Plan 2030: ocupación integral de México

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El expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, revela los planes privatizadores y de anexión a Estados Unidos del actual gobierno. Inspirado en el imperialismo que encabeza la Unión Americana, su fin es acabar con el Estado nación mexicano.

Catorce documentos relacionados con el plan transexenal México 2030, Proyecto de Gran Visión –que desde diciembre de 2006 impulsa el panista Felipe Calderón– descubren los objetivos privatizadores y de anexión de la actual administración federal mexicana a Estados Unidos.

Entre las metas de ese proyecto destacan: crear una nueva constitución política para abolir la propiedad pública, desconocer los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales, y abandonar el concepto de soberanía nacional; implantar un régimen legal y político basado en los intereses de Estados Unidos, que incluye gobernantes y altos funcionarios de origen “mexicoamericano”.

Además, instaurar legalmente el lobbyng o cabildeo legislativo, por medio del cual las empresas nacionales y extranjeras harán prevalecer sus intereses en los temas que legisle el Congreso de la Unión; establecer “una ley que impida a los expropiados o antiguos propietarios de la tierra oponerse o bloquear el proyecto; esta ley –indican los documentos consultados por Fortuna– debe normar que estas personas puedan exigir un pago mayor mediante un procedimiento establecido, pero en ningún caso obstaculizar el desarrollo del proyecto”.

De acuerdo con el amplio expediente, que en total suma 831 páginas, también se busca abolir los “monopolios públicos”; abrir totalmente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad a la iniciativa privada para que cuente con “participación accionaria del Estado, de fondos de pensión (e) inversión de particulares, sindicatos y otros actores sociales”; permitir la inversión indiscriminada en proyectos ejecutivos del sector hidráulico y saneamiento de cuencas, generar “liderazgo” en el uso eficiente del agua, del equilibrio de los acuíferos y la rentabilidad de los productos asociados. Así como privatizar todas las reservas de la biósfera por medio de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre y el ecoturismo.

Tras analizar los 14 documentos, el antropólogo y politólogo Gilberto López y Rivas señala que el plan México 2030 urde la ocupación integral del país. Con éste, la “clase dominante” pretende desmantelar el Estado-nación mexicano, explica el también integrante del grupo Paz con Democracia e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Nueva constitución

Entre los principales objetivos del proyecto sobresale la creación de una nueva constitución política. Los 14 documentos –desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por Fortuna– descubren que esa carta magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales, y abandonará el concepto de soberanía nacional.

Con ese nuevo marco jurídico se materializarán los propósitos del Proyecto de Gran Visión, entre los que destacan: ceder el control gubernamental del país a “mexicoamericanos”; privatizar la salud, la educación, el agua, la energía, los minerales, las reservas de la biósfera, el patrimonio cultural, las carreteras, las telecomunicaciones; extinguir la propiedad ejidal y comunal; abolir los derechos a la sindicalización y a la protesta social en caso de expropiaciones.

El investigador Pablo Moctezuma Barragán observa que a los autores del plan “les estorba” la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El doctor en estudios urbanos refiere que “armonizar” la legislación nacional con la extranjera necesariamente conlleva la pérdida de la soberanía: “México no se regiría por sus propias leyes, sino por las de las potencias extranjeras”.

La legislación externa, dice, es la que faculta a las trasnacionales a demandar al país por daños, perjuicios y discriminación cuando no se les asignan los contratos multimillonarios licitados. En ese contexto, explica el autor de México, dependencia y autoritarismo, el Estado no puede tomar decisiones.

Gilberto López y Rivas –autor de Nación y pueblos indios en el neoliberalismo y Por los caminos del internacionalismo, entre otros libros– dice que no es fortuito calificar al México 2030 como el plan para la “ocupación integral”: “Es un símil histórico respecto de lo que fue la ocupación nazi-fascista en varios países durante la Segunda Guerra Mundial”.

