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Pese al interés por instalarse en México, la falta de gas natural impide el establecimiento de empresas en esa región, estimó el IMCO .
A pesar del interés de múltiples empresas por transferir sus operaciones a México —proceso conocido como nearshoring— la pobreza energética impide la llegada de esas inversiones a la región sur-sureste del país, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
De acuerdo con el IMCO, “desarrollar el sur-sureste de México es el pendiente más urgente en términos de bienestar social para la próxima administración”.
Esto, porque ”a diferencia del norte y Bajío, esta región no ha logrado transitar la ruta de la modernización económica e integrarse a la cadena de producción de América del Norte”.
Entre las razones, el IMCO señaló la falta de infraestructura energética en la región, lo que afecta a los hogares “que tienen los mayores niveles de pobreza energética a nivel nacional, como para las industrias que no se pueden instalar en la región debido a la falta de acceso a energía competitiva”.
El IMCO advirtió que en entidades como Oaxaca, Chiapas y Guerrero, “más de 40% de los hogares utilizan leña como combustible para cocinar”.
“Es necesario subrayar la baja penetración del gas natural en viviendas; mientras que el promedio nacional es 8.6%, hay entidades como Campeche donde el acceso a gas natural en hogares es prácticamente inexistente (0.1%), a pesar de ser el principal productor a nivel nacional”, agregó el organismo.
En términos de costo, “la energía eléctrica en el sur-sureste es más costosa que en el resto del país”.
Es decir: “En 2023, el precio promedio de la electricidad en los 607 nodos que se ubican en las nueve entidades de la región fue de 958.6 MXN/MWh. Este precio fue 14.3% mayor al precio promedio nacional (838.5 MXN/MWh) y 34.7% superior al promedio de la región noreste (711.8 MXN/MWh), la zona del país con los menores precios”.
De acuerdo con el IMCO, el acceso limitado al gas natural tiene dos implicaciones negativas en la competitividad de la región.
Por principio, “acota el potencial de generación de energía eléctrica en la zona y contribuye a que los precios de la electricidad sean mayores que en otras regiones del país”.
Pero, adicionalmente, “restringe la instalación en la región de ciertas industrias que emplean este insumo en sus procesos productivos y que podrían contribuir a su desarrollo y crecimiento económicos”.
Finalmente, el IMCO consideró que “mejorar las condiciones de vida de los hogares del sur-sureste mexicano y hacer la región más atractiva para los inversionistas es una tarea apremiante para aprovechar las oportunidades de industrialización que ofrece la relocalización de las cadenas de valor”.
E insistió en que “la desigualdades que permean en el sur-sureste de México no se resolverán si no se atiende primero la pobreza energética prevalente en la región”.
