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Ciudadanos y algunas autoridades de Estados Unidos decidieron presionar económicamente al gobierno de Arizona con un boicot comercial para que revierta su decisión de criminalizar la inmigración indocumentada a través de la Ley SB1070.
Suspender todos los viajes a Arizona que se financien con fondos públicos, no adquirir bienes producidos ahí ni contratar los servicios que ofrezca ese estado son la esencia del boicot que, desde abril, han emprendido miles de estadunidenses contra el estado de la republicana Janice Brewer. Aunque se trata de una medida económica de alcance temporal, esa acción también busca exhibir la intolerancia de un gobierno contra la pluralidad que trae consigo la inmigración.
En Arizona viven y trabajan alrededor de 500 mil personas sin permiso migratorio; el 50% de ellos serían mexicanos. El Centro de Investigaciones Económicas y de Negocios de la Universidad de Arizona reveló que, en los últimos 10 años, México ha sido el mayor destino de las exportaciones desde ese estado.
Sólo en 2008, las exportaciones de Arizona a México alcanzaron los 5,900 millones de dólares; aunque en 2009 ese intercambio descendió 23% debido a la crisis, alcanzó los 4,500 millones de dólares. Los tres principales productos que los mexicanos adquieren de aquel estado son: computadoras y electrónicos, maquinaria y equipo eléctrico.
Si México hubiera puesto en marcha un boicot contra la industria turística de Arizona por la promulgación de la ley antiinmigrante SB1070, es muy probable que su economía se hubiera visto afectada. Cifras de la Oficina de Turismo muestran que visitan ese estado al año alrededor de 24.4 millones de mexicanos; lo que genera unos 2 mil 700 millones de dólares para la economía local.
Esa derrama económica es importante para un estado que ya presenta una tasa de desempleo del 10%, y un sector inmobiliario “agonizante”. Ante ese escenario, el 4 de enero de este año se creó el Consejo de Asesores en Comercio de Arizona para impulsar la vitalidad económica del estado, pues 2010 comenzó con un gran déficit de ingresos y una significativa pérdida de empleos.
El Consejo –que integran siete líderes empresariales de diversos sectores y regiones de Arizona- tiene la misión de “ayudar a identificar el modelo de desarrollo económico que responda a los intereses del sector privado. Lo dirige Donald E Cardon, jefe del Departamento de Comercio de Arizona.
De acuerdo con la Arizona Hispanic Commerce Chamber, los latinos poseen alrededor de 50 mil negocios en aquella entidad; un tercio serían inmigrantes. El 19 de abril, una semana antes de que se aprobara la Ley SB1070, Armando Contreras, presidente de esa Cámara, pidió a la gobernadora Brewer rechazarla.
Le manifestó que en la actual situación económica, Arizona apenas puede enfrentar el presente con un clima contradictorio y amargo. “Los inversionistas nacionales y los líderes de la industria nos hicieron saber que apoyan nuestro talento y ánimo empresarial, no las persecuciones policiacas”. Refrendó que esa ley “es mala para los negocios y mala para la recuperación económica”.
Contreras enfatizó: “Le pido que vete la ley en nombre de la imparcialidad, del humanitarismo y por el bien de la futura prosperidad económica de nuestro estado y su comunidad y creciente diversidad”. A tal petición, la gobernadora Brewer respondió: “Lo escuché y le aseguro que haré lo que crea que es correcto para que todos reciban un trato justo”.
Respecto del alcance de un boicot contra Arizona, José María Ramos, investigador del Colegio de la Frontera Norte, considera que esa medida refleja qué tan diversa es la sociedad norteamericana, “sobre todo porque hace notar las preocupaciones racistas y en parte económicas” que tienen.
“En la medida en que se puedan generar prácticas de boicot económico, comercial y financiero, se podrán prever posibles consecuencias” discriminatorias de la Ley SB1070, señala Ramos.
Ciudades en boicot
Si el gobierno de Arizona no revoca la nueva ley, ciudades de la costa oeste de Estados Unidos como Portland, Seattle, San Francisco, Los Ángeles y San Diego impondrían un boicot, anticipó Sam Adams, alcalde de Portland. En un primer paso, el condado y la ciudad de El Paso, Texas, aprobaron impedir a los empleados viajar a Arizona y establecer relaciones comerciales con empresas basadas en esa entidad.
El cabildo de la ciudad californiana de Oakland aprobó por unanimidad imponer un boicot al estado de Arizona. Jean Qan, autora de la resolución y miembro del consejo, recordó que su padre llegó a Estados Unidos como indocumentado y sólo tras conseguir documentos falsos obtuvo un empleo con el que reunió el dinero para traer a la madre y a ella misma a ese país.
