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La Cámara de la Industria Maderera denunció que los cierres se hicieron violando la ley y con presencia del Ejército y de la Guardia Nacional.
El pasado lunes 25, durante su mensaje con motivo de los primeros 100 días de su gobierno, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, anunció el desmantelamiento de 37 aserraderos clandestinos y 57 madererías.
“Hay que dejar descansar a los bosques del Ajusco, de Milpa Alta” señaló entonces, en medio de un fuertes apluaso.
Hoy, la Cámara Nacional de la Industria Maderera (Canainma) denunció que esos empresarios han sido tachados de “talamontes” y que los cierres de negocios se hicieron violando la ley y con presencia del Ejército y la Guardia Nacional.
Si bien hasta el momento 59 negociado han sido clausurados por el gobierno de la Ciudad de México, otras 59 madererías han cerrado sus puertas de forma voluntaria ante el temor se que también sean clausurados por la autoridad capitalino.
Estas madererías emplean un promedio de 10 personas —de las cuales dependen un promedio de cuatro más— por lo que la acción del gobierno de la CDMX está afectan do a, aproximadamente, 4,800 personas.
Los negocios que han cerrado sus puertas se encuentran en las alcaldías Cuajimalpa, Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco.
Y no solo se han afectado a los comercializadores de la madera. El conflicto amenaza con escalar también a las industrias mueblera y de la construcción en general.
En la conferencia de prensa, los empresarios afectados denunciaron que, de acuerdo a la legislación, cuentan con un plazo de diez días para solventar las observaciones hechas por el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA).
Estos negocios solo se dedican a la comercialización de la madera, la cual compran a proveedores certificados por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y con Código de Verificación Forestal.
Es decir, no hay evidencias de que los negocios cerrados estén vinculados a la tala ilegal de bosques que, ciertamente, afecta a diversas zonas del Valle de México y otras entidades.
Sin embargo, algunas madererías ya tienen hasta dos meses sin abrir sus supuestas —con el impacto económico que ello implica— sin que hayan sido escuchados por las autoridades.
Finalmente, el presidente de la Canainma, Carlos Iván López, adelantó que los empresarios del sector evalúan la posibilidad de interponer un amparo que les permita mantener operaciones y no declararse en quiebra.
También están solicitando una reunión de Batres Guadarrama para plantearles su problemática, demostrarle que no son talamontes e incluso apoyar al gobierno de la Ciudad de México en los esfuerzos contra la tala clandestina.
