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Las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, llegan en un momento especialmente delicado para la relación bilateral, justo cuando ambos países se encaminan a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
No se trata solo de un caso judicial más. En Washington se está impulsando una estrategia más dura que busca no solo detener a integrantes de cárteles, sino también exhibir y procesar a quienes desde el poder público presuntamente los protegen. En México, esto se lee con cautela: por un lado, como parte de la cooperación en seguridad; por otro, como un posible exceso que toca fibras sensibles como la soberanía.
A esto se suma el reciente episodio en Chihuahua, donde un operativo antidrogas con participación de agencias estadounidenses generó polémica por la falta de claridad en la coordinación con autoridades mexicanas. El caso abrió un debate sobre hasta dónde puede llegar la intervención de Estados Unidos en temas de seguridad dentro del país, y aumentó la tensión política en ambos lados de la frontera.
En conjunto, estos factores están formando un ambiente más ríspido de cara a la revisión del T-MEC. Aunque el tratado es comercial, en la práctica temas como el Estado de derecho, la seguridad y la confianza institucional son cada vez más importantes.
Para Estados Unidos, la estabilidad jurídica es clave para la inversión; para México, dada la politica firme de no intervención y defensa de la soberanía nacional que mantiene la presidenta Sheinbaum, el respeto a sus procesos internos es una línea que no está dispuesto a ceder fácilmente.
La acusación: una red que iba más allá del narco
En este contexto, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York dio a conocer una acusación formal contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel en Sinaloa.
De acuerdo con el fiscal Jay Clayton, los acusados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para enviar grandes cantidades de drogas, fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas, a Estados Unidos, a cambio de sobornos y apoyo político.
Pero el señalamiento va más allá del tráfico de drogas. La acusación describe una especie de “red de protección” desde el gobierno y las corporaciones de seguridad en Sinaloa. Según los documentos:
- Se protegía a líderes del cártel para evitar su captura.
- Se filtraba información sobre operativos del Ejército y la policía.
- Se usaban corporaciones locales para cuidar cargamentos de droga.
- Se permitía que actos de violencia ocurrieran sin consecuencias.
Incluso, algunos funcionarios habrían participado directamente en hechos violentos. Uno de los casos más graves es el de un exmando policial acusado de colaborar en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA en 2023.
Las autoridades estadounidenses también sostienen que varios de los implicados estaban alineados con “Los Chapitos”, la facción del cártel vinculada a Joaquín Guzmán Loera.
El administrador de la Drug Enforcement Administration, Terrance C. Cole, resumió el caso así: no solo se trata de drogas, sino de cómo la corrupción permite que estas redes operen y crezcan.
Rocha Moya responde: niega todo y habla de ataque político
Tras hacerse pública la acusación, y después de sostener una reunión de emergencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, Rubén Rocha Moya salió a rechazar los señalamientos de forma tajante.
“No va a pasar nada”, dijo, al tiempo que aseguró que ya habló con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y le expresó su respaldo.
En un mensaje más amplio, difundido a través de su cuenta de X, el gobernador afirmó:
“Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra […] ya que carecen de veracidad y fundamento alguno”.
También sostuvo que el caso no es solo contra él, sino contra la llamada Cuarta Transformación.
Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.
Este ataque no es únicamente…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026
Además, planteó que este tipo de acciones pueden interpretarse como un intento de vulnerar la soberanía nacional, y aseguró que demostrará que las acusaciones no tienen sustento.
Extradiciones: México revisa, pero pone freno
El caso no se quedó en el terreno mediático. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 28 de abril recibió solicitudes de extradición por parte de Estados Unidos.
Como marca la ley, los expedientes fueron enviados a la Fiscalía General de la República, que deberá determinar si existen elementos para proceder.
En este sentido, en días pasados, al responder a cuestionamientos sobre el actuar de la gobernadora de Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum retomó el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda para fijar postura frente a este tipo de acusaciones desde Estados Unidos.
