México avanza hacia una regulación nacional sobre plásticos de un solo uso, señala estudio del IBD

Por
Alejandro Arcos
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plásticos de un solo uso
Es importante una legislación para regular los plásticos de un solo uso.

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Un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República muestra que, aunque México ha avanzado en la regulación de plásticos de un solo uso (PSU), aún no cuenta con una ley general. Recomienda establecer un marco jurídico nacional para reducir la contaminación, proteger ecosistemas y unificar criterios federales.

Producción de plástico

El IBD (2025) documenta que la producción global de plástico supera 400 millones de toneladas anuales. Cerca del 50% corresponde a productos de un solo uso; su ciclo de vida genera emisiones contaminantes, residuos no biodegradables y daños a ecosistemas marinos y terrestres. En México, la regulación ha avanzado principalmente a nivel estatal desde 2020, con prohibiciones y restricciones sobre bolsas, popotes, cubiertos y empaques. Reducir estos materiales impacta la salud pública, el turismo y la pesca, y disminuye costos municipales de limpieza.

El estudio fue elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, con alcance nacional y comparativos regionales en América Latina. Se destacan experiencias concretas en entidades federativas mexicanas y se cita a la Ciudad de México como caso que reportó una reducción superior a 7,000 toneladas de bolsas plásticas en su recolección anual tras aplicar su norma.

Datos del estudio

  • Panorama internacional: Chile, Costa Rica, Colombia y Argentina han implementado marcos y políticas para limitar plásticos desechables y fomentar alternativas.
  • Resultados locales: La mayoría de las entidades federativas mexicanas aprobaron reformas desde 2020; las iniciativas estatales funcionan como “laboratorio” para buenas prácticas regulatorias.
  • Impacto costero: En México se generan cerca de 300,000 toneladas de residuos plásticos anuales en playas y zonas costeras, con efectos negativos sobre pesca y turismo.
  • Beneficios observados: Reducción de residuos en sistemas de recolección y menores costos de limpieza municipal donde las prohibiciones se aplican y se acompañan de coordinación multisectorial.

Efectos negativos de los plásticos de un solo uso

El informe del IBD menciona que los plásticos de un solo uso (PSU) facilitaron la higiene, el empaque y el transporte. Pero su mala administración causa graves problemas de salud, ambientales y económicos. Los PSU —como bolsas y envases (PP, PVC, PET, LDPE, etc.)— representan 40–50% de la producción plástica mundial y gran parte se usa una vez y se desecha (Hossein et al., 2023; PNUMA, 2022). Se estima que 91% de los plásticos no se recicla (Lindwall, 2025) y cada año entre 4.8 y 12.7 millones de toneladas llegan a los océanos (Lindwall, 2025; PNUMA, 2018).

Salud

Los microplásticos (<5 mm) y químicos añadidos pueden actuar como disruptores endocrinos, afectar la reproducción, aumentar riesgos metabólicos (obesidad, diabetes) y causar daño tisular por partículas físicas; un adulto podría ingerir ~5 g de plástico por semana (Feei et al., 2020; Lindwall, 2025; Landrigan, 2023).

Medio ambiente y fauna

La contaminación por PSU provoca enredos e ingestión en especies marinas, bloqueos y muerte. Se estima que para 2050 el 99% de aves marinas habrán ingerido plástico y más de 600 especies se ven afectadas (PNUMA, 2018; Lindwall, 2025). En México se generan 43–50 kg de residuos plásticos per cápita al año, con 38–58% mal gestionado, lo que equivale a 2.1–4.5 millones de toneladas que se fugan al ambiente (WRAP, 2024; Heinrich Böll Stiftung, 2021; Greenpeace México, 2019).

Impacto económico

Pérdida de ingresos por turismo y daños a pesca, transporte y energía; costos anuales en ecosistemas marinos estimados en ~US$13 mil millones (Xanthos & Walker, 2017) y pérdidas en Asia-Pacífico de US$1.3 mil millones (PNUMA, 2018). Prevenir residuos resulta más barato que limpiar la acumulación actual (PNUMA, 2018).

Retos y propuestas de regulación nacional

El informe dice que el problema más importante es que no existen reglas o políticas uniformes para todo el país. En otras palabras, cada región o entidad aplica cosas distintas, y esa falta de uniformidad dificulta coordinar acciones, tomar decisiones consistentes o implementar soluciones a nivel nacional. Se propone crear una ley nacional que establezca reglas comunes para todo el país, reduzca las diferencias entre regiones, impulse el desarrollo y uso de materiales nuevos (como opciones más verdes o económicas) y, al mismo tiempo, asegure que las buenas políticas locales puedan seguir aplicándose sin ser anuladas. También subraya la necesidad de coordinación entre autoridades, sociedad civil y sector privado para escalar soluciones.

Oportunidad de mercado para emprendedores

La ley sobre plásticos de un solo uso en México aún no existe a nivel nacional; por ahora cada estado tiene sus propias reglas. Eso significa que si tienes negocio en varias entidades, debes cumplir normas distintas, lo cual complica y encarece operaciones. Pero también es una oportunidad: hay demanda de envases y servicios más sostenibles (empaques reutilizables, compostables, reciclaje, sistemas refill).

El reporte dice que en México cada persona genera entre 43 y 50 kg de plástico al año y que las playas y zonas costeras acumulan cerca de 300,000 toneladas al año (Rodríguez, 2025; WRAP, 2024). Si calculamos de forma prudente, entre 30,000 y 60,000 toneladas anuales podrían necesitar soluciones comerciales —es decir, reemplazo de empaques, recolección o reciclaje que las empresas o gobiernos podrían pagar.

Ahora, si valoramos cada tonelada tratada o sustituida en un rango conservador de USD 500 a USD 1,500 (esto incluye servicios como recolección, reciclaje o el costo de cambiar a empaques alternativos), el mercado que se abre en México sería de aproximadamente USD 15 a 90 millones al año.

Siguientes pasos en México

El rumbo es positivo, pero el siguiente paso crítico es transformar las experiencias estatales en un marco jurídico federal coherente que facilite la transición hacia modelos productivos y de consumo más sostenibles, y que cumpla compromisos internacionales de desarrollo sostenible.

Sin una ley nacional, lo que funciona en un lugar no se replica en otros. Es difícil medir si estamos cumpliendo lo que prometimos internacionalmente. Se busca una ley nacional con normas uniformes que fomente prácticas de producción y estilos de vida sostenibles, protegiendo el medio ambiente y mejorando la calidad de vida (transición ecológica). También debe preservar las buenas prácticas locales que reflejan nuestro compromiso con acuerdos internacionales.

Referencias

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