transparencia y amplía la lista de sujetos obligados.
No obstante, destacó que hay fallas centrales que no son menores. “La principal es el control político del nombramiento de los integrantes del IFAI”, precisó.
En nombre del PAN, el legislador Fernando Rodríguez Doval puntualizó: “es indispensable que toda autoridad rinda cuentas, que se garantice el derecho a la transparencia y al acceso a la información de los ciudadanos”.
Los ciudadanos están hoy “verdaderamente hartos de que existan políticos y funcionarios que usan los recursos públicos como si fueran personales; hartos de que existan sindicatos que no le rinden cuentas a nadie de los recursos que reciben del Estado”.
Edgar Amigón
