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En la lista figura México, donde el gobierno actual -apunta- ha mostrado una voluntad “considerable” de intervención en asuntos relacionados con el monopolio eléctrico estatal, la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
La agencia de riesgos crediticios Moody´s Investors Service dijo el martes que América Latina registra hoy un panorama de mayor injerencia gubernamental en el marco regulatorio de su Sector Eléctrico, particularmente en México, Argentina y Colombia, y bajo condiciones de una inflación persistente, que no acaba de ceder, altas tasas de interés, desempleo y un “lento crecimiento luego del bloqueo pandémico” ocurrido entre el 2020 y el 2021.
“Si bien los entornos regulatorios siguen siendo favorables en general para los productores de energía en América Latina y la regulación continúa evolucionando, los riesgos crediticios (por el contrario) están aumentando a medida que los gobiernos de la región atienden las preocupaciones de los electores sobre la asequibilidad de la energía” argumentaron Daniela Cuan, VP analista senior, y Cristiane Spercel, senior vice president manager en Moody´s.
Se trata de los tres segmentos del Sector Eléctrico que comprende la generación y la transmisión, así como la distribución regulada, cuyo grado de impacto cambia con relación a empresas y países
Los regímenes regulatorios de larga data y los ligeros cambios de política en Chile, Perú y, hasta ahora, en Brasil, destacan las analistas, tienen preparado a este grupo de países para seguir apoyando los tres segmentos del Sector Eléctrico. “Pero en Argentina, Colombia y México, la interferencia regulatoria en el sector eléctrico parece estar aumentando”, advierte.
Tomando en cuenta el entorno inflacionario, los gobiernos de la Región, en general, han aumentado el riesgo de interferencia política por medio de mecanismos de fijación de precios de la energía para tratar de moderar la presión sobre los contribuyentes.
México, Colombia y Argentina, como los países donde el riesgo de mayor injerencia gubernamental se ha acrecentado, tienen apartados especiales en el documento.
Diques para México
Cuan y Spercel resaltaron la interferencia del gobierno mexicano en el Sector, donde la CFE tiene el monopolio de la electricidad en los servicios de la transmisión y la distribución, además de controlar la mayor parte de la capacidad de energía.
“Si bien el estatus de monopolio de CFE ha existido durante muchos
décadas, el gobierno actual, que se extenderá hasta diciembre de 2024, ha mostrado una voluntad considerable de intervenir en los procesos regulatorios (y otros) asuntos, disuadiendo la inversión privada en el proceso”, destacan.
Otra realidad es que en México el acceso a nuevas energías renovables sigue siendo limitado “desviándose de su
objetivos sostenibles a largo plazo”. Durante 2022 el país sólo generó alrededor del 22% de su electricidad total a partir de fuentes renovables, muy por debajo de su compromiso de que el 35% de su generación estaría representado por energía renovable para 2024, lo que lo coloca por detrás de la mayoría de sus pares latinoamericanos, advierte Moody´s.
En México, la CFE es un emisor relacionado con el gobierno con poder de monopolio, por lo que es más probable que la intervención del gobierno perjudique a los operadores privados del mercado, donde hoy, de hecho, la paraestatal ha extendido su dominio en los procesos de generación y su dependencia con el gobierno federal, por la cual goza del mismo grado de inversión del Soberano, de “Baa2”, y una Perspectiva Estable, de acuerdo con la metodología de la agencia, una de las tres calificadoras de más influencia a nivel internacional.
Pese a este escenario, las analistas Cuan y Spercel destacan que “a pesar de las amenazas a la estabilidad institucional del marco regulatorio de México para los operadores privados”, el Sistema judicial mexicano ha sido sólido.
Desde la ampliación de la intervención estatal en los segmentos del Sector Eléctrico, los jueces mexicanos han estado revirtiendo algunos casos de la interferencia del gobierno; Moody´s menciona que operadores privados como México Generadora de Energia, FEL Energy, así como Cometa Energía y su holding Electricidad Firme de Mex Holding, “han seguido operando en condiciones normales”.
“Aun así, la interferencia del gobierno se traduce en que el regulador niega o retrasa nuevos permisos de generación para patrocinadores privados, disuadiendo la inversión privada y provocando un rezago en la inversión en generación renovable”.
