![fondo minero fondo minero](https://bunny-wp-pullzone-g9i8egt6qc.b-cdn.net/wp-content/uploads/2024/03/large_nacionalizan_exportadora_de_sal_copropiedad_de_mitsubishi_87af923c81-696x391.jpg)
Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 8 segundos
Los recursos para adquirir la Exportadora de Sal se obtuvieron del Fondo Minero que antes se enviaban a estados y municipios. La adquisición de la empresa que se mantenía en asociación con Mitsubishi se cerró en 1,500 millones de pesos, informó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se canceló el fondo minero por considerar que se ejercía de manera discrecional.
El fondo fue eliminado en 2019 por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque las empresas del sector continúan pagando este derecho adicional.
La Cámara Minera de México llamó a restituir los pagos a las comunidades del fondo minero del gobierno, creado originalmente para apoyar a las áreas afectadas por la actividad minera.
“El fondo minero era un fideicomiso que, de alguna manera, daba certeza tanto a las comunidades como a las empresas de que los impuestos que estaban pagando se iban directamente al desarrollo social y de infraestructura de esas comunidades donde los recursos fueron originados”, de acuerdo con la Cámara Minera.
De acuerdo con información del sitio de Internet de Exportadora de Sal, el fideicomiso registraba los siguientes montos hasta 2017:
MONTO TOTAL DEL FONDO 2017: $3,738,951,934.00
MONTO TOTAL DEL FONDO 2016: $ 3,339,293,494.93
MONTO TOTAL DEL FONDO 2015: $2,191,742,278.79
MONTO TOTAL DEL FONDO 2014: $2,090,718.508.98
De acuerdo con el Centro de Investigación y Análisis, Fundar, con las reformas propuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Congreso a la Ley Federal de Derechos (LFD) durante esta administración, cambió la naturaleza del Fondo Minero: deja de ser un fondo con regla de origen, y su objetivo de mejorar la vida de la población en comunidades mineras se pierde; se difumina su aplicación, y dificulta atender las necesidades de municipios y comunidades mineras; se ignoran los derechos de estas comunidades, y se eliminan buenas prácticas como la participación ciudadana en la definición de los proyectos de inversión física, y en el monitoreo de los recursos.
También te puede interesar: En una década, Exportadora de Sal perdió más de 156,947 millones de pesos