México concluye investigación sobre presunta denegación de derechos en la planta de Fujikura Automotive Mexico

México concluye investigación sobre presunta denegación de derechos en la planta de Fujikura Automotive Mexico

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En el marco del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas (MLRR) del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Gobierno de México concluyó la investigación sobre la presunta denegación de derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en la planta de Fujikura Automotive México, en Piedras Negras, Coahuila.

De acuerdo con el dictamen, durante el periodo de investigación del Gobierno de México no encontró evidencia suficiente para determinar la existencia de transgresiones a la legislación laboral mexicana o una denegación a los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva por parte de Fujikura.

Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para fortalecer las capacidades de la empresa, de los trabajadores y del sindicato, se llevaron a cabo seis acciones:

  1. Se publicó y difundió una carta de compromiso de neutralidad en asuntos sindicales y un documento que define los lineamientos de conducta por parte del personal de Fujikura Automotive Mexico
  2. Se reforzó la difusión de la política de la empresa sobre discriminación y acoso, y sobre igualdad de oportunidades
  3. La compañía capacitó a todas las personas trabajadoras de la planta sobre el contenido de la carta de neutralidad y los lineamientos de conducta
  4. La STPS capacitó a todas las personas trabajadoras de la planta sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva en México
  5. La STPS capacitó a todo el personal de Recursos Humanos de Fujikura, en sus seis plantas ubicadas en el país, sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva
  6. La STPS capacitó a todos los delegados sindicales de Fujikura, de las cuatro plantas de Coahuila, sobre los derechos de libertad de asociación y negociación colectiva.

Dichas acciones fueron llevadas a cabo dentro de los 45 días posteriores a la solicitud de revisión, y por ellas el Gobierno de México determinó que la empresa mostró su compromiso por respetar estos derechos. El cierre del caso, de acuerdo con las autoridades, será analizado conjuntamente por los gobiernos de México y Estados Unidos.

 

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