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Regulación de outsourcing, fomento al empleo de jornadas discontinuas, tolerancia a los contratos de protección y cancelación de garantías de seguridad social, en la agenda laboral del gobierno de Felipe Calderón. Con una PEA de casi 30 millones, la propuesta gubernamental es reformar la Ley Federal del Trabajo para que se inserte en un “panorama productivo y competitivo”, dice Javier Lozano Alarcón, titular de la STPS. Catedráticos universitarios se oponen al proyecto.
En la administración de Felipe Calderón, el “presidente del empleo” según su campaña electoral, la reforma a la Ley Federal del Trabajo es una de las “prioridades” gubernamentales. Las modificaciones que tendrían que ser aprobadas por el Congreso de la Unión se suman al paquete de reformas energética, educativa, de telecomunicaciones y al sistema de pensiones, rechazadas por diversos grupos del sector laboral del país.
Dentro de los cambios estructurales contemplados, se encuentra la regulación de las llamadas empresas outsourcing, las jornadas laborales discontinuas y la tolerancia a los Contratos de colectivos de protección patronal. En entrevista con Fortuna, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, niega que los cambios afecten a la clase trabajadora del país y beneficien al sector empresarial.
El funcionario, cuyo encargo formal es el de proteger las garantías y derechos laborales en México, asegura que, ante la “preferencia” que tiene la gente de participar en la economía informal y la dificultad que entraña la formalidad, “queremos facilitar el mercado laboral”.
La negativa de los líderes sindicales y especialistas en la materia para que se lleve a cabo la llamada Ley Lozano es, dice, “porque temen que vayamos a trastocar los derechos laborales fundamentales”. Pero esto se trata de garantizar la “paz laboral”, añade, que significa el equilibrio de los factores de la producción, con absoluta dignidad y legalidad. “No un sometimiento de una parte a la otra”.
Por eso, indica, “se puede vivir sin reformar la Ley, pero es un poco como tener un buen vehículo que se está manejando con el freno de mano. Si queremos un escenario sobresaliente, debemos concluir las reformas”.
Reforma de Ley
La población económicamente activa en México asciende a 28 millones 532 mil 930 personas: 18 millones 59 mil 450 son asalariados, 6 millones 228 mil 898 trabajan por cuenta propia, 1 millón 359 mil 418 no perciben remuneración alguna y 1 millón 736 mil 566 son empleadores de mano de obra. Lozano Alarcón asegura que la Ley Federal del Trabajo debe reformarse, pues, según sus apreciaciones, ya “no está adaptada a los tiempos que corren. Data de 1970, con una visión de la economía muy cerrada, estatizada. Tiene corte distinto en las relaciones laborales y sindicales”. Según Lozano Alarcón, la Ley está inserta en una política distinta donde los conceptos de productividad y competitividad no estaban en el argot de la administración pública. Ahora es “necesario actualizarla para no dividir el acceso al mercado formal de trabajo”.
El funcionario asegura que será en esta administración cuando se “facilite el mercado laboral, que haya nuevas modalidades de contratación y los jóvenes tengan posibilidad de empleo, por lo que es necesario regular el outsourcing, eliminar la cláusula de exclusión por separación y evitar los vicios sindicales”. En la Ley Federal de Trabajo, explica Lozano Alarcón, serán incluidos todos los artículos que tienen que ver con el “trabajo decente”, para evitar el hostigamiento, acoso sexual y la discriminación.
Se aplicarán todas las tecnologías de la información a la justicia laboral, para que las demandas por seguridad social no tengan tratamiento de un juicio laboral, ya que es más tardado y complejo. También se pretende elevar el monto de las sanciones y que los inspectores del trabajo tengan facultades para clausurar un centro de trabajo en riesgo inminente.
“El derecho laboral tiene que ser tutelar; no obstante que se busque el equilibrio entre los factores de la producción, sabemos que hay una parte más débil pese a la existencia de sindicatos”.
El funcionario agrega, sin ruborizarse: “Hay derechos que siguen siendo irrenunciables”. Enseguida los enlista: “el salario, la jornada laboral, la edad mínima para trabajar, el derecho de huelga, la libertad sindical”.
La oposición
El 1 de mayo del año pasado, la revista quincenal Contralínea, periodismo de investigación publicó una entrevista con el jurista Néstor de Buen, quien destacó que entre las reformas a la Ley se encuentran “nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo y contratos a prueba o de capacitación inicial”. La propuesta sería contraria a la Constitución, pues, considera, atenta contra los principios constitucionales de estabilidad y seguridad laboral.
El especialista en materia laboral aseguró que se pretende fijar “un periodo promedio de 90 días de prueba y de 180 días para puestos de dirección, gerenciales o para labores técnicas o profesionales especializadas, y la contratación condicionada a que el empleador considere que el trabajador está suficientemente capacitado”.