Ahora, señala, lo que se impone es el modelo capitalista neoliberal. “El gran inspirador de este proyecto es el imperialismo, encabezado por Estados Unidos. Éste tiene (como base) la trasnacionalización de las economías, en lo que toca a los países que ellos ocupan”.

Para el investigador, en esa lógica imperialista se dan los lazos político, militar y comercial entre México y el país vecino. Las modificaciones de la relación con Estados Unidos, explica, han derivado en la incorporación de los sectores estratégicos y de los bienes de la nación al plan privatizador México 2030.

Privatizar el Estado posrevolucionario

Los 14 documentos vinculados al Proyecto de Gran Visión reflejan las tendencias del capitalismo neoliberal, analiza López y Rivas, y de manera abierta o silenciosa, indica, el plan transexenal lleva a la privatización del Estado mexicano posrevolucionario.

El politólogo y antropólogo recuerda que la “destrucción” de los marcos jurídicos se inició hace 30 años: “Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del México 2030”. La meta de la “clase trasnacionalizada” es poner en venta el Estado mexicano.

“No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de paso, enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda corrupción que caracteriza a la clase política actual”.

Guerra social

La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una “guerra social”. Una de las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la represión, explica López y Rivas.

“Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra contra el narcotráfico, que en realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la guerra sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas”.

El también autor de Las fuerzas armadas mexicanas a fin del milenio: los militares en la coyuntura actual señala que esa guerra “contra las drogas”, el proceso de militarización y de control social van emparejados al plan México 2030. “Ese proyecto no se puede llevar a cabo si no es a través de una gran represión y de una especie de terrorismo de Estado que está implantándose en regiones ya militarizadas, en donde no impera la Constitución ni mucho menos las leyes”.

Para Carlos Antonio Aguirre Rojas –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia–, a Calderón sólo le queda la fuerza para gobernar, en la medida en que no tiene consenso social y no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. “Desafortunadamente sí va a continuar con esa política represiva, bastante militarista”.

Históricamente, Estados Unidos ha empleado el uso de las drogas como herramienta para alcanzar sus fines. Pablo Moctezuma Barragán indica que, para implantar sus planes imperialistas, ese país ha utilizado al narcotráfico como su “arma número uno”: eso ha ocurrido desde la década de 1960, cuando incluyeron el tema de los narcóticos en la guerra de Vietnam.

Agrega que “la droga es el negocio de Estados Unidos. Allá se vende, tienen el mayor mercado (del mundo), lavan el dinero y de allá nos venden las armas. El problema del narcotráfico es de Estados Unidos y lo están imponiendo en México”.

La lucha contra el narcotráfico que se libra en el país es “ilegal, anticonstitucional y fascista”, señala Moctezuma Barragán. “Es el control militar para la extracción de nuestros recursos y el uso de nuestro territorio para corporaciones extranjeras”.

Añade que en el plan transexenal “está muy claro que les estorba la Constitución y los derechos nacionales que nos da la Constitución. Les estorba la soberanía, les estorba el Estado-nación”. Por ello, dice, “lo que necesitamos es un amplio movimiento popular que lleve a la construcción de un gobierno de paz”.

Lo ya privatizado

Los 14 documentos que integran el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por Calderón en octubre de 2006, tras ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en plena crisis poselectoral.

Originalmente clasificados como confidenciales, éstos se dividen en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.

Esos documentos revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Algunos de los esquemas ahí previstos para concesionar la riqueza del país ya son vigentes: asociaciones público-privadas, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), obras públicas financiadas, contratos de servicios públicos, unidades de conservación para la vida silvestre (Uma).

Tan sólo en el tema ecológico, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de las Uma, consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.

En el caso de los PPS, hay 11 proyectos de infraestructura: tres desarrollados por la Secretaría de Salud; siete por la de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, indica el portal de internet oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Como lo ha documentado la reportera Érika Ramírez, en la revista Contralínea. Periodismo de Investigación (número 173), nueve de esos proyectos, que implican una deuda pública por más de 37 mil 600 millones de pesos, han beneficiado a empresarios vinculados con el Partido Acción Nacional: las familias Mariscal Servitje, Mariscal Torroella y Quintana Kawage.