En conferencia, fue muy clara: exigió que cualquier señalamiento venga acompañado de pruebas y recordó lo ocurrido con Cienfuegos en 2020, cuando fue detenido en EE.UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero posteriormente fue devuelto a México al no acreditarse los cargos.
“Lo que tiene que haber es pruebas”, dijo la mandataria, al subrayar que el combate a la corrupción en México corresponde a las autoridades mexicanas, como la Fiscalía General de la República, y no a decisiones unilaterales de Washington.
En este sentido, la SRE fue clara en un punto: tras una revisión inicial, los documentos no contienen pruebas suficientes para acreditar responsabilidad. Esto no significa que las solicitudes se rechacen de inmediato, pero sí que el proceso podría ser largo y sujeto a revisión estricta bajo la ley mexicana.
Además, la cancillería anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos en México por la forma en que se hizo pública la información, recordando que estos procesos suelen manejarse con confidencialidad.
FGR abre su propia ruta de investigación
La Fiscalía General de la República también iniciará su propia investigación en México. Es decir, no se limitará a evaluar lo que envió Estados Unidos, sino que buscará determinar si existen datos de prueba que justifiquen, bajo la ley mexicana, solicitar órdenes de aprehensión.
Sin pruebas suficientes, por ahora
En línea con lo que ya había adelantado la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía subrayó que, hasta este momento, las solicitudes no vienen acompañadas de elementos probatorios suficientes que acrediten de forma contundente los hechos señalados.
Esto es relevante porque, conforme al tratado bilateral, la extradición solo puede proceder si las pruebas cumplen con los estándares legales del país requerido, en este caso México.
Además, la FGR recordó que para solicitar una orden de aprehensión no basta con una acusación: se necesitan datos de prueba que permitan inferir la probable comisión de un delito.
Confidencialidad y reclamo por filtraciones
Otro punto que encendió alertas dentro del gobierno mexicano fue la forma en que se hizo pública la información.
La Fiscalía destacó que, de acuerdo con los propios términos de la solicitud estadounidense y con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, este tipo de procesos deben manejarse con carácter confidencial.
En ese sentido, advirtió que la divulgación de los documentos podría ir en contra de las normas procesales y afectar la naturaleza de los procedimientos penales, lo que refuerza el reclamo ya planteado por la Secretaría de Relaciones Exteriores hacia la Embajada de Estados Unidos en México.
Fuero y debido proceso: el factor político-legal
La Fiscalía también puso sobre la mesa un elemento clave: varios de los señalados ocupan cargos públicos, como gubernaturas o escaños en el Senado, lo que implica que antes de cualquier acción penal se debe seguir un juicio de procedencia para retirarles el fuero.
Esto añade una capa adicional de complejidad al caso, que no solo será jurídico, sino también político.
“La Fiscalía cumplirá a cabalidad con lo que mandata la ley, con pleno respeto a la soberanía nacional”, subrayó la institución, al advertir que actuar fuera de ese marco implicaría vulnerar el Estado de derecho y las garantías individuales.
La postura de Estados Unidos
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en México respaldó las acciones judiciales y reiteró que el combate a la corrupción y al crimen organizado es una prioridad compartida.
El mensaje es claro: para Washington, los cárteles no podrían operar con la misma facilidad sin apoyo desde dentro de las instituciones. Y ese es precisamente el foco de esta nueva etapa de investigaciones.
Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses han subrayado que las acusaciones son eso: acusaciones. Los implicados se presumen inocentes hasta que un tribunal determine lo contrario.
Un caso que va más allá de Sinaloa
Lo que está en juego no es solo el futuro político y legal de Rocha Moya y los otros acusados. El caso se inserta en una relación bilateral compleja, donde seguridad, política y economía están cada vez más entrelazadas.
De cara a la revisión del T-MEC, estos episodios pueden influir en el tono de las negociaciones. Estados Unidos podría insistir en mayor certidumbre institucional; México, en el respeto a su soberanía.
En ese equilibrio, todavía frágil, se definirá no solo el rumbo del tratado, sino también el tipo de relación que ambos países mantendrán en los próximos años.
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