Otras propuestas plantean la desaparición del salario mínimo y que se pague salario por horas, que sustituirían la jornada máxima de ocho horas por jornadas flexibles; la creación de bancos de horas acumulables de forma mensual; empleos con jornadas discontinuas, donde sin apegarse a una jornada establecida por Ley, patrones y trabajadores convengan la ampliación de la jornada diaria.
“Condiciona derechos a la productividad y competitividad de los empleados. También elimina los escalafones, la antigüedad y la prima de antigüedad. Al suprimir el escalafón ciego, da prioridad a trabajadores por productividad y no por antigüedad para los ascensos. Modifica el cambio en el esquema de reparto de utilidades, la tabla de enfermedades profesionales y el régimen de pensiones”, dijo Néstor de Buen.
Cuestionado sobre estos puntos, el titular de la STPS justifica: “Ante un desempleado, no hay peor panorama que no tener trabajo. La contratación después de un periodo no quiere decir que no se le pague, pero sí que dentro de un periodo de prueba demuestre que cubre el perfil que se está solicitando en determinada fuente de trabajo o que se obligue a capacitarse para tener ese piso, entonces ya se formaliza la relación de trabajo”.
Lozano Alarcón añade que, “desde el momento en que tú contratas a una persona, estás asumiendo un pasivo laboral. Nosotros proponemos que haya hasta tres meses, le pagas, pero todavía no bajo una relación formal. Esto te permite ver si la persona cubre las expectativas”.
El encargado de velar por los derechos laborales de los mexicanos admite que, para él y los empleadores, las jornadas discontinuas son “otra opción”. “Se trata de que se reconozca lo que trabajó la persona, como los jornaleros agrícolas que trabajan seis meses sí y el resto no. Cotizas y te pago esos seis meses que dura la relación, pero no me obligas a que cada seis meses te tengo que rescindir un contrato para darte una indemnización. Éste es un gobierno en el que queremos hacer las cosas y transformarlas de raíz con un reconocimiento pleno de lo que no está funcionando”.
Jornaleros agrícolas
Ante la falta de garantías laborales que tienen más de 3 millones 100 mil personas que migran de un estado a otro para contratarse como jornaleros agrícolas –más del 90 por ciento son indígenas, provenientes de las zonas más pobres y olvidadas del país–, el secretario del Trabajo acepta que se tiene que lograr un marco jurídico que proteja a los trabajadores del campo. Los me’phaa, nu’saavi y nahuas son un ejemplo. Estos indígenas abandonan por decenas de miles La Montaña de Guerrero. Familias, pueblos enteros llegan a las plantaciones de empresas trasnacionales en Sinaloa, en busca de empleo. Ahí se encuentran con “campos de concentración, capataces, guardias blancas, tiendas de raya” y condiciones insalubres de supervivencia, documenta una investigación periodística publicada en la revista Contralínea, el 15 de enero de 2008.
Al respecto, Javier Lozano Alarcón asegura que el tema escapa a su competencia, pues la inspección de las condiciones de trabajo en el campo dependen de los gobiernos estatales. No obstante, admite que los rubros de salubridad e higiene sí son responsabilidad de la STPS, por lo que “tenemos que lograr un marco jurídico con absoluta presión de lo que le corresponde a cada quien y cuáles son las obligaciones de los patrones”.
El encargado de garantizar la previsión social de los trabajadores en el país acepta que la mayoría de los jornaleros no están inscritos al Seguro Social. “Esto es un círculo vicioso, porque los patrones no los dan de alta en el Seguro Social porque ven que los empleados no cuentan con todos los servicios que brinda esta garantía, es decir, ¿para qué doy una aportación obrero patronal si no voy a dar servicio médico, guarderías o estancia infantil, pensión, incapacidad? No hay una infraestructura suficiente en el trabajo de campo”, excusa.
Para cubrir las necesidades de salubridad de los jornaleros agrícolas, el titular de la STPS propone que éstos sean atendidos por el Sistema Nacional de Salud –los hospitales generales de la Secretaría de Salud o el Seguro Popular–. Luego señala que, bajo este esquema, “nunca podrán cotizar el número de semanas suficientes para su retiro”.
Lozano Alarcón alega: “Estamos haciendo un esquema individual de pensión que le permita al trabajador un retiro anticipado”. Según su dicho, la STPS también trata de garantizar la cobertura de servicios educativos y certificación de conocimientos, en coordinación con las secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Educación para los Adultos y el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas, entre otros. Sin embargo, para el director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, “el gobierno no garantiza la alimentación de la gente que vive en el campo. Con lo que una familia siembra en La Montaña, llega a cosechar 400 kilos de maíz; eso les alcanza para alimentar a ocho personas durante tres meses, pero eso no implica que no se enfermen, que no tengan que invertir en ropa ni en escuela para los hijos. Y cuando se les acaba, no tienen nada que comer”.