En esos esquemas privatizadores se mueven, por ejemplo, las contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad. Entre 2009 y 2018, esta paraestatal destinará 634 mil 920 millones de pesos a la asociación público-privada.

De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo ese esquema: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).

Además de los PPS ya contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.

Resistencia, única vía para frenar el plan

“Esta ocupación integral del país tiene como propósito vender el Estado nación, pero las cosas no están saliendo tal como lo quisieran: hay resistencias, profundas insatisfacciones, una indignación generalizada. Este proyecto está provocando una profunda indignación en amplios sectores de la población, lo cual, evidentemente, significa la resistencia al proyecto”, dice López y Rivas.

El politólogo y antropólogo explica que “hay globalizados, que somos la mayoría, y globalizadores, que son ellos, los que sacan ventaja y provecho de todo lo que está pasando”: el .07 por ciento de la población que posee casi 40 por ciento de la riqueza nacional.

Indica que hay incertidumbre sobre el destino de este país. “No sólo vemos el desastre ecológico manifiesto en los ríos, las graves consecuencias en el terreno de la ecología y de la relación del hombre con la naturaleza, sino también en el amplio deterioro económico y social de sectores mayoritarios: la ampliación de los sectores que viven en la línea de pobreza y la gran ampliación de los que viven en la más profunda de las miserias”.

“Observamos que nos están llevando a un gran abismo. Esto está pasando universalmente. Lo que sucede en México no es diferente de lo que está pasando en Colombia, de donde vienen muchos de los planes represivos puestos en marcha por Estados Unidos: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la Iniciativa Mérida, que tienen mucho que ver con el Plan Colombia”.

Gilberto López y Rivas añade: “Tenemos que resistir en todos sentidos, no nos queda de otra. La resistencia a todos estos proyectos es una forma de sobrevivir: o resistimos o somos barridos literalmente de este mundo. Siempre hay personas que no están dispuestas a someterse a estas grandes tendencias privatizadoras, desnacionalizadoras, desterritorializadoras”.

No obstante, critica que la actual resistencia –con expresiones en el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sector minero, los pueblos indígenas, los campesinos, entre otros– “está fragmentada, dispersa, no centralizada. No responde con la misma dinámica centralizada y estratégica que tiene el plan México 2030”.

Aunque el politólogo no cree en la determinación histórica de que cada 100 o 200 años el pueblo “despierta”, dice que 2010 se ve como un año de grandes protestas sociales. “Se ha llegado al límite de lo que se puede resistir. No sabemos cómo van a evolucionar los conflictos que se han estado dejando como especie de minas, de bombas en distintos lugares, tocando distintos actores, que están a punto de estallar”.

López y Rivas recuerda que el grupo Paz con Democracia ha identificado la necesidad de que el proyecto de autonomía que se practica en comunidades indígenas toque amplios sectores de la población no indígena. “Hay que lograr la agrupación autónoma de sectores productivos, estudiantiles, obreros. Tratar de caminar con las propias fuerzas: nadie, por importante que sea, va a resolver sus problemas solo. No es el tiempo de caudillos, es el tiempo de unificar estructuras horizontales, democráticas, que luchen por hacer realidad su propio futuro. Nadie va a hacer las cosas por nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos”.

Agrega que “los poderes económico y político que impulsan el proyecto México 2030 están dispuestos a todo, como lo estuvieron antes. Tal como lo ha estado a lo largo de todas estas décadas el poder dominante en México”.

Para la elaboración de este trabajo, Fortuna solicitó conocer la versión de la Presidencia de la República a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

Empresarios, los autores del proyecto

Detrás de las principales estrategias privatizadoras del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, hay apenas 420 personas, no sólo de nacionalidad mexicana, también extranjeras. En esencia se trata de políticos del Partido Acción Nacional y del Revolucionario Institucional, empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales, representantes de instituciones financieras y académicos.

