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Familiares del actual director de Sello Rojo, Abraham González Uyeda, piden la intervención del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
Fundada en 1940 por Roberto González de la Torre, la compañía Sello Rojo llegó a controlar el 10% del mercado mexicano de productos lácteos.
Hoy, la firma originaria de Guadalajara ve amenazada su supervivencia, en medio de un conflicto que involucra al actual director, Abraham González Uyeda —hijo del fundador— con familiares, accionistas minoritarios y funcionarios de los poderes ejecutivo y judicial del estado de Jalisco.
Los conflictos entre González Uyeda y sus socios, por mantener el control de Sello Rojo, comenzaron casi desde la muerte de su padre, en el año 2015.
Este lunes, las familias González Uyeda, González Sánchez y otros 35 interesados publicaron un desplegado dirigido al gobernador de Jalisco, el emecista Enqiqur Alfaro.
Ahí acusan a González Uyeda de “urdir engaños —o como él dice, cobrar facturas— para que se le apove en su intentona de apropiarse de lo que ni sus padres. ni la ley.ni los estatutos le dieron, en perjuicio de seis familias accionistas de la empresa, lo peor: hermanos de cuna de el v de su padre”.
Por ejemplo, en junio de 2019 provocó una situación que llevó a la pérdida de producto, pérdida de mercado, utilidades por debajo de la inflación, impago a ganaderos y fuga de capitales.
En octubre del 2020 un juez ordenó el congelamiento de las cuentas de Sello Rojo para proteger a inversionistas minoritarios, a cambio de establecer una mesa de negociación y un acuerdo que jamás se concretó.
Incluso se le acusa, ya en el 2021, de asfixiar económicamente a tres de sus propios hermanos a quienes “les hizo firmar un reconocimiento de administración fraudulenta por más de 400 millones de pesos”.
Ya en este 2023, el director de Sello Rojo habría acudido con el gobernador Enrique Alfaro para “atacarnos a todos, imputándonos conductas ilegales para obtener de la Fiscalía General del Estado investigaciones tendientes a privarnos de nuestro patrimonio y de la misma libertad”.
Frente a estas situaciones, los accionistas de Sello Rojo pidieron al gobernador Enrique Alfaro no permitir que Abraham González “se sirva del poder gubernamental a capricho, ni que sus funcionarios sean utilizados por engaño, temor o complicidad, para atentar contra los derechos de ciudadanos que solamente hemos buscado proteger lo que es nuestro”.
Los afectados piden también al gobernador “escúchenos a nosotros. Tenemos rostro nombre derechos y una versión propia de lo acontecido”.
“De todo lo que hemos dicho en esta carta tenemos evidencia, la cual ponemos a su disposición. Garantice nuestra integridad fisica y patrimonial”, concluyen los accionistas de Sello Rojo.