Contratos de protección, mal de trabajadores
Mientras Lozano Alarcón advierte que en esta administración se reformará la Ley del Trabajo, para adecuar las condiciones de los trabajadores a un mercado competitivo, el panorama laboral es desalentador, consideran catedráticos universitarios y trabajadores.
José Alfonso Bouzas Ortiz, doctor en derecho por la UNAM y coordinador del libro Contratación colectiva de protección en México –informe realizado para la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT)–, asegura que la existencia de los contratos colectivos de protección patronal (CCPP) “constituyen una práctica que afecta a la mayor parte de los trabajadores mexicanos, impiden la democratización y la negociación colectiva y generan una simulación en el conjunto de instituciones del mundo laboral”.
De acuerdo con el investigador, los CCPP representan el 90 por ciento de los contratos de colectivos de trabajo registrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA): de los 15 mil 581 contratos colectivos existentes, unos 13 mil 500 son de protección. El mismo porcentaje, calcula, es para cada una de las juntas locales en los estados del país.
En el informe entregado a la ORIT, María Xelhuantzi López, doctora en ciencias políticas y asesora del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, explica que el contrato de protección “funciona” como un instrumento que permite a las empresas obtener mayores ganancias, “directamente derivadas de la precarización laboral, en especial de la pauperización salarial y condiciones de trabajo”.
Al preguntarle qué información maneja la Secretaría respecto de los CCPP, Javier Lozano Alarcón arguye que es difícil detectar cuáles de los contratos registrados ante la JFCA pertenecen a esta modalidad. Sin embargo, admite que algunos patrones recurren a este tipo de contrataciones para evitar una auténtica tutela de los contratos colectivos de trabajo.
Los empresarios “crean organizaciones donde obligan a los trabajadores a entrar con contratos colectivos ridículos o inexistentes. Evitan la entrada de otro tipo de sindicato, porque ya tienen a la mayoría de los trabajadores afiliados. Simulan la protección de la contratación colectiva, cuando en realidad es un entendimiento entre un líder a modo con un patrón a modo, con trabajadores sometidos y sin conquistas laborales. Sin embargo, revisten una forma jurídica tal, que es muy difícil detectarlos o castigarlos. ¿Cómo les puedes decir a los trabajadores que es un contrato balín?”, se pregunta el secretario.
A manera de respuesta, el encargado de garantizar la paz laboral en México disculpa: “Finalmente, se asocian; tienen un contrato colectivo. Desde el punto de vista jurídico no hay falta, pero sí hay una simulación. Lo que tenemos que identificar es que se cumpla a cabalidad lo que esté en ese contrato y en esa relación, con las normas mínimas de capacitación, seguridad e higiene en el trabajo. Si eso ocurre, no nos queda más que lamentar el hecho de que se esté abusando de la necesidad de los trabajadores”.
Reclamar derechos, asunto de “porros”
Natanael Sánchez fue empleado en uno de los llamados call center que hay en el país. Estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), inició su experiencia laboral en la empresa Atento Servicios, telefónica española con oficinas en México.
Su trabajo le permitía solventar los gastos de sus estudios y ayudar, en la medida de lo posible, a la economía de su familia. Él, al igual que otros de sus compañeros, fue despedido el pasado 3 de septiembre sin justificación alguna y con el mote de “porro de la UNAM”. Habían querido formar un sindicato de telecomunicadores o telemarketing, como aparece anunciado en los avisos de empleo. Su objetivo no se logró, por el contrario, fue agregado a una “lista negra” que circula ahora por varias empresas del mismo tipo, para evitar que sea contratado, acusa.
Natanael asegura que las condiciones laborales en las que se encontraban él y sus compañeros eran injustas: jornadas mayores a las ocho horas, sin prestaciones mínimas de seguridad social, sin un contrato de trabajo, pues estaba afiliado a un contrato colectivo de protección patronal. Además, había sido canalizado para prestar sus servicios por una empresa empleadora (outsourcing) de “jóvenes entusiastas”.
El estudiante universitario relata que, cuando la empresa no obtenía la contratación de servicios mediante el trabajo de los jóvenes, simplemente se les descontaba el día de su salario quincenal. Hubo ocasiones, dice, en las que el pago por 15 días trabajados era de 300 pesos. Del reparto de utilidades de la empresa no vio un solo centavo.
Actualmente, el joven es asesorado por el Centro de Solidaridad Sindical Internacional y por académicos universitarios para la exigencia de sus derechos laborales a la empresa que lo despidió injustificadamente. Ahora, Natanael forma parte de las filas de desempleados, que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, elaborada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al tercer trimestre de 2008 es de 1 millón 148 mil 598 personas “desocupadas”. (ER)
