Privatizan energías renovables

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Legisladores entregan la obtención de electricidad a través de energías renovables a particulares; CFE y LFC están obligados a comprar y distribuir el excedente de la corriente generada, de acuerdo con la nueva Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética. El nuevo cuerpo normativo es contrario al artículo 27 constitucional, dice Antonio Almanza, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.


El poner en manos de particulares la facultad exclusiva para utilizar las nuevas fuentes de generación eléctrica violenta el artículo 27 constitucional, considera Antonio Almanza, integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. A la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Luz y Fuerza del Centro (LFC) se le entrega sólo la potestad de distribución del excedente.

Almanza dice que la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética es la continuación de las reformas “salinistas” que permitieron la entrada a empresas privadas en la generación de energía eléctrica, con la Ley del Servicio Público de Electricidad en 1992.

De acuerdo con la nueva Ley, los generadores sólo pueden ser personas físicas de nacionalidad mexicana o personas morales constituidas conforme a las leyes mexicanas y con domicilio en el territorio nacional, que generen electricidad a partir de energías renovables.

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo sexto, establece: “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.

En esta materia, no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines”.

El 20 de octubre de 2008, junto con otros seis dictámenes sobre la reforma energética, se aprobó el Decreto por el que se Expide la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética.

Según la exposición de motivos, el cuerpo normativo tiene por objeto regular el aprovechamiento de fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias para generar electricidad con fines distintos a la prestación del servicio público de energía eléctrica.

Además, de establecer los mecanismos para que la generación de electricidad se realice de manera compatible con la realidad social y ambiental de México, al determinar las modalidades de participación de los sectores público y privado, así como los instrumentos regulatorios y de financiamiento que permitirán el aprovechamiento de las energías renovables.

Antonio Almanza dice que no está en contra de que particulares utilicen nuevas fuentes de energía renovable para satisfacer sus propias necesidades de electricidad; pero se opone a la mala interpretación de la Ley, para permitir que empresas privadas continúen lucrando con la electricidad, transformándola en un negocio. Agrega que el párrafo sexto del artículo 27 es claro, los privados no pueden tener concesiones para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica.

Sin embargo, desde 1983 se realizaron reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, que han minado la Constitución. En 1992, se realizó una cirugía mayor a la citada Ley: en su artículo 3, se dispuso que la generación de energía eléctrica no siempre se consideraba de servicio público, además se facultó a la Comisión Reguladora de Energía y a la Secretaría de Energía (Sener) para otorgar permisos a particulares para el autoabastecimiento, cogeneración y producción independiente para su venta a la CFE, así como para la exportación e importación derivada o destinada a usos propios.

 

Más ganancias para los privados

El legislador, emanado del Partido de la Revolución Democrática, explica que, entre 1997 y 2001, la CFE firmó 15 contratos con inversionistas privados, denominados productores independientes de energía, con la obligatoriedad gubernamental de pagar a estos productores independientes 4 mil 588 millones de dólares, al tipo de cambio de 11.20 pesos por 1 dólar, la suma de 51 mil 386 millones de pesos.

Agrega que el crecimiento del sector privado en la generación de energía eléctrica supera al de la paraestatal, creada para tal efecto. En septiembre de 2006 ya operaban 18 centrales generadoras, con capacidad de 8 mil 771 megawatts; en 2007 eran 20 plantas.

En el periodo de 2001-2006, la CFE sólo incrementó su capacidad de generar poco más de 1 mil megawatts; los particulares, 9 mil megawatts.

A decir de Almanza, la generación de electricidad por parte de los productores independientes, autoabastecedores y cogeneradores particulares, representa cerca del 30 por ciento de la generación total nacional. Su capacidad instalada es de una cuarta parte en comparación con la capacidad de CFE y LFC.

“No se justifica la participación privada en el sector eléctrico, so pretexto de acceder a electricidad de calidad y a precios accesibles. La electricidad se convirtió poco a poco en un gran negocio en detrimento de los propios consumidores”, explica.

 

La nueva Ley

De acuerdo con la Ley, se consideran energías renovables cuya fuente reside en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía aprovechable por la humanidad, que se regeneran naturalmente, por lo que se encuentran disponibles de forma continua o periódica, y son el viento; la radiación solar, en todas sus formas; el movimiento del agua en cauces naturales o artificiales; la energía oceánica en sus distintas formas, maremotriz, maremotérmica, de las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal; el calor de los yacimientos geotérmicos, los bioenergéticos.

