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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la decisión de reabrir el análisis sobre el fracking tiene como objetivo evaluar su viabilidad para fortalecer la soberanía energética de México y, al mismo tiempo, determinar si existen nuevas tecnologías que permitan reducir sus impactos ambientales, lo que marca un cambio en su postura histórica frente a este método de extracción.
Durante su conferencia matutina, la mandataria reconoció que durante años sostuvo una oposición firme al gas no convencional debido a sus efectos negativos, particularmente en el uso intensivo y la contaminación del agua.
“Yo misma durante muchos años dije: ‘el fracking no’”, recordó.
No obstante, explicó que el contexto actual la llevó a reconsiderar esa posición. Por un lado, destacó que México ya depende en gran medida de este recurso, pues una parte significativa del gas que consume proviene del extranjero, especialmente de Estados Unidos. Por otro, señaló que existen avances tecnológicos que podrían hacer menos agresiva su explotación, como el uso de químicos biodegradables y el reciclaje de agua.
En ese sentido, Sheinbaum planteó que mantener una negativa absoluta sin revisar estas nuevas condiciones sería insuficiente.
“Lo peor que podemos hacer es decir solo ‘no’, sino averiguar si hay nuevas tecnologías y menores impactos”, sostuvo.
La presidenta también fue enfática en que cualquier actividad de este tipo implica necesariamente afectaciones al entorno. Aclaró que no existe la posibilidad de un impacto ambiental cero, pero subrayó que la clave está en su gestión, reducción y mitigación.
Bajo esta lógica, el análisis del gas no convencional se enfocará en identificar en qué condiciones y con qué tecnologías se podrían minimizar los daños, particularmente en el uso del agua y las emisiones.
Sheinbaum subrayó que este cambio no implica una decisión tomada, sino la apertura de un proceso de análisis sustentado en evidencia científica. Indicó que se convocará a especialistas de distintas disciplinas para evaluar la viabilidad del gas no convencional en el país.
Asimismo, reiteró que su gobierno no impulsará proyectos en contra de las comunidades y que cualquier posible desarrollo deberá considerar tanto la aceptación social como los impactos ambientales.
Con este giro, la mandataria deja atrás una postura de rechazo absoluto y adopta un enfoque más pragmático, centrado en la revisión técnica y en las necesidades energéticas del país, sin abandonar la apuesta por las energías limpias.
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