Con esa medida, Oakland se reserva toda transacción con Arizona, su gobierno, instituciones y las empresas privadas situadas en ese estado. Además, la lista del cabildo presenta a decenas de instituciones y empresas, como la empresa de mudanzas U-Haul, la Universidad de Phoenix y sus planteles en todo el oeste del país.
La noche del 5 de mayo, los cabildos de las ciudades de Tucson y Flagstaff, Arizona, decidieron interponer demandas legales contra la ley migratoria. El cabildo de Tucson, la segunda ciudad más importante del estado, aprobó esa demanda por cinco votos a favor y uno en contra. El alcalde Bob Walkup manifestó que “buena parte de la economía de Arizona se deriva de los turistas mexicanos que acuden a realizar sus compras o que vacacionan en este estado”.
Por su parte, Antonio Villaraigosa, alcalde de Los Ángeles, se sumó al boicot contra la ley antiinmigrante de Arizona. El responsable de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos recordó que, en el pasado, las medidas de boicot han funcionado, como ocurrió en Sudáfrica contra el apartheid.
El boicot es un llamado de atención y una señal política que implica “no comprar productos, no hacer turismo o alguna actividad que lleve dinero a Arizona”, puntualizó Henrik Rehbinder, editor del diario La Opinión -el rotativo en español de mayor circulación en Estados Unidos-, bajo el título “Diga No a Arizona”.
A su vez, organizaciones defensoras de los derechos humanos de las minorías en Estados Unidos también se unieron al boicot. Una de ellas es la Asociación de Abogados de Inmigración de Estados Unidos, quienes se preparan para ejercer posibles acciones legales contra la nueva norma.
Boicot académico
El 7 de mayo, unas horas después de conocerse la aprobación de la Ley SB1070, José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, canceló sus programas de intercambio para el verano con la Universidad de Arizona, confirmó Robert Shelton, rector de esa institución, también crítico de esa legislación.
Los lazos entre ambos centros de estudios superiores “son estratégicos para los próximos años” y estarían amenazados por la “desafortunada” decisión de la gobernadora Brewer de impulsar esa ley, hizo notar Shelton. El académico lamenta que los estudiantes mexicanos que participarían en esos intercambios ahora se dirigirán hacia la Universidad de Stanford, en California, o el Kingston College inglés.
Respecto del impacto de esa ley migratoria en la economía mexicana a mediano y largo plazo, Aarón Enrique Almada, consejero universitario de la Universidad de Arizona y estudiante de maestría en educación crítica y estudios migratorios, estima que el alcance de esa ley afectará a la economía estadunidense, especialmente la de ciudades fronterizas como Nogales.
Recuerda que el Ejecutivo Federal mexicano pidió a sus ciudadanos que diariamente cruzan la frontera con Arizona (de forma legal) que no gasten su dinero del lado estadunidense. Almada es también integrante del Proyecto Tucson Gear Up, que busca incrementar sustantivamente el número de estudiantes que se preparan para ingresar y ser exitosos en el colegio o en la capacitación para el trabajo después concluir la educación media.
Por su parte, la Asociación de Estudiantes de esa universidad aprobó una resolución que se opone a la nueva ley de inmigración, como refiere su boletín de fines de abril. A su vez, la senadora Deanna Mariner declaró que los estudiantes de Arizona no deberían estar sujetos a la acción policiaca sin garantías, particularmente en un instituto de educación superior.
Otra voz crítica desde la academia estadunidense contra la ley promulgada el 27 de abril es la de Chris Edelson, profesor de derechos civiles y libertades de la Universidad Americana en Washington, DC. Manifestó que esa ley viola la Cuarta Enmienda de la Constitución de aquel país, pues “prohíbe los registros y detenciones arbitrarias”. Además, manifestó que Arizona crea su propia política migratoria en un ámbito de competencia federal.
Entretenimiento en paro
Los efectos del cese de adquisiciones o de prestaciones de servicios se sienten ya en Arizona, aseguró James E García, vocero de la Cámara de Comercio Hispánica. Al menos 10 conferencias, convenciones y hospedaje se han cancelado en el hotel Sheraton de Arizona, con lo que se ha perdido 1 millón de dólares. Los llamados a boicotear los sitios de turismo y convenciones tuvieron éxito y, con ello, negocios de la zona de El Gran Cañón reportan bajas en sus ocupaciones.
Entretanto, Kristen Jarnagin, vocero del Hotel Arizona y de la Asociación de Hospedaje, anunció el lanzamiento de la campaña “Don’t boicot AZ Tourism”, que llama a no castigar a los empleados de la industria turística por la política.
El Consejo Nacional de La Raza, el Centro de Justicia Asiática Estadunidense, el Centro para el Cambio Comunitario, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio y el Sindicato de Trabajadores Comerciales de la Industria Alimentaria protestaron por lo que, estimaron, se trata de una ley extraordinaria que reclama una “respuesta extraordinaria”.
Esas agrupaciones pidieron a la Asociación de Beisbol de Ligas Mayores cancelar la celebración de su Juego de Estrellas en Arizona. También, extendieron esa solicitud a los artistas para que no se presenten en el estadio.
Ese boicot pretende que este año se alcance una reforma migratoria que legalice la situación de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Detrás de ese reclamo, está la oposición a las redadas que periódicamente realizan las autoridades en centros de trabajo en los que se recluta a los indocumentados por un salario ínfimo.
Así ocurrió el 7 de mayo cuando la policía allanó las instalaciones de la compañía Laser Masters, situada en Phoenix, y donde detuvo a 35 presuntos inmigrantes indocumentados que habrían utilizado documentos falsos. Como es frecuente, esa acción se debió a una denuncia anónima.
Abogados contra la ley
La primera demanda que enfrentó la ley provino de la Coalición Nacional de Clérigos y Líderes Cristianos Hispanos (Conlamic), el 29 de abril. Se solicitó una orden de abstención de aplicación para la Ley SB1070 porque “viola el derecho a un proceso justo, pues permite la detención de los sospechosos de ser indocumentados antes de ser condenados”, declaró el reverendo Miguel Rivera, dirigente de esa agrupación.
La Conlamic, que reúne a más de 300 pastores en Arizona, defiende los derechos de inmigrantes en Estados Unidos, anunció que la gobernadora Brewer deberá enfrentar las consecuencias de varias demandas en cortes federales y estatales por emitir esa ley y que ese juicio “consumirá millones de dólares del erario”.
A su vez, la organización de ayuda legal a inmigrantes hispanos Fondo Legal Mexicano Americano para la Defensa y la Educación anunció que busca los caminos legales para desafiar esa legislación. Destacó que la SB1070 tiene “defectos legales” significativos. Por su parte, la influyente Unión Americana para las Libertades Civiles apuntó que la ley “crea nuevos crímenes y penalidades migratorias inconsistentes con las leyes federales”.
Respuesta al boicot
El 10 de mayo y ante la presión de un boicot anunciado contra su estado por parte de organismos privados, instituciones públicas y asociaciones civiles, la gobernadora Janice Brewer declaró que reconocía que la ley del Senado en materia migratoria que se emitió el 27 de abril “no es la solución total a nuestro problema contra la inmigración ilegal”.
Consideró que el boicot económico contra esa ley es “una respuesta inapropiada y equívoca” hacia un asunto que pertenece al debate público. Agregó que la historia ha demostrado que los boicots dañan a gente inocente: “Son más política y manipulación que proviene desde afuera de los intereses del estado”.
Evaluó en cientos de millones, “si no es que miles de millones”, los costos no reembolsables que Arizona ha pagado en precio por el fracaso del gobierno federal en materia migratoria y que sus ciudadanos no deberían ser castigados aún más.
Brewer, con 28 años de vida pública, sostuvo que “es tiempo de que nuestro país actúe para resolver nuestro problema de seguridad fronteriza”, por lo que un boicot económico contra Arizona “sólo podría exacerbarlo y dañar a familias inocentes y hombres de negocios que buscan sobrevivir durante estos tiempos de dificultades económicas”. Anticipó que el único boicot viable sería contra las drogas ilegales.
Ese estado desconocido
El territorio de Arizona pertenecía a la Alta California de México hasta que fue vendido a Estados Unidos por Antonio López de Santa Anna. Su incorporación formal a Estados Unidos fue el 14 de febrero de 1912, con lo que fue el último de los estados en adherirse. Posee enormes yacimientos de cobre y llegó a ser el principal productor nacional, por lo que se le conoce como el Copper State.
Es la entidad de mayor crecimiento poblacional en todo el país, con 6 millones 156 mil habitantes en 2009 y superó el ritmo de crecimiento de Nevada, que era el líder a nivel nacional. Ese incremento se atribuye al aumento neto de la inmigración externa. Se estima que alrededor de 280 mil personas indígenas habitan ese estado.
Sus principales ejes económicos son la industria, minería, agricultura y turismo.