La Sener promoverá acciones de apoyo al desarrollo industrial para el aprovechamiento de las energías renovables, facilitará el acceso a aquellas zonas con un alto potencial de fuentes energéticas y promoverá la compatibilidad de los usos de suelo para tales fines.

El dictamen plantea que los minerales radiactivos para generar energía nuclear, la energía hidráulica con capacidad de generación mayor a 30 megawatts, residuos industriales o de cualquier tipo cuando sean incinerados o reciban algún tipo de tratamiento térmico y los rellenos sanitarios que incumplan con la normatividad ambiental no serán consideradas como fuentes renovables de energía.

Con la promulgación de la Ley, se faculta a la Sener para crear y coordinar el Programa para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Consejo Consultivo para las Energías Renovables. Además, la Comisión Reguladora de Energía expedirá los lineamientos y normas de carácter administrativo relativas a la generación e intercambio de electricidad a partir de energías renovables.

También se detallan los mecanismos para el pago de las contraprestaciones que se otorgarán a los generadores de electricidad a partir de energías renovables. Y propone que los proyectos de generación de electricidad de energías renovables, con una capacidad mayor de 2.5 megawatss, procurarán asegurar la participación de las comunidades locales y regionales.

Dentro del capítulo cuarto de la Estrategia Nacional para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, se prevé que a través de dicho programa se impulsarán políticas, programas, acciones e incentivarán proyectos encaminados a conseguir una mayor utilización y aprovechamiento de las fuentes de energía renovables y las tecnologías limpias; se promoverá la eficiencia y sustentabilidad energéticas, y se reducirá la dependencia de México de los hidrocarburos como fuente primaria de energía.

Además, se crea el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, con el fin de asegurar que la transición se realice mediante el apoyo de mecanismos de financiamiento que estarán destinados a proyectos estructurados, presentados, evaluados y aprobados, con base en los lineamientos expedidos por el Comité Técnico.

Fondo para la Transición

El Comité del Fondo estará integrado por representantes de las secretarías de Energía (que lo presidirá), de Hacienda y Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como de la Comisión Federal de Electricidad, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto de Investigaciones Eléctricas y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Además, con el propósito de potenciar el financiamiento disponible para la transición energética, el Comité Técnico podrá acordar que con cargo al fondo se utilicen recursos no recuperables para el otorgamiento de garantías de crédito u otro tipo de apoyos financieros para los proyectos que cumplan con el objeto de la estrategia.

El artículo 11 transitorio estipula que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 se destinarán 3 mil millones de pesos para dicho fondo. Antes del 30 de junio de 2009, la Secretaría de Hacienda consolidará la información sobre las provisiones de recursos del sector público incluidas en el presupuesto anual.

En los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, el monto propuesto en los presupuestos será nuevamente de 3 mil millones de pesos, respectivamente.

 

Servicio público

Antonio Almanza considera que el desempeño del sector eléctrico, desde la creación de la CFE y de LFC, responde a los requerimientos del desarrollo y ha logrado construir un sistema eléctrico nacional, cuya cobertura se extiende por todo el territorio: cubre el 96 por ciento de la población. Se han podido establecer tarifas diferenciadas para la agricultura, la industria, el comercio y los servicios, de acuerdo con las modalidades que dicta el interés nacional.

Para el legislador perredista, el desmedido incremento en las tarifas eléctricas y aumento en las protestas por los costos de la luz están relacionados con la privatización de la generación eléctrica. Las empresas privadas buscan recuperar de manera rápida su inversión.

Los inversionistas recurren a la generación a base de plantas de ciclo combinado que utilizan gas natural como materia prima.

Agrega que durante los últimos cuatro sexenios se privilegió el uso de gas natural como energético primario, esta decisión estratégica llevó a que ahora México dependa de un combustible, importado, que triplicó su precio en este periodo.

“Es completamente inmoral que un país como el nuestro, que cada día está más lejos de la seguridad y la soberanía alimentaria, ponga a competir en la demanda de alimentos a máquinas con seres humanos. Más aún cuando se cuenta con un excedente del 40 por ciento de la capacidad de generación de energía eléctrica”, dice el legislador.