Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 11 segundos
Desde Chiapas y visiblemente molesto, el presidente reiteró que enviará una iniciativa de reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara en definitiva su reforma electoral conocida como Plan B, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfocó su furia y ataques en contra del Poder Judicial.
De gira por Tuxtla Gutiérrez, insistió en que buscará que en las elecciones del 2024 su partido alcance la mayoría calificada, a fin de enviar una iniciativa de reforma constitucional para que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular.
De gira por Tuxtla Gutiérrez —donde se celebró la conferencia de prensa matutina— el presidente reiteró que buscará alcanzar una mayoría legislativa “que impulse la transformación, la purificación definitiva de el gobierno y que se elijan a los jueces; que el pueblo elija a jueces, a magistrados y a ministros como se se hizo en la época del presidente Juárez”.
Jueces, añadió, que en su opinión “actúen con integridad, con rectitud, que defiendan y protejan al pueblo, que no estén al servicio de la delincuencia de cuello blanco”.
López obrador reconoció —y así lo expresó en diversas ocasiones— que “ya sabía, hasta de antemano lo había dicho, de que iban a anular la ley electoral”.
Sin embargo enfocó sus críticas a otro ámbito pues, aseguró, los ministros de la SCJN —dos de las cuales son abiertamente sus aliadas como la polémica Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz— violan la Constitución.
“Estos ministros, y me gustaría que me contestaran, violan la Constitución; en particular, en especial, violan el Artículo 127 de la Constitución que establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que tiene como percepción, como sueldo, el presidente de la República”.
“Y yo ganó 140, 150,000 pesos mensuales y ellos ganan 600,000 al mes y manejan un fideicomiso para sus viáticos, para vivir colmados de atenciones, de privilegios. Un fideicomiso de 20,000 millones de pesos”, agregó.
“Entonces —concluyó— con qué autoridad moral cuestionan el procedimiento (mediante el cual fue aprobado el Plan B) del Poder Legislativo”.
