Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 17 segundos
El titular de Gobernación reconoció que la iniciativa del presidente sufrió cambios para poner énfasis en el cuidado del agua, así como en la duración de los periodos de concesión que ahora podrán ser hasta por 80 años.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el punto más importante de la reforma la Ley Minera aprobada por la Cámara de Diputados es que se quita el carácter de “preferente” a la actividad extractiva y “se le pone un freno a la actividad minera”.
“Ahora —añadió— se le da preferencia al derecho humano al agua y atendimos y atendieron los legisladores, los diputados federales, las recomendaciones o los argumentos que presentaron las diversas partes”.
La iniciativa de reforma a la Ley Minera envida por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados levantó duras críticas por parte del sector privado, particularmente por la duración de las concesiones para la explotación de minerales.
Cuestionado al respecto, el secretario de Gobernación explicó que, en el dictamen aprobado por los diputados, se establecieron concesiones hasta por 30 años, con un periodo prorrogable de 25 años. Después, la empresa deberá participar en una subasta para un segundo periodo, también de 25 años.
Esta modificación se hizo porque los permisos de explotación van de la mano de permisos de uso de agua y no podía haber disparidad en la dirección de unos y otros.
Los permisos de explotación de agua, además, se harán luego de una consulta a las comunidades indígenas quienes incluso podrán decidir sobre el otorgamiento de las concesiones.
Añadió que la iniciativa original contemplaba otorgar permisos de explotación sustancia por sustancia, pero que, finalmente, se acordó hacerlo por minerales en general pues resulta imposible saber exactamente qué materiales se encuentran en el subsuelo sin trabajos previos de exploración.
López Hernández reconoció que, como había sido planteado por el presidente, la iniciativa, dio pie al surgimiento de “algunas inquietudes” por parte de inversionistas, de la Cámara Minera de México (Camimex) y de grupos sociales dedicados a la defensa del medio ambiente y del agua.
También confió en que el dictamen aprobado por los diputados será aprobado también por la Cámara de Senadores, antes de que termine el actual periodo de sesiones.
