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La organización pro vapeo propone, en su lugar, combatir el mercado negro de estos dispositivos que estaría en manos del crimen organizado.
La organización Razón, Autonomía y Riesgo (Rauder) consideró que la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador que busca prohibir el uso de vapeadores en México “nació muerta y es anticonstitucional”.
Como se recordará, en el paquete de reformas constitucionales anunciado por López Obrador el pasado lunes 5 de febrero, el punto nueve propone prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo.
Y no eso la primera ocasión que el presidente se lanza contra estos dispositivos.
El pasado 18 de octubre de 2022, en la conferencia de prensa matutina de Palacio Nacional, la Cofepris aseguró que, luego de un estudio de laboratorio, encontró veneno para moscas y cucarachas en los vareadores analizados.
No obstante, la organización Rauder —que está a favor del uso de vapeadores— aseguró que la iniciativa presidencial para prohibir la venta de estos dispositivos “nació muerta”.
Esto porque, en el mes de octubre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró anticonstitucional prohibir la venta de estos artículos en territorio mexicano.
Por el contrario —expuso Rauder en un posicionamiento oficial— resulta necesario avanzar en la regulación de los vapeadores “pues la política prohibicionista de la presente administración ha detonado un mercado negro controlado por el crimen organizado”.
Rafael Lara, presidente de la agrupación, consideró que “la propuesta presidencial es anticonstitucional porque viola los derechos humanos por trasgredir la libertad de elección de los ciudadanos”.
“Nos parece absurdo —agregó— y un exceso la propuesta que es definitivamente violatoria de derechos humanos: ataca directamente la libertad de los individuos, su autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad. Considerarnos que legalmente va a ser improcedente”.
El presidente de Rauder consideró que la iniciativa fracasará cuando sea presentada en el Congreso de la Unión para su aprobación. Incluso, advirtió que, en caso de que avance la propuesta, existen opciones jurídicas para echarla abajo.
”El Congreso tendrá que revisarlo y estamos ciertos que está reforma necesita una mayoría calificada, lo que no va a suceder. Creemos que no le va a alcanzar en el Congreso y será rechazada; en el peor de los casos, la Suprema Corte seguramente revisará este ejercicio y estamos también ciertos que tendrá que echar para atrás la propuesta”, concluyó.
