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Especialistas del Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM advirtieron que el acuerdo voluntario firmado entre el Gobierno de México y empresas tecnológicas para combatir la violencia digital representa un avance en el reconocimiento del problema, pero resulta insuficiente frente a la magnitud de las agresiones que enfrentan las mujeres en Internet.

El posicionamiento surge después de que el pasado 11 de marzo de 2026 se anunciara, durante la conferencia matutina presidencial, el Primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir las violencias en el ámbito digital, suscrito por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con las empresas tecnológicas Google, Meta y TikTok.

En un pronunciamiento público dirigido a ambas dependencias federales y al Congreso de la Unión, el Tlatelolco Lab reconoció que el acuerdo representa un paso para visibilizar la violencia digital, pero subrayó que los mecanismos voluntarios no generan obligaciones legales para las empresas.

De acuerdo con el documento, este tipo de acuerdos no crean responsabilidades exigibles ante tribunales, carecen de mecanismos de verificación independiente, no establecen sanciones legales en caso de incumplimiento y tampoco garantizan plenamente el debido proceso en la atención de denuncias.

Los especialistas señalaron que, al delegar en las propias corporaciones la decisión sobre cuándo y cómo actuar frente a contenidos violentos, se mantiene una asimetría de poder que fortalece el modelo de autorregulación de las plataformas.

“Donde no existe regulación jurídica vinculante, las plataformas priorizan sus intereses comerciales por encima de la seguridad de las personas usuarias”, señala el pronunciamiento.

El Tlatelolco Lab sostuvo que la violencia digital dirigida contra mujeres no es únicamente resultado de conductas individuales, sino una problemática estructural que las plataformas pueden incentivar o amplificar a través de sus propios mecanismos de funcionamiento.

Entre las formas de violencia más recurrentes se encuentran el hostigamiento coordinado, la difusión no consentida de imágenes íntimas, el acoso sistemático y las campañas de odio, fenómenos que, según el documento, han logrado evadir los sistemas de moderación de contenido y, en algunos casos, se potencian debido a los algoritmos que priorizan contenidos que generan interacción.

Debido a que el modelo de negocio de las redes sociales se basa en la viralización y priorización de contenidos, los especialistas consideran urgente avanzar hacia una regulación que vaya más allá de la simple denuncia individual de publicaciones violentas.

En ese sentido, el Tlatelolco Lab planteó la necesidad de un marco regulatorio con fuerza de ley que establezca obligaciones claras para las plataformas digitales.

Entre las medidas propuestas se encuentran la creación de protocolos de atención expedita para denuncias, sistemas verificables para la remoción de contenidos violentos, la prohibición del diseño algorítmico que amplifique el acoso, mayor transparencia en los procesos de moderación y responsabilidad legal de directivos de empresas tecnológicas cuando se distribuyan materiales que vulneren los derechos de las mujeres.

Estas propuestas forman parte del Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales, documento impulsado por el propio laboratorio de investigación de la UNAM, en el que se plantea la necesidad de garantizar la no discriminación y una vida libre de violencia en los espacios digitales.

Finalmente, el pronunciamiento hizo un llamado al Congreso de la Unión para legislar en materia de regulación de plataformas digitales con perspectiva de género.

“La buena voluntad de las empresas tecnológicas no es garantía de derechos; solo la Constitución lo es”, concluye el documento.

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