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El elevado costo del espectro radioeléctrico es una barrera para el desarrollo de las telecomunicaciones en México, y ha obstaculizado su asignación y aprovechamiento, aseguró el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET)
A escasos dos meses de que el Poder Ejecutivo proponga nuevamente las cuotas de derechos por el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para el ejercicio 2024, el IDET reitera su exhorto a la SHCP a que modifique el enfoque recaudatorio de la política fiscal para el espectro radioeléctrico por uno que promueva la competencia, aliente la participación en los procesos de licitación, detone el despliegue de redes de nueva generación, así como promueva una mayor disponibilidad, asequibilidad y calidad de los servicios de telecomunicaciones en México.
En conferencia de prensa, abogados y expertos en este sector aseguraron que el Poder Ejecutivo privilegia equivocadamente la política recaudatoria por el uso del espectro sobre la imperiosa necesidad de mejorar las condiciones de las telecomunicaciones móviles y promover la inclusión digital.
En tanto, la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) externó su preocupación por la metodología del gobierno de México para la determinación de los precios del espectro radioeléctrico.
Así, indicó el IDET, privilegiar la política recaudatoria por encima de los objetivos de desarrollo, niega mejores condiciones de precio, calidad y cobertura a los mexicanos.
Durante la reunión con medios de comunicación, se explicó que las elevadas cuotas por el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico en México que anualmente y desde hace casi 20 años propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión a través de la Ley Federal de Derechos, y que este último ha aprobado prácticamente sin modificaciones, salvo contadas excepciones, se han convertido en un factor que lejos de alentar la competencia en el sector telecomunicaciones y el acceso a servicios móviles de vanguardia, se traducen en un importante obstáculo para dichos propósitos.
El IDET ha expresado en diversas ocasiones su preocupación por las elevadas cuotas establecidas, por lo que ante la inminente y próxima presentación del Paquete Económico para el Ejercicio 2024, reitera su llamado a las autoridades hacendarias para que revisen a la baja los niveles de las distintas cuotas de derechos actualmente establecidas, así como también la estructura de las mismas, pues se cobra lo mismo por distintas bandas sin considerar sus diversas y diferentes características técnicas, mismas que implican costos diferenciados en términos de la arquitectura de red que se requiere para explotar eficientemente cada una de esas bandas, por lo que no hay justificación económica para que se cobren cuotas iguales para bandas diferentes.
El elevado precio que el Estado Mexicano cobra actualmente por el uso, aprovechamiento o explotación de bandas del espectro radioeléctrico ha afectado incluso al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para llevar a cabo sus planes de licitar bandas del espectro óptimas para 5G. El órgano regulador tiene la intención, desde hace varios años, de concesionar bloques en las bandas de 600 MHz, 1.5 GHz y 3.3 GHz, situación que ha sufrido retrasos debido precisamente al desincentivo actual que generan los altos costos del espectro en nuestro país, dado que de continuar el status quo se vislumbra el fracaso de cualquier procedimiento licitatorio tendiente a la asignación de dichas porciones de espectro.
Es de dominio público que en fechas recientes, deberían haberse puesto a Consulta Pública las Bases de la Licitación IFT-12 para servicios de acceso inalámbrico, pero la manifiesta intención de actores sectoriales de continuar devolviendo frecuencias y no participar en futuros procesos licitatorios por los elevados precios del espectro que aprueba el Congreso a propuesta de SHCP, genera un escenario sumamente incierto para que el IFT avance en esta materia.
Este escenario, en el que la política fiscal se ha impuesto a la política pública de lograr el desarrollo eficiente del sector telecomunicaciones, tal y como lo dispone el artículo 28 constitucional, constituye uno que afecta negativamente a operadores de telecomunicaciones, pero principalmente a toda la población de nuestro país porque los elevados costos del espectro impiden mejores tarifas para los usuarios, por un lado, y ausencia de infraestructura de acceso a redes móviles en diversas zonas del país.
En otras palabras, los proveedores se enfrentan a obstáculos para lograr mayores capacidades para ofrecer más y mejores servicios, los usuarios no disponen de una mayor calidad, precios y cobertura de éstos, y el IFT se enfrenta a complejidades insalvables que le impiden cumplir con el mandato constitucional de promover la explotación del espectro; paradójicamente, con la política recaudatoria establecida actualmente, el gobierno recauda menos.
Inclusive, estas circunstancias han provocado que operadores móviles hayan decidido devolver frecuencias previamente concesionadas, bloques desiertos en procesos licitatorios y la terminante decisión de no participar en futuros procesos de licitación por parte de los principales operadores de telecomunicaciones móviles.
Hoy, mientras la demanda de datos móviles aumenta de manera acelerada, la cantidad de espectro en explotación ha disminuido de manera señalada y se ha demorado la puesta a disposición del mercado de nuevas frecuencias. Este hecho pone en riesgo la suficiencia de capacidad de las redes ante el creciente tráfico y lo aleja de las recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés).
El problema que ocasionan las elevadas cuotas de derechos por el espectro, sobre todo por sus efectos perniciosos sobre la competencia en México, ha motivado también señalamientos de autoridades de nuestros principales socios comerciales. El pasado jueves 6 de julio, la Representante Comercial de los EUA, Katherine Thai, en el marco de una reunión bilateral con la secretaria de Economía de nuestro país, externó su preocupación por la metodología empleada para la determinación de los precios del espectro radioeléctrico en México.
De igual forma, el IDET hace un atento pero firme llamado al IFT, órgano regulador del sector telecomunicaciones y radiodifusión en nuestro país, para que atendiendo el mandato que le otorgó el Poder Reformador de la Constitución en el artículo 28 constitucional, insista a la SHCP sobre la necesidad de revisar las cuotas de derechos previstas para las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para evitar que se presente una nueva propuesta al Congreso que solo privilegie el aspecto fiscal.
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