En EU avanza movimiento contra criterios ESG y el “activismo corporativo”. BlackRock en la mira. Musk se queja.

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Mientras empresarios de la región del Valle del Silicio aseguran que los criterios ESG, por sus siglas en inglés, (Ambiente, Sociedad y Gobernanza) se quedarán guardados en un cajón porque resultan contrarios a la libertad de gestión de los negocios, en Florida el gobernador, Ron DeSantis, promulgó una serie de medidas radicales contra los factores que buscan exigir el cumplimiento de los factores vinculadas con la responsabilidad social y el buen gobierno corporativo.

Desde mayo pasado y en medio del impacto por el cambio climático, Florida se opuso a través de una legislación que prohíbe la exigencia de criterios ESG o ASG en las decisiones de inversión o procesos de contratación estatal o local.  El gigantesco fondo Black Rock ha sido uno de los afectados de la decisión del gobierno de Florida por su intento de aplicar criterios ESG en sus inversiones con fondos de pensiones.

El fundador y CEO de Tesla, Elon Musk, ha manifestado su preocupación respecto a la efectividad de los grandes administradores de fondos ante su necesidad de cumplir con los criterios ESG, ASG.

Aunque los gestores de activos deberían, en teoría, tener más éxito que el estadounidense medio invirtiendo por sí mismos, a Musk le preocupa que no siempre tomen decisiones en el mejor interés de los inversores individuales, especialmente cuando se trata de promover una política medioambiental, social y de gobernanza, de acuerdo con una nota publicada por Yahoo Finance. https://finance.yahoo.com/news/public-being-lied-elon-musk-110000615.html

Han sido los políticos del partido republicano quienes impulsan el movimiento anti-ESG luego de que el Departamento del Trabajo impulsó una norma ESG para los planes de pensiones, conocidos como ERISA. Impulsa, de esta forma, una alianza de 20 gobernadores anti criterios ESG.

En marzo de 2023, legisladores del Partido Republicano apretaron el paso contra la aplicación de criterios ESG teniendo como grandes aliados a Texas y Florida. Sin embargo, la batalla se agudizó cuando se aprobó en la Cámara de Representantes y el Senado la posibilidad de que los fondos de pensiones no guíen sus inversiones por estos factores.

Biden, sin embargo, vetó esa modificación y los planes de pensiones tendrán que guiarse por criterios ESG.

Mientras tanto, el gobernador de Florida aseguró que protegerá a los habitantes de esa región del esfuerzo mundial para inyectar ideología en el sector financiero y colocándolo por encima del deber fiduciario.

Esta nueva legislación en Florida también busca prohibir el uso de factores ESG para las emisiones de bonos por parte de los gobiernos estatales y locales, incluyendo la prohibición de contratos a las agencias de calificación cuyas evaluaciones sobre emisiones de deuda impacten negativamente en los grados de inversión por considerar criterios ESG.

BlackRock afectado por leyes anti-ESG en Florida
BlackRock afectado por leyes anti-ESG en Florida

Los criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza, por sus siglas en inglés) son un conjunto de estándares que las empresas y los inversionistas utilizan para evaluar el desempeño y el impacto de una empresa en áreas que van más allá de las métricas financieras tradicionales.

  • Ambiental (E): Estos criterios se refieren a cómo una empresa gestiona su impacto en el medio ambiente. Esto puede incluir temas como la huella de carbono, el consumo de agua, la gestión de residuos, las emisiones de gases de efecto invernadero, la conservación de la biodiversidad y la eficiencia energética.
  • Social (S): Estos criterios se centran en cómo una empresa gestiona sus relaciones con empleados, clientes, proveedores, comunidades locales y la sociedad en general. Pueden abordar cuestiones como la diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo, las condiciones laborales, los derechos humanos, la seguridad y la privacidad de los datos, así como el impacto en las comunidades locales.
  • Gobernanza (G): Estos criterios se refieren a la estructura de gobierno de una empresa y cómo se gestionan los intereses de los accionistas, así como la transparencia y la responsabilidad corporativa. Esto puede incluir la composición y la independencia de la junta directiva, las políticas de remuneración de los ejecutivos, la gestión de riesgos y la divulgación de información.

La integración de los criterios ESG en la toma de decisiones empresariales y de inversión se ha vuelto cada vez más importante para los inversores, que buscan no solo obtener rendimientos financieros, sino también generar un impacto positivo en el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza corporativa.

En México, en marzo de 2023 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó su Taxonomía Sostenible, un sistema de clasificación que se utiliza para identificar y etiquetar actividades económicas y financieras que contribuyen al desarrollo sostenible y al logro de los objetivos ambientales y climáticos.

Al presentar esta Taxonomía Sostenible, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, indicó que los efectos del cambio climático se intensifican y afectan en mayor medida a los países en desarrollo y a las poblaciones más vulnerables.

Destacó que, además de luchar contra la crisis climática, también se deben afrontar las desigualdades y brechas sociales existentes, como la pobreza. Dado que las desigualdades climáticas y sociales están estrechamente relacionadas, es urgente priorizar la sostenibilidad en la agenda pública.

Para México, destacó, este problema es especialmente relevante debido a su geografía y condiciones socioeconómicas. “Nuestro país es vulnerable a los efectos del cambio climático. Con más de la mitad de la población expuesta a estos efectos, es fundamental implementar políticas sostenibles para aumentar la resiliencia, reducir las desigualdades socioeconómicas y luchar contra el cambio climático”, dijo.

Los análisis preliminares estiman que para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2022 a 2030, México necesita financiamiento anual entre $74 y $92 mil millones de dólares, lo que equivale a movilizar entre 6.8% y 8% del Producto Interno Bruto. Ante una brecha de financiamiento de esta magnitud, es necesario que los esfuerzos se aceleren más allá de las limitaciones presupuestarias del gobierno y se movilicen recursos financieros a gran escala.

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