Entre los empresarios, altos ejecutivos de trasnacionales e instituciones financieras destacan: Juan Mijares, director de Asuntos Jurídicos Corporativos de Microsoft México; Lawrence Harrington, exrepresentante del BID en México; Cintia Angulo de Leiseigneur, presidenta y directora general de Alstom Mexicana; Luis Farías Martínez, vicepresidente de Energía de Cemex; Tania Ortiz Mena, directora de proyectos en Sempra Energy; Javier Elguea Solís, rector del Instituto Tecnológico de Teléfonos de México y coordinador general de Bienestar Social Telmex; Lorenzo Servitje, cofundador de Bimbo.

Además, Ricardo Pérez Schulz, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y director de clientes especializados de Holcim Apasco; Enrique Hidalgo, vicepresidente de Exxon Mobil en México; Ricardo Hernández Murillo, especialista ambiental del Banco Mundial en México; Gabriel Ibarra, director corporativo de Promoción del grupo ICA.

Federico Martínez Urmeneta, fundador de la empresa Tradeco; Francisco Mota Velasco Torres Landa, subdirector de Proyectos y Desarrollo Industrial de Ferromex; Guillermo Guerrero Villalobos, director de la Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería; Iñigo de la Borbolla Rivero, director de Proyectos Financieros del Grupo Financiero Santander-México; entre otros.

Rasgos principales del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión

Capítulo	Rasgos destacados
“Eje 1. Estado de derecho”	Este capítulo “justifica” la “guerra contra el narcotráfico”: indica que el Estado ha sido rebasado por la mafia y que, al igual que las policías, los militares se corrompen. Admite que, en 20 años, el crimen organizado estará “acotado”, mas no extinto.
“Eje 2. Economía competitiva y generadora de empleos”	Plantea dejar en manos del mercado las áreas estratégicas: salud, educación, telecomunicaciones, carreteras, ciencia y tecnología. También, privatizar los bienes de la nación: agua, energía, medio ambiente, patrimonio cultural. Revela que la entrega se hace de manera paulatina por medio de las “asociaciones público-privadas”.
“Eje 3. Igualdad de oportunidades”	Promueve que, para 2030, la totalidad de los servicios de salud estén subrogados a la iniciativa privada; para entonces, según el plan, habrán desaparecido el IMSS, el ISSSTE y la red hospitalaria de Pemex; además, el sector privado controlará la educación, y la cultura se someterá a un “tratado de libre comercio artístico”. Anuncia que los artículos 3 y 4 constitucionales habrán sido radicalmente modificados; y que los sindicatos de los sectores energético, educativo, sanitario y cultural se habrán extinto.
“Eje 4. Desarrollo sustentable”	Este capítulo revela que, en dos décadas, la iniciativa privada nacional y extranjera detentará la mitad del territorio terrestre, costero y marino nacional, para entonces decretado como área natural protegida. La privatización de las reservas de la biósfera se da a través de unidades de conservación para la vida silvestre.
“Eje 5. Democracia efectiva y política exterior responsable”	El último eje revela que, en 20 años, México será gobernado por “mexicoamericanos” y se habrá “integrado” a América del Norte. Estados Unidos dictará las políticas públicas, habrá “instituciones compartidas”, las fuerzas armadas mexicanas intervendrán en conflictos internacionales por la “seguridad hemisférica” y se abandonará el concepto de “soberanía”. El plan calderonista rechaza el desarrollo del tipo BRIC (Brasil, Rusia, India, China), es decir, de naciones que han logrado crecer de manera independiente y fuera de la esfera de influencia estadunidense.

Fuente: documentos de trabajo que compilan los resultados de los 14 talleres temáticos del plan transexenal México 2030, Proyecto de Gran Visión

*Entre los puntos que prevé el plan México 2030 está el elaborar una nueva constitución política que, además, eliminaría el concepto de soberanía nacional.

*Los sectores que se privatizarían por completo serían: agua, salud, educación, energía, patrimonio cultural y telecomunicaciones.

*El investigador Gilberto López y Rivas asegura que el proceso de militarización y de control social van emparejados al Plan México 2030.