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Después de 12 años, en Toluca, Estado de México, se ordenó la inmediata liberación de Verónica Razo Casales, por pruebas insuficientes sobre su responsabilidad en delito de secuestro. Verónica fue detenida ilegalmente en 2011 y acusada, junto con su hermano y ocho personas más, de delincuencia organizada, aunado a esto fue torturada sexualmente. De acuerdo con el Instituto Federal de Defensa Pública (IFDP), esto es evidencia de las condiciones que viven muchas otras mujeres privadas de la libertad y la sentencia absolutoria debería servir para que las autoridades corrijan las prácticas irregulares y arbitrarias en casos similares.
Verónica fue detenida en la Ciudad de México el 9 de junio de 2011, mientras caminaba cerca de su domicilio en compañía de su madre y sus dos hijos, entonces menores de edad.
La detención estuvo a cargo de miembros de la Coordinación de Investigación de Campo de la extinta Policía Federal, quienes iban vestidos de civil y no presentaron órdenes judiciales ni se identificaron al momento de los hechos.
El mismo día, los mismos elementos detuvieron a su hermano Erick. Ambos fueron presentados junto con otras ocho personas como integrantes de una banda de secuestradores a la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), órgano que inició la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/048/2011.
Al momento de la presentación, de acuerdo con un comunicado emitido por el propio IFDP, en los certificados médicos de ingreso se hizo constar que las personas detenidas presentaban diversos tipos de lesiones.
11 años después, el 27 de mayo de 2022, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, dictó sentencia dentro de la causa penal 57/2011. En ella, absolvió a Verónica Razo Casales por los delitos de secuestro cometido contra tres personas y delincuencia organizada; sin embargo, la consideró responsable de un diverso delito de secuestro, por lo que le impuso pena privativa de la libertad por 25 años y multa de 119 mil pesos. Tres dias despues, la Unidad de Litigio Estratégico en Derechos Humanos del IFDP presentó apelaciones y amparo indirecto.
Por su parte Erick Iván Razo Casales, fue absuelto de todos los delitos, por lo que en esa misma fecha recuperó su libertad.
En el caso de Verónica, el 18 de julio de 2023, las autoridades dictaron una sentencia en la que concedía el amparo, a fin de que la autoridad responsable analizara, entre otros temas, si la detención ilegal de Verónica y la tortura alegada, había insidido en el testimonio y reconocimiento realizado por la víctima, y con base en esto dictara una nueva sentencia. También le ordenó privilegiar una decisión sobre el fondo en lugar de reponer para la práctica de careos procesales.
En cumplimiento de este amparo, la Ponencia del Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, señaló que, en efecto, “se observaban claramente vicios en la evidencia incriminatoria como consecuencia de la conducta indebida y arbitraria de los elementos aprehensores al actuar, sin mandato expreso y, por parte del Ministerio Público, al presentarlos sin formalidad alguna ante sus potenciales acusadores, direccionando el resultado de dicha prueba”.
Posterior a esto, las autoridades realizaron una nueva valoración de las pruebas y excluyeron aquellas que tenían relación directa con la tortura o la detención ilegal, y al no existir mayores indicios de incriminación para acreditar la responsabilidad de Verónica en la comisión del delito de secuestro, determinaron su absolución y ordenó su inmediata libertad.
Aunado a todo esto, Verónica Razo sobrevivió a otros actos de tortura, tratos crueles y omisiones en cuanto a su derecho a la salud, tanto en los traslados como durante su internamiento en el CEFERESO 16. Esto, de acuerdo con el IFDP, confirma las condiciones que viven muchas otras mujeres privadas de la libertad.
Por todo lo anterior, Verónica ha sido reconocida como víctima y forma parte del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual Cometida Contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, ya que emitió un dictamen que acredita la tortura sexual que sufrió durante la detención.
Además, cuenta con una Opinión del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, que desde 2021 había ordenado su liberación, sin que a la fecha se hubiera logrado el cambio.
En suma, el caso de Verónica Razo Casales es una evidencia más de las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en el marco de procesos penales injustos (detenciones arbitrarias, tortura, la prisión preventiva como una pena anticipada), por actos de autoridades policiacas y ministeriales alejadas de las reglas del debido proceso.
El IFDP aseguro que en este caso buscará abrir vías procesales para lograr la reparación integral del daño en favor de Verónica Razo, frente a las graves violaciones que padeció a lo largo de más de 12 años.
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