Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos
Según el organismo “atraer y facilitar la inversión privada debe ser prioridad de las autoridades” por lo que “es fundamental que el discurso oficial cambie a fin a crear un ambiente de certidumbre”.
A fin de mantener a la inversión privada como principal motor del crecimiento económico, el Estado debe abstenerse de realizar terminaciones o expropiaciones arbitrarias, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Y añadió que “atraer y facilitar la inversión privada debe ser prioridad de las autoridades” por lo que “es fundamental que el discurso oficial cambie a fin a crear un ambiente de certidumbre”.
En su análisis económico semanal, el CEESP recordó que “la principal fuente de riqueza, crecimiento y generación de empleos se concentra en la actividad del sector privado”.
“El 84.2% del Producto Interno Bruto del país en 2021 tuvo su origen en el sector privado, quien en 2022 llevó a cabo el 87% de la inversión total y así originó casi una tercera parte del crecimiento de ese año. De acuerdo con el Censo Económico más reciente (2019) el 83% del empleo se concentró en las empresas privadas, que representan el 94% del total en el país”, detalló.
Sin embargo, “para que el sector privado continúe como el principal generador de crecimiento es indispensable un ambiente de negocios en el que las empresas, nacionales y extranjeras, vean un ambiente claro para invertir”.
El CEESP incluso defendió el esquema de Asociaciones Público Privadas (APP) que el presidente López Obrador aseguró que busca eliminar, apenas el pasado 20 de abril.
“En el mediano y largo plazo —advirtió— las APP pueden jugar un papel relevante para el desarrollo y operación de infraestructura en sectores como transporte, energía y agua, pero también en materia educativa y hospitalaria”.
Incluso, “para detonar un mayor número de proyectos APP sería conveniente contar con una oficina especializada que promueva el desarrollo de estos proyectos, y capacitar adecuadamente a los funcionarios gubernamentales encargados de dicho desarrollo. Cabe advertir que una APP adecuada requiere de contratos complejos que visualicen múltiples posibilidades y contingencias”.
Por todo lo anterior, concluyó el CEESP, “las empresas privadas deben contar con la seguridad jurídica adecuada. Por ejemplo, para que el estado se abstenga de realizar terminaciones o expropiaciones arbitrarias no contempladas en los contratos